El Gobierno indulta a Alfredo S¨¢enz

El Consejo de Ministros ha decidido hoy indultar al consejero delegado del Santander, Alfredo S¨¢enz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitaci¨®n para ejercer su oficio de banquero durante este tiempo por un delito de acusaci¨®n falsa y denuncia falsa. La decisi¨®n del Gobierno en funciones, tomado a petici¨®n del Ministerio de Justicia, permitir¨¢ a S¨¢enz continuar en su cargo al frente del primer grupo financiero espa?ol, puesto que no ha abandonado en ning¨²n momento.

"La concesi¨®n de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 a?os, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensi¨®n de ejercicio profesional por la multa m¨¢xima prevista en la legislaci¨®n aplicable al caso", asegura el Ministerio Justicia en una nota de prensa. Tambi¨¦n explica que se ha tomado esta decisi¨®n "una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley".

Justicia afirma que la decisi¨®n "conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensi¨®n de ejercicio profesional por la multa m¨¢xima prevista en la legislaci¨®n"

El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal y desfavorable por parte del Tribunal Supremo. Junto a S¨¢enz, el Gobierno tambi¨¦n ha indultado a los otros dos condenados en la causa, el antiguo director de Banesto en Catalu?a Miguel Angel Calama y el abogado Rafael Jim¨¦nez de Parga, condenados a la misma pena.

"El Banco Santander muestra su satisfacci¨®n tras conocer la decisi¨®n del Consejo de Ministros de conceder el indulto a Alfredo S¨¢enz", ha afirmado en una escueta nota, por su parte, la entidad presidida por Emilio Bot¨ªn, La entidad tambi¨¦n hab¨ªa recurrido la sentencia del Supremo y de la Audiencia Provincial contra su directivo ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB) ha considerado "un acierto" la decisi¨®n, ya que "es la persona que m¨¢s ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero espa?ol en los ¨²ltimos 25 a?os".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz el Gobierno, Jos¨¦ Blanco, ha reconocido que se ha tratado este asunto pero ha dicho que "no es habitual que se informe de los indultos". Blanco tambi¨¦n ha afirmado desconocer si el PP ten¨ªa conocimiento del asunto. "No conozco los extremos si en este caso concreto el PP ten¨ªa conocimiento de esta decisi¨®n, por lo tanto lamento no poder informarle", ha declarado a preguntas de los periodistas.

Desde el sector de la magistratura, las asociaciones de jueces han pedido al Gobierno que explique los motivos del indulto. Una de ellas, la Francisco de Vitoria, ha llegado a calificar la decisi¨®n de "intromisi¨®n" del Poder Ejecutivo.

La sentencia contra el directivo fue dictada por el Supremo el pasado mes de marzo. Con esta decisi¨®n, el Alto Tribunal rebaj¨® a la mitad la pena que contra S¨¢enz hab¨ªa dictado previamente la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009.

Antecedentes del caso

El origen de esta causa se remonta a 1994 cuando Banesto emprendi¨® una agresiva estrategia de recuperaci¨®n de cr¨¦ditos dudosos. En ese marco, el banco present¨® una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarr¨ªa, Luis y Jos¨¦ Ignacio Romero y Modesto Gonz¨¢lez Mestre, a quienes acusaba de haberse responsabilizado personalmente de cr¨¦ditos por valor de unos 3,6 millones de euros del grupo Harry Walker, del que ellos eran accionistas minoritarios. En realidad, ellos se hab¨ªan negado a esa responsabilidad personal, pero el juez Luis Pascual Estevill admiti¨® a tr¨¢mite la querella y decret¨® medidas de prisi¨®n preventiva contra los cuatro industriales, lo que m¨¢s tarde conllev¨® la condena del juez por prevaricaci¨®n y detenci¨®n ilegal por el Supremo en 1996.

Despu¨¦s de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael P¨¦rez Escolar -ya fallecido y consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que sufri¨® diversos avatares hasta que en mayo de 2006 el Tribunal Supremo orden¨® al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que continuara con su tramitaci¨®n.

En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendi¨® que S¨¢enz y los otros dos condenados "ten¨ªan conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, as¨ª como tampoco los de los escritos posteriores de ampliaci¨®n de querella" y que actuaron de esa manera como "medida de presi¨®n" contra los industriales.

La interposici¨®n de la querella por parte de Banesto "obedeci¨® al ¨²nico prop¨®sito de recuperar unos cr¨¦ditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas f¨ªsicas que nada deb¨ªan", criticaron los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona. En cualquier caso, absolvieron a S¨¢enz y a los otros dos acusados, Calama y Jim¨¦nez de Parga, que present¨® la querella falsa del banco contra tres empresarios, del presunto delito de estafa procesal del que le acusaba P¨¦rez Escolar.

Condena inicial

Sin embargo, s¨ª condenaron a S¨¢enz y a los otros dos ex directivos a 6 meses de prisi¨®n por los delitos de acusaci¨®n y denuncia falsa. Tambi¨¦n dict¨® una multa de 9.000 euros contra el ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander y a 6.000 euros a los otros dos condenados.

Santander recurri¨® entonces la condena al Supremo. Los magistrados de la Sala de lo Penal, que tardaron casi tres meses en redactar la sentencia, decidieron finalmente aplicar la pena m¨ªnima del C¨®digo Penal vigente al tiempo de los hechos, de tres meses de arresto. Y la multa correspondiente a ese delito qued¨® reducida a 400 euros tanto para ¨¦l como para los otros dos acusados.

Sin embargo, sustituy¨® la pena de inhabilitaci¨®n para el derecho de sufragio pasivo por la de suspensi¨®n de profesiones u oficios relacionados con el desempe?o de cargos de direcci¨®n, p¨²blicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras.

La sentencia del Supremo tuvo en cuenta como atenuante las "dilaciones indebidas" que ha sufrido el proceso y critican que la Audiencia "omiti¨® explicar las razones" por las que afirmaba que se trataba de un delito continuado.