Los dirigentes del ¡®proc¨¦s¡¯ intentaron convertir a Catalu?a ¡°en sujeto de derecho internacional¡± con dinero p¨²blico

El Tribunal de Cuentas expuso este martes formalmente las razones de su imputaci¨®n de responsabilidad contable a 39 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, mediante un acta de liquidaci¨®n provisional de 504 p¨¢ginas que reprocha a los antiguos mandatarios haber querido convertir a Catalu?a en ¡°sujeto de derecho internacional¡±, seg¨²n el acta de la delegada instructora, a la que ha tenido acceso EL PA?S. ...

El Tribunal de Cuentas expuso este martes formalmente las razones de su imputaci¨®n de responsabilidad contable a 39 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, mediante un acta de liquidaci¨®n provisional de 504 p¨¢ginas que reprocha a los antiguos mandatarios haber querido convertir a Catalu?a en ¡°sujeto de derecho internacional¡±, seg¨²n el acta de la delegada instructora, a la que ha tenido acceso EL PA?S. Entre los investigados figuran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a quienes se atribuye una especial responsabilidad en raz¨®n de los cargos que desempe?aron. La Generalitat, a su vez, dej¨® muy claro que no tiene reclamaci¨®n econ¨®mica alguna que efectuar con respecto a los gastos irregulares que se reprochan a los investigados, consider¨¢ndoles amparados en su gesti¨®n por los derechos de acceso al ejercicio de los cargos p¨²blicos, la libertad de expresi¨®n y la libertad ideol¨®gica.

El acta del Tribunal de Cuentas incluye tanto una s¨ªntesis de las investigaciones como un largo apartado de m¨¢s de 200 p¨¢ginas en las que se recogen las alegaciones de los implicados y la respuesta de la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa.

El tribunal considera que los investigados han incurrido en responsabilidad contable por haber destinado fondos p¨²blicos a una materia, la pol¨ªtica exterior, que es distinta de la promoci¨®n exterior, y para la que las comunidades aut¨®nomas carecen de atribuciones porque se trata de una competencia reservada al Estado por la Constituci¨®n. La r¨¦plica de las defensas es que el Tribunal de Cuentas ha abierto una suerte de causa general contra la voluntad de proyecci¨®n internacional de Catalu?a, a lo que ha dedicado hist¨®ricamente esfuerzos de todo tipo, tambi¨¦n presupuestarios, sin haberse salido del cauce legalmente marcado por la distribuci¨®n constitucional de competencias.

La sesi¨®n de este martes se desarroll¨®, como es preceptivo, a puerta cerrada. Las intervenciones se atuvieron a lo expuesto tanto en el acta de liquidaci¨®n provisional como en el conjunto de escritos de alegaciones de las defensas.

La instructora comunicar¨¢ este mi¨¦rcoles el acta de liquidaci¨®n definitiva y los afectados tendr¨¢n 15 d¨ªas de plazo para consignar en la cuenta del Tesoro P¨²blico la cantidad reclamada (5,4 millones en total). Pasado ese plazo, si no se ha cubierto esa cifra, se obtendr¨¢ una lista de bienes de los implicados y se embargar¨¢n hasta cubrir la cifra reclamada.

El informe del Tribunal de Cuentas reprocha a los ex altos cargos haber querido convertir a Catalu?a en ¡°sujeto de derecho internacional¡±.

¡°Ajenos al inter¨¦s general¡±

El Tribunal de Cuentas ¡°se limita a analizar si los gastos correspondientes a la actividad exterior de la Generalitat constituyen un presunto alcance contable en los fondos p¨²blicos, al haberse destinado a fines y objetivos ajenos al inter¨¦s general, sin entrar a valorar si se han realizado o no en el ejercicio de una libertad ideol¨®gica de la que, en efecto, cabe hacer uso sin utilizar para ello partidas presupuestarias que deber¨ªan haber sido destinadas a otros fines¡±.

Derecho a decidir. Frente a las alegaciones del delegado de la Generalitat ante la UE, que explic¨® que en uno de los actos cuyo importe se reclama solo se produjo un ¡°intercambio de impresiones¡± sobre el derecho a la autodeterminaci¨®n y el ¡°derecho a decidir¡±, el informe afirma que la doctrina constitucional y la legislaci¨®n vigente vinculan la acci¨®n exterior de las comunidades aut¨®nomas ¡°al marco constitucional y estatutario¡±. Por ello, no puede ¡°en ning¨²n caso ser entendida extramuros del sistema de distribuci¨®n competencial previsto en la Constituci¨®n, no pudiendo, en consecuencia, impregnar dicha acci¨®n exterior de contenidos relativos al proceso de autodeterminaci¨®n o al derecho a decidir de los catalanes¡±.

Acci¨®n exterior. A juicio de la delegada instructora, no cabe hablar de limitaciones al ejercicio l¨ªcito del derecho fundamental de acceso y ejercicio del cargo p¨²blico y de la libertad de expresi¨®n e ideol¨®gica, sino m¨¢s bien de ¡°extralimitaciones en el ejercicio de cargos p¨²blicos que defin¨ªan, programaban, aprobaban y ejecutaban objetivos muy apartados de los que cabr¨ªa considerar integrados en el l¨ªcito ejercicio de una acci¨®n exterior de cualquiera de las comunidades aut¨®nomas¡±. El informe a?ade a este respecto que ¡°es precisamente la financiaci¨®n con fondos p¨²blicos de dichas actividades lo que origina una conducta reprochable y en consecuencia, la atribuci¨®n de responsabilidades contables, sin que ello pueda ser valorado como una limitaci¨®n al ejercicio de derechos fundamentales en el desempe?o de un cargo p¨²blico, cuya libertad ideol¨®gica se hubiera ejercido con absoluta desvinculaci¨®n del uso de fondos p¨²blicos¡±.

Diversas alegaciones de los investigados esgrimen tambi¨¦n que en este procedimiento contable se est¨¢n produciendo vulneraciones de derechos fundamentales similares a las del proceso penal. Este martes lo subrayaron los letrados Gonzalo Boye y Francesc Homs, que figura entre los investigados en su anterior condici¨®n de consejero de Presidencia. Homs manifest¨® que el ¨®rgano fiscalizador ¡°se dedica a impartir justicia sin formar parte del poder judicial¡±.

Entre los derechos que las defensas consideran vulnerados subrayan el de acceso a los cargos p¨²blicos y la libertad de expresi¨®n. Entre otras razones, porque hay actos que la Generalitat celebr¨® en el extranjero en los que las declaraciones cuestionadas sobre el derecho a la autodeterminaci¨®n o los proyectos independentistas se produjeron al terminar la convocatoria, con lo que entienden que los gastos producidos no deber¨ªan computarse como debidos a la actividad prevista para la que se viaj¨®.

La delegada instructora razona que ¡°manifiestamente en contra de dicha alegaci¨®n resulta ser la programaci¨®n presupuestaria de la Generalitat de Catalu?a en materia de acci¨®n exterior y en concreto los principales programas presupuestarios implicados en la acci¨®n exterior durante el per¨ªodo fiscalizado¡±. Se cita as¨ª que las memorias presupuestarias de uno de estos programas reflejaba la financiaci¨®n de una de estas actividades como la de ¡°dar a conocer de primera mano el proceso democr¨¢tico que el pa¨ªs ha iniciado y legitimarlo a ojos de la comunidad internacional y de la Uni¨®n Europea¡±.

La memoria de otro programa, correspondiente a 2016 y 2017, recog¨ªa que ¡°la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaraci¨®n de la independencia de Catalu?a, a partir de la creaci¨®n de unas estructuras de Estado y del impulso de un proceso de desconexi¨®n nacional y popular con el Estado espa?ol. Para que este objetivo de pa¨ªs sea posible, es necesario reforzar la proyecci¨®n exterior de Catalu?a, lograr su reconocimiento y defender los intereses de Catalu?a ante otros gobiernos y organismos de todo el mundo¡±.

La Generalitat reiter¨® este martes que tiene competencias en materia de relaciones exteriores sin que el paso de frontera pueda limitar su libertad de expresi¨®n. El informe de la instructora responde que la investigaci¨®n no cuestiona ¡°tanto la acci¨®n exterior, sino la actuaci¨®n de los representantes institucionales que organizaron y acudieron de manera continuada, utilizando fondos p¨²blicos, a actos cuyo objeto consist¨ªa en defender o manifestar posiciones sobre un asunto al margen de sus funciones y competencias¡±.