El Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras y a Puigdemont

El Tribunal de Cuentas va a reclamar este martes 1.981.453 euros m¨¢s intereses al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia desde hace casi cuatro a?os, y la misma cifra al exvicepresidente, Oriol Junqueras, indultado por el Gobierno. Esas cantidades responden a supuestos gastos indebidamente realizados en la promoci¨®n exterior del proc¨¦s y la b¨²squeda de apoyos internacionales para el proyecto de independencia de Catalu?a.

Ambos dirigentes secesionistas forman parte de una lista que incluye a otros 37 ex altos cargos y funcionarios de la Administraci¨®n catalana, entre ellos el expresidente Artur Mas, a quien se le reclama una cantidad m¨¢s elevada, 2.803.115,8 euros m¨¢s intereses, seg¨²n el acta de liquidaci¨®n provisional, a la que EL PA?S ha tenido acceso.

En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5.417.899 euros que la Generalitat habr¨ªa empleado en difundir sus proyectos de ruptura con Espa?a durante el per¨ªodo comprendido entre 2011 y 2017. En los casos en que concurre la responsabilidad de varios excargos del Govern respecto a un mismo concepto de gasto indebido, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relaci¨®n con los da?os causados por ese concepto, seg¨²n el Tribunal. Esto es, que el reintegro del importe total se puede exigir a cualquiera de los causantes del da?o, el cual podr¨¢ reclamar a los otros la parte correspondiente.

El expresident Artur Mas es uno de los dirigentes independentistas que acumula una deuda mayor, ya que su presidencia, entre 2010 y 2016, engloba casi todo el per¨ªodo investigado, menos su recta final, en que la actividad de proyecci¨®n exterior fue especialmente intensa. La mayor cifra, sin embargo, corresponde al ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones, seguido por la que era interventora general de la Generalitat, Mireia Vidal, con 3,16 millones m¨¢s intereses.

Artur Mas ya fue condenado al reintegro de 4.988.620 euros, junto a otros altos cargos de su Govern, por la organizaci¨®n de la consulta del 9-N de 2014, por sentencia del Tribunal de Cuentas que se encuentra recurrida ante el Supremo.

Como entonces, la suma de 5,4 millones de euros que ahora se reclama a los dirigentes del proc¨¦s resulta de la supuesta responsabilidad contable contra¨ªda por distintas actuaciones administrativas que supusieron un desv¨ªo de fondos y a la que deben hacer frente de forma solidaria, aunque proporcionada al grado de participaci¨®n que tuvieron en los distintos hechos investigados. Estos factores explican, por ejemplo, que el exconsejero de Acci¨®n Exterior en la etapa de Puigdemont, Ra¨¹l Romeva, deba hacer frente a un pago muy similar al del expresident, en este caso de 2.108.818 euros, que si no se aseguran dar¨¢n paso, como en todos los dem¨¢s casos, al embargo de bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.

En relaci¨®n con el exconsejero de Econom¨ªa en la etapa de Mas, Andreu Mas-Colell, el acta se presta a cierta confusi¨®n. Su nombre completo aparece vinculado a gastos por valor de 963.615 euros. Pero en el mismo documento aparecen gastos atribuidos a Andreu Mas, a secas, por valor de 1.839.500 euros. Entre los implicados no figura ning¨²n Andreu Mas, por lo que en medios del propio tribunal se estima que lo m¨¢s probable es que esta ¨²ltima cifra deba sumarse a la anterior, por tratarse en ambos casos de la misma persona. El total reclamado alcanzar¨ªa en este supuesto la cantidad de 2.803.115 de euros m¨¢s intereses, igual a la atribuida al expresidente Artur Mas, con quien compartir¨ªa la responsabilidad contable de la mayor¨ªa de los gastos que se imputan a ambos, en muchos casos coincidentes. A¨²n mayor (2,95 millones m¨¢s intereses) es la cifra que se reclama a Francesc Homs, miembro del Gobierno de Mas como consejero de Presidencia.

Una vez realizada la liquidaci¨®n provisional se entrar¨¢ en una nueva fase del procedimiento, en la que la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado deber¨ªan formular la correspondiente demanda, siguiendo las pautas de un proceso civil. En el Tribunal de Cuentas se ha seguido con contrariedad la pol¨¦mica sobre si sus actuaciones representan o no una piedra en el camino para la reanudaci¨®n de un di¨¢logo fluido entre el Gobierno y la Generalitat, pero se detecta con facilidad que existe especial inter¨¦s en comprobar cu¨¢l ser¨¢ a partir de ahora la postura que adopten las mencionadas partes acusadoras.

Legitimaci¨®n del Estado

En tales medios se descarta, en todo caso, que pudieran volver sobre sus pasos, ya que tanto la Fiscal¨ªa como la Abogac¨ªa del Estado instaron en su d¨ªa las actuaciones del tribunal. Ahora bien, en el caso de la Abogac¨ªa del Estado est¨¢ en duda cu¨¢l pueda ser su papel a partir de ahora. La Generalitat va a discutir que tenga legitimaci¨®n activa para reclamar cantidad alguna, en la medida en que las sumas presuntamente desviadas corresponder¨ªan a los fondos de la administraci¨®n catalana, no a los fondos del Estado. La entidad Societat Civil Catalana, que inst¨® la fase previa, seguir¨¢ en el procedimiento, en parte porque se ha unido al relativo al refer¨¦ndum ilegal del 1-O, caso por el que el Tribunal de Cuentas reclama a los implicados otros 4,8 millones. Los mismos medios expresan cierta preocupaci¨®n ante la posibilidad de que determinadas decisiones que puedan tomarse a partir de ahora puedan malinterpretarse, tras la mencionada pol¨¦mica sobre la existencia de ¡°piedras en el camino¡±, expresi¨®n utilizada por el ministro Jos¨¦ Luis ?balos. Desde el primer momento, la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, inform¨® a las partes del proceso que sus conclusiones son provisionales y que una parte de los implicados inicialmente dejar¨¢n de serlo una vez celebrado el tr¨¢mite de alegaciones que este martes seguir¨¢ a la comunicaci¨®n del acta de liquidaci¨®n a los interesados o sus representantes legales.

El acta de liquidaci¨®n provisional concentra en 31 cap¨ªtulos las actividades desarrolladas por la Generalitat para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. Por los viajes realizados por los presidentes de la Generalitat, por ejemplo, se reclaman 274.069,68 euros m¨¢s intereses, y por las tareas de la delegaci¨®n de la Administraci¨®n catalana en el Reino Unido sobre el proyecto independentista, 293.069,68 euros. Respecto a otros gastos indebidos en las denominadas embajadas de Catalu?a, el expediente reclama las siguientes cantidades: la delegaci¨®n en Francia gast¨® 57.416 euros, y la de Polonia 29.456, por 148.538 la de Estados Unidos, 136.829 la de Austria, 67.727 la de la Uni¨®n Europea y 95.747 la de Italia, entre otras, cifras a las que en todos los casos hay que sumar los intereses.

En visitas internacionales y actividades de Diplocat, el organismo de promoci¨®n exterior, la cantidad gastada indebidamente fue de 1.536.191 euros. Diversos contratos de promoci¨®n exterior del proc¨¦s costaron m¨¢s de 1,4 millones de euros, entre ellos los adjudicados a la empresa Independt, que llegaron a sumar 1.392.300 euros.

La conclusi¨®n a la que llegaron los instructores del informe fue que ¡°la causa y el objeto verdadero de la contrataci¨®n fue financiar el desarrollo de un acto ilegal cual fue la consulta promovida por el Gobierno de la Generalitat catalana, y, en concreto, hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales¡± contratados en relaci¨®n con el refer¨¦ndum prohibido por el Constitucional, y cuya celebraci¨®n el 1 de octubre de 2017 dio lugar a la suspensi¨®n de la autonom¨ªa por aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Carta Magna.