La ministra de Justicia defiende la declaraci¨®n del estado de alarma tras la decisi¨®n del Constitucional: ¡°El confinamiento salv¨® 450.000 vidas¡±
Malestar en el Ejecutivo por la resoluci¨®n adoptada por un tribunal muy dividido
El Gobierno de Pedro S¨¢nchez se encuentra muy molesto por la sentencia del Tribunal Constitucional conocida este mi¨¦rcoles, que tumba la medida m¨¢s dura del estado de alarma decretado durante la pandemia y que considera que, para aplicar el confinamiento, habr¨ªa que haber declarado el estado de excepci¨®n. Seg¨²n fuentes de La Moncloa, el Ejecutivo respeta el fallo, pero muestra su sorpresa por ¡°su car¨¢cter in¨¦dito¡± y se ...
El Gobierno de Pedro S¨¢nchez se encuentra muy molesto por la sentencia del Tribunal Constitucional conocida este mi¨¦rcoles, que tumba la medida m¨¢s dura del estado de alarma decretado durante la pandemia y que considera que, para aplicar el confinamiento, habr¨ªa que haber declarado el estado de excepci¨®n. Seg¨²n fuentes de La Moncloa, el Ejecutivo respeta el fallo, pero muestra su sorpresa por ¡°su car¨¢cter in¨¦dito¡± y se reafirma en que el decreto que aprobaron ¡ªque queda anulado¡ª ¡°era absolutamente imprescindible para salvar vidas¡±. La ministra de Justicia, Pilar Llop, en una comparecencia la tarde de este mi¨¦rcoles, ha defendido que ¡°el confinamiento salv¨® 450.000 vidas¡±.
Llop ha mantenido que el Gobierno declar¨® el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, ¡°tan solo tres d¨ªas despu¨¦s¡± de que la Organizaci¨®n Mundial de la Salud declarase la pandemia ¡°ante la extrema emergencia para la salud p¨²blica y la rapidez de propagaci¨®n¡± de la enfermedad. ¡°El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas¡±, ha a?adido.
La ministra ha asegurado que el Gobierno ¡±respeta el criterio¡± del Constitucional, pero considera que su actuaci¨®n ¡°fue conforme a los par¨¢metros constitucionales, tal y como han respaldado cinco magistrados¡± del tribunal. ¡°El Gobierno quiere se?alar que va a analizar profundamente dicha resoluci¨®n¡±, ha afirmado Llop.
El Ejecutivo, como ha confirmado la ministra, tiene previsto estudiar a fondo la sentencia del Constitucional, aprobada por seis votos contra cinco, cuando se publique. Ese estrecho margen, insisten fuentes gubernamentales, evidencia el enorme ¡°debate interno que ha suscitado este fallo¡±. ¡°El Gobierno defiende que sin esta herramienta [el decreto del estado de alarma] no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance m¨¢s all¨¢ de 60 d¨ªas¡±, insisten las mismas fuentes, que defienden que sus medidas fueron ¡°conforme a la Constituci¨®n y a la ley org¨¢nica del estado de alarma¡±.
¡°Estamos ante una decisi¨®n sin precedentes¡±, critican en La Moncloa en referencia a la sentencia, ¡°puesto que todos los pa¨ªses de nuestro entorno han recurrido a f¨®rmulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia¡±. Fuentes del Gobierno recuerdan, adem¨¢s, que el Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por Vox: ¡°Una formaci¨®n que, por cierto, vot¨® a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso¡±.
Dirigentes socialistas consultados por EL PA?S aseguran que no se trata de una sentencia jur¨ªdica sino ¡°pol¨ªtica¡± y que el voto del Tribunal (seis a cinco) a favor de la ponencia de uno de sus magistrados, Antonio Trevijano, solo servir¨¢ para que la derecha pol¨ªtica acuse al Gobierno de haber gestionado la pandemia con una medida inconstitucional, pese a que est¨¢n convencidos de que el instrumento jur¨ªdico utilizado para tomar medidas fue el adecuado.
Estas mismas fuentes se?alan que los efectos pr¨¢cticos de la sentencia sobre los ciudadanos ser¨¢n m¨ªnimos, dado que lo ¨²nico que habr¨¢ que estudiar es cu¨¢ntas multas ya cobradas habr¨¢ que devolver como consecuencia de una sentencia que anula un solo art¨ªculo del decreto del estado de alarma.
La sentencia excluye la responsabilidad patrimonial del Estado por el cierre obligatorio de numerosos negocios, medida que considera constitucional amparada en el decreto de alarma, y tambi¨¦n avala el art¨ªculo que impon¨ªa el cierre de centros de educaci¨®n para establecer las clases virtuales.