Dos sentencias del Supremo avalan el estado de alarma y no el de excepci¨®n ante la pandemia

El Tribunal Supremo considera que el paraguas legal adecuado para las normas acordadas frente a la pandemia es la declaraci¨®n del estado de alarma, y no el de excepci¨®n. As¨ª lo expone en dos sentencias que contradicen abiertamente los argumentos empleados por el magistrado Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano en el borrador de fallo que el Constitucional debatir¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 22, en el que se estima que durante el per¨ªodo de confinamiento no se produjo una limitaci¨®n de derechos fundamentales, sino una suspensi¨®n, para lo cual habr¨ªa sido preciso decretar el estado de excepci¨®n.

Las sentencias del Supremo, en cambio, rechazan los recursos de dos ciudadanos particulares que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales y los de sus hijos menores por distintas disposiciones dictadas por el Gobierno al amparo del decreto por el que se acord¨® el primer estado de alarma. En ambos casos, los magistrados defienden la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas, y subrayan la plena legalidad de la declaraci¨®n del estado de alarma, como el instrumento id¨®neo frente a la emergencia sanitaria.

Los fallos del Supremo que resuelven los recursos de dichos ciudadanos rechazan la tesis de la idoneidad del estado de excepci¨®n como requisito previo para la adopci¨®n de las medidas restrictivas que los demandantes impugnan. En esencia, tales medidas ¡ªrecogidas en distintas ¨®rdenes ministeriales¡ª se refieren al confinamiento y sus consecuencias, al privar del derecho a la libre circulaci¨®n y de reuni¨®n. El Supremo justifica la limitaci¨®n de tales derechos por la protecci¨®n de la salud p¨²blica, y para ello cita al propio Constitucional cuando el 30 de abril del a?o pasado aval¨® la prohibici¨®n de una manifestaci¨®n sindical para evitar riesgos de contagio.

A rengl¨®n seguido, el fallo de la Sala de lo Contencioso expone que las alegaciones de los recurrentes a favor del estado de excepci¨®n ¡°no vienen al caso en relaci¨®n con la orden, dado su alcance¡±. Y concluyen: ¡°Cabe se?alar que el estado de excepci¨®n no est¨¢ previsto para supuestos como el que nos afecta sino para aquellos en que se vea alterado muy gravemente el orden p¨²blico por las causas indicadas por el art¨ªculo 13.1 de la Ley Org¨¢nica 4/1981 de los estados de alarma, excepci¨®n y sitio. En cambio, su art¨ªculo 4 b) prev¨¦, entre las que justifican la declaraci¨®n del estado de alarma, las ¡°crisis sanitarias tales como epidemias¡±.

Orden p¨²blico alterado

El art¨ªculo 13.1 de la Ley de los estados de alarma, excepci¨®n y sitio establece que el Gobierno podr¨¢ solicitar del Congreso autorizaci¨®n para declarar el estado de excepci¨®n ¡°cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democr¨¢ticas, el de los servicios p¨²blicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden p¨²blico, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo¡±. Este p¨¢rrafo revela, en suma, que las sentencias del Supremo avalan los criterios del amplio sector de la comunidad jur¨ªdica que se ha pronunciado a favor de la idoneidad de la declaraci¨®n del estado de alarma frente a la pandemia.

El Supremo no solo rechaz¨® anular las distintas ¨®rdenes ministeriales impugnadas, sino que impuso costas a los demandantes, en ambos casos por la ¡°cifra m¨¢xima¡± de 4.000 euros.

La secci¨®n de lo Contencioso que ha resuelto estos asuntos est¨¢ compuesta por seis magistrados, a cuatro de los cuales se les adscribe al sector conservador de la magistratura, como ocurre con el redactor del borrador de sentencia del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano. Dichos magistrados son Rafael Toledano, Jos¨¦ Luis Requero, Luis Mar¨ªa D¨ªez-Picazo y Celsa Pico. Los otros dos miembros de la secci¨®n son su presidente, Pablo Lucas ¡ªredactor de los dos fallos del Supremo¡ª, y Pilar Teso, del sector progresista. En esas fechas, el proyecto de fallo del Constitucional que hab¨ªa quedado sobre la mesa tras la renuncia del primer encargado de redactar la sentencia, Fernando Vald¨¦s, avalaba el decreto del estado de alarma. No obstante, se estaba elaborando ya la nueva propuesta de resoluci¨®n tras el cambio de ponente.