El Gobierno evita pronunciarse sobre la validez de los avales de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas
El Ejecutivo se inhibe frente a la reclamaci¨®n de los 5,4 millones de euros a exaltos cargos de la administraci¨®n catalana por los gastos para promover el proc¨¦s en el extranjero
La Abogac¨ªa del Estado ¡ª¨®rgano dependiente del Ministerio de Justicia¡ª no va a pronunciarse sobre la validez de los avales con los cuales la Generalitat quiere hacer frente a la presunta responsabilidad...
La Abogac¨ªa del Estado ¡ª¨®rgano dependiente del Ministerio de Justicia¡ª no va a pronunciarse sobre la validez de los avales con los cuales la Generalitat quiere hacer frente a la presunta responsabilidad contable de 34 de sus exaltos cargos y funcionarios, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por la promoci¨®n del proyecto independentista en el extranjero. La Abogac¨ªa ha enviado un escrito al Tribunal de Cuentas en el que explica que no va a contestar a la consulta que le formul¨® esta instituci¨®n el pasado mes de julio porque considera que ¡°no resulta procedente¡±, ya que es parte acusadora en el procedimiento que se instruye. El expediente en cuesti¨®n ha supuesto la reclamaci¨®n de 5,4 millones de euros a dichos exresponsables de la administraci¨®n catalana presuntamente vinculados con dichos gastos irregulares.
La posici¨®n de la Abogac¨ªa supone que la decisi¨®n sobre la validez de los avales queda enteramente en manos de la delegada instructora del expediente, Esperanza Garc¨ªa, quien tendr¨¢ que prescindir del criterio de esta parte acusadora. Por tanto, este hecho implica que no ha tenido ¨¦xito el intento del Tribunal de Cuentas de que el Gobierno ¡ªa quien en definitiva asesora la Abogac¨ªa del Estado en defensa del inter¨¦s p¨²blico, en especial en materia hacend¨ªstica y financiera¡ª se pronunciara sobre la admisibilidad o no de los avales que pretende utilizar la Generalitat para que sus ex altos cargos y funcionarios no tengan que depositar conjunta y solidariamente los citados 5,4 millones de euros o, subsidiariamente, vean embargados sus bienes si no realizan dicho desembolso.
La respuesta dirigida al Tribunal de Cuentas ¨Ca la que ha tenido acceso EL PA?S- la firma la propia abogada general del Estado, Consuelo Castro, como ocurre con los dict¨¢menes que este organismo considera de la mayor importancia. En su escrito, la abogada general afirma que el tribunal debe dar relevancia al hecho de que el decreto-ley de la Generalitat que estableci¨® los avales no ha sido recurrido ante el Constitucional. No saca ninguna conclusi¨®n directa de ello, pero la sugiere, cuando afirma que en la decisi¨®n que el Tribunal de Cuentas adopte sobre la validez de esta v¨ªa de pago, ¡°habr¨¢ de estarse necesariamente¡± a las ¡°previsiones¡± de dicha norma, puesto que tiene ¡°rango de ley¡± y no ha sido ¡°suspendida su eficacia¡±, porque el Gobierno no lo ha pedido.
El representante de la Abogac¨ªa en el Tribunal de Cuentas, Rafael Garc¨ªa Monteys, ya manifest¨® en julio ¨²ltimo sus dudas sobre la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de los avales. As¨ª, al recibir un escrito del magistrado Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, presidente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento, en el que se le efectuaba una consulta sobre esta cuesti¨®n, se dirigi¨® a sus superiores de la propia Abogac¨ªa para que le indicaran qu¨¦ deb¨ªa hacer. Garc¨ªa Monteys sostuvo entonces que la petici¨®n que le hab¨ªa llegado quiz¨¢ no tuviera que contestarse al existir un ¡°conflicto de intereses¡±, ya que la Abogac¨ªa del Estado es parte acusadora en este expediente, situaci¨®n en la que podr¨ªa resultar inconveniente pronunciarse al hilo de una simple consulta, y no como parte del procedimiento.
Casi dos meses despu¨¦s, la Subdirecci¨®n General de los Servicios Consultivos del Ministerio de Justicia ¨Dencargada de de velar por la unidad de acci¨®n de los abogados del Estado¨D ha respondido a Garc¨ªa Monteys que ponga en conocimiento del Tribunal de Cuentas que, en efecto, no debe haber respuesta a su consulta. En concreto, dicha Subdirecci¨®n General, sostiene que ¡°no resulta procedente la emisi¨®n, por la Abogac¨ªa del Estado ante el Tribunal de Cuentas, del informe solicitado por el Presidente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento de dicho Tribunal¡±.