Tensa batalla judicial por los avales del ¡®proc¨¦s¡¯
Los ex altos cargos sancionados piden que la Abogac¨ªa del Estado no se pronuncie sobre la forma de pago
Los avales con que la Generalitat de Catalu?a pretende hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se exige a 34 de sus ex altos cargos y funcionarios ha desatado una intensa batalla jur¨ªdica en el Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador que reclama el dinero supuestamente malversado.
La controversia radica en saber si una Administraci¨®n puede avalar con dinero p¨²blico la multa a un ex alto cargo acusado de uso indebido de dinero p¨²blico de esa misma Administraci¨®n.
Los encausados por los gastos de promoci¨®n del proyecto independentista en el extranjero han lanzado una bater¨ªa de iniciativas para lograr que el tribunal retire su petici¨®n de un informe a la Abogac¨ªa del Estado sobre la viabilidad de los avales. En caso de que el Tribunal de Cuentas rechace esta petici¨®n, los exdirigentes piden que se les permita al menos efectuar alegaciones para defender dicha f¨®rmula de pago.
La batalla se desarrolla a tres bandas. Por una parte, la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa y su superior, el presidente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, quienes antes de resolver sobre la legalidad de los avales pidieron el pasado 27 de julio a la Abogac¨ªa del Estado que se pronuncie sobre su viabilidad. Por otra, las defensas de los encausados ¡ªencabezados en esta iniciativa por Oriol Junqueras y Ra¨¹l Romeva, entre otros¡ª, quienes han presentado varios recursos para que el Tribunal de Cuentas vuelva sobre sus pasos y admita que la consulta efectuada a la Abogac¨ªa del Estado fue un paso en falso sin apoyo legal alguno. Y en tercer lugar, el propio abogado del Estado ante el tribunal, quien a su vez espera desde hace mes y medio que sus superiores le den instrucciones sobre si debe responder o no a la solicitud del tribunal.
Los primeros escritos de recurso se presentaron los pasados 3 y 5 de agosto. En sustancia, las impugnaciones consideraban ¡°improcedente¡± la petici¨®n de informe a la Abogac¨ªa y ped¨ªan que se revocara la solicitud. Subsidiariamente, interesaba que se les permitiera efectuar alegaciones sobre la procedencia de dicha consulta y ¡°los t¨¦rminos en que deber¨ªa peticionarse¡±. Si se rechazaban estas pretensiones, ped¨ªan de nuevo de forma subsidiaria que antes de que la delegada instructora decidiese sobre los avales, se les d¨¦ traslado ¡°del informe y plazo para realizar alegaciones al mismo¡±, por considerar que el criterio de la Abogac¨ªa puede ser decisivo en el curso de este procedimiento.
El segundo escrito formulaba ya directamente las alegaciones pretendidas, y sosten¨ªa que cuando la delegada instructora tomara una decisi¨®n sobre los avales deb¨ªa ¡°limitarse¡± a resolver si esta f¨®rmula de pago ¡°se ha prestado conforme a un instrumento legalmente previsto¡± y si ¡°el mismo cubre las cantidades que se derivan de la liquidaci¨®n provisional¡±.
5,4 millones
El recurso expone que se dan ambas circunstancias, puesto que los avales nacen de una norma que la Generalitat estima legal ¡ªel decreto 15/21, de 6 de julio, de creaci¨®n del Fondo Complementario de Riesgos¡ª, y la cantidad que se abonar¨ªa ser¨ªa la que el tribunal reclama como presunta responsabilidad contable, los citados 5,4 millones. El escrito subraya que dicho decreto tuvo el respaldo del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias.
A estas pretensiones de las defensas contest¨® negativamente la delegada instructora el pasado 1 de septiembre, en las que justificaba su petici¨®n a la Abogac¨ªa del Estado, por medio del presidente de la Secci¨®n de Enjuiciamiento, que es quien tiene la posibilidad legal de solicitar ese tipo de informes. Esperanza Garc¨ªa justificaba su solicitud a la vista de ¡°las peculiaridades observadas en los avales presentados¡±.
Una vez expuesta esta raz¨®n, a?ad¨ªa que estaba actuando en el marco de unas ¡°actuaciones previas¡± que ¡°no constituyen un procedimiento contradictorio, por lo que no ha lugar a las alegaciones formuladas por las partes con car¨¢cter previo a la decisi¨®n de la delegada instructora sobre la petici¨®n del referido informe o sobre la admisi¨®n de los avales¡±.
Tras esta respuesta, el equipo jur¨ªdico de los investigados ha presentado un recurso ante la instancia superior, la Secci¨®n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, donde se denuncia una supuesta vulneraci¨®n de derechos fundamentales con el resultado de causar indefensi¨®n. Lo que se pide es que los tres magistrados de dicha Secci¨®n anulen las decisiones de la instructora ¡°sustituy¨¦ndola por otra en la que se acuerde otorgar tr¨¢mite de audiencia y alegaciones a esta parte¡±.
El recurso subraya que este tr¨¢mite deber¨ªa tener lugar con car¨¢cter ¡°previo a la adopci¨®n de la resoluci¨®n de la delegada instructora relativa a la admisi¨®n de los avales¡±. Tambi¨¦n destaca: la negativa recibida hasta ahora ¡°cercena de forma definitiva la posibilidad de mis representados de hacer valer sus alegaciones ante un acto que determinar¨¢ de forma definitiva una grave afectaci¨®n en sus bienes y haberes¡±.
Los jueces acusan a los partidos de utilizarlos en el debate del Poder Judicial
Los jueces han pedido a los partidos pol¨ªticos que no los instrumentalicen en el debate sobre la renovaci¨®n judicial. Las cuatro asociaciones profesionales han denunciado en un comunicado que hay ¡°responsables pol¨ªticos¡± que est¨¢n utilizando dicho debate ¡°con fines exclusivamente partidistas¡±. ¡°Los jueces espa?oles nos mantenemos ajenos a las disputas pol¨ªticas¡±, precisaron.
Las asociaciones de jueces tratan de impedir que se las identifique con las estrategias de los partidos con un comunicado que firman las cuatro existentes y en el que, a pesar de reconocer la existencia de ¡°discrepancias¡± subrayan lo que las une. Este nuevo mensaje busca matizar iniciativas anteriores, como la que en v¨ªsperas de la apertura del a?o judicial llev¨® a tres de ellas ¡ªla Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la Asociaci¨®n de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)¡ª a anunciar la petici¨®n de un encuentro con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para exponerle su reivindicaci¨®n de un cambio en el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que sean los propios jueces los que elijan directamente a sus representantes en esta instituci¨®n. Ahora ya lo hacen, mediante la elaboraci¨®n de una lista de candidatos sobre la que el Congreso elige 12 nombres.
Aquel comunicado conjunto, hecho p¨²blico tras unas declaraciones del l¨ªder del PP, Pablo Casado en el mismo sentido, no ha sido suscrito por Jueces y Juezas para la Democracia, asociaci¨®n que ya ten¨ªa concertada para el pr¨®ximo d¨ªa 20 una entrevista con el comisario europeo de Justicia. Esta asociaci¨®n viene haciendo m¨¢s ¨¦nfasis en la necesidad de renovar sin m¨¢s retrasos el ¨®rgano de gobierno de los jueces que en la reivindicaci¨®n de cambios en su sistema de elecci¨®n.
El comunicado trata de impedir que se consolide la idea de que existen posiciones irreconciliables entre las asociaciones. ¡°Todas las asociaciones judiciales estamos de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elecci¨®n de los vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces seg¨²n un sistema democr¨¢tico que asegure la representaci¨®n de todas las categor¨ªas y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial¡±, afirman.
Esta reivindicaci¨®n ya figuraba en el comunicado que tres de las cuatro asociaciones judiciales hicieron p¨²blico el 1 de septiembre, donde no se dec¨ªa nada de la necesidad de renovar el Consejo, tras casi tres a?os con el mandato caducado. Ahora, en cambio, todas las organizaciones profesionales afirman estar de acuerdo en que ¡°el estado de interinidad en que se encuentra actualmente el CGPJ, desde hace ya tres a?os, constituye una grave anomal¨ªa que debe ser corregida¡±.
El comunicado no menciona a ning¨²n pol¨ªtico, pero responde a manifestaciones de dirigentes que buscan identificar la postura de las asociaciones con sus postulados. El portavoz de Justicia del PP, Enrique L¨®pez, destac¨® ayer en La Raz¨®n, por ejemplo, que su partido ¡°tiene el apoyo de la mayor¨ªa de la carrera judicial¡±.
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