El Supremo pide a Ione Belarra ¡°prudencia¡± y le reprocha sus cr¨ªticas ¡°injustificadas y ofensivas¡± al tribunal

El Tribunal Supremo descarta que la ministra de derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cometiera un delito de calumnias contra el alto tribunal cuando en octubre pasado acus¨® a la Sala de lo Penal de ¡°prevaricar¡± despu¨¦s de que esta condenara al entonces diputado Alberto Rodr¨ªguez por dar una patada a un polic¨ªa durante una manifestaci¨®n. Los magi...

El Tribunal Supremo descarta que la ministra de derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cometiera un delito de calumnias contra el alto tribunal cuando en octubre pasado acus¨® a la Sala de lo Penal de ¡°prevaricar¡± despu¨¦s de que esta condenara al entonces diputado Alberto Rodr¨ªguez por dar una patada a un polic¨ªa durante una manifestaci¨®n. Los magistrados consideran que el mensaje de Belarra est¨¢ amparado por su libertad de expresi¨®n, aunque en el auto en el que explican su decisi¨®n califican las palabras de la ministra de ¡°injustificadas y ofensivas¡± y hacen un llamamiento a la ¡°prudencia¡± a los miembros del Gobierno y del resto de instituciones para no incurrir en ¡°excesos verbales¡±.

La secretaria general de Podemos escribi¨® su tuit minutos despu¨¦s de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retirara el esca?o a Rodr¨ªguez en cumplimiento de la sentencia que le inhabilitaba. Belarra reparti¨® culpas entre el Supremo y Batet: ¡°Alberto Rodr¨ªguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que ¨¦l no estuvo all¨ª [en los incidentes durante una manifestaci¨®n en La Laguna (Tenerife) en 2014]. El objetivo era quitarle el esca?o. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retir¨¢rselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricaci¨®n¡±, escribi¨® en su cuenta de Twitter.

El mensaje recibi¨® un reproche casi inmediato del Consejo General del Poder Judicial, cuya comisi¨®n permanente se reuni¨® de forma extraordinaria y, con los votos a favor de cinco vocales conservadores y en contra de tres progresistas, difundi¨® una nota de ¡°absoluto y rotundo rechazo¡± a las palabras de la ministra.

¡°M¨¢s all¨¢ de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del m¨¢s alto tribunal de la naci¨®n, llegan a atribuir la comisi¨®n de un delito a sus magistrados, afirmaci¨®n que excede absolutamente los l¨ªmites del derecho a la libertad de expresi¨®n, m¨¢xime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo¡±, denunci¨® el ¨®rgano de gobierno de los jueces.

El asunto pudo quedarse ah¨ª, pero la Fundaci¨®n Foro Libertad Alternativa, una entidad de sesgo derechista, present¨® en el Supremo una querella contra la diputada por un delito de calumnias. La Sala de lo Penal no la ha admitido a tr¨¢mite porque la ministra se limit¨® ¡°a exponer su pensamiento o una opini¨®n sobre asuntos de inter¨¦s general¡± en un contexto ¡°que, por su objeto y el sujeto al que van referidas, es eminentemente pol¨ªtico¡±.

Tras repasar su propia doctrina, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Supremo concluye que el mensaje no constituye delito, aunque recalca ¡°la carga de descalificaci¨®n que encierra, en cuanto que est¨¢ atribuyendo un delito (se suele decir el m¨¢s grave delito que cabe atribuir a un juez en el ejercicio de su funci¨®n) a unos magistrados que forman parte del m¨¢s alto tribunal de la naci¨®n¡±.

En un auto del que ha sido ponente ?ngel Hurtado, la sala explica que su argumentaci¨®n no niega ¡°el derecho a la cr¨ªtica¡±, aunque lanza un velado reproche a Belarra que extiende a otros miembros del Gobierno que en los ¨²ltimos a?os han cuestionado en p¨²blico la independencia y el trabajo de los tribunales.

¡°No estar¨ªa de m¨¢s hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones, m¨¢s cuando quien las formula forma parte una instituci¨®n, como es el Gobierno de la Naci¨®n, porque no es la mejor muestra de responsabilidad institucional, en la medida que alcanzan a otra instituci¨®n, como es el Poder Judicial, con lo que de afectaci¨®n a su independencia puede conllevar (¡­)¡±, se?alan.

El tribunal apunta que aunque la v¨ªa penal no sea la adecuada para ¡°hacer frente a ataques tan ofensivos¡± como el de Belarra, quedan otras opciones para garantizar la protecci¨®n de los afectados por estos mensajes, entre ellas, la del Consejo General del Poder Judicial, ¡°que ha de velar por la independencia de jueces y magistrados respecto a aquellas intromisiones que, aun sin ser delictivas, supongan una perturbaci¨®n para el ejercicio de sus funciones¡±.

El tribunal recuerda que en este caso el CGPJ reacciono de forma ¡°contundente¡± y concluye que el hecho de que palabras como las pronunciadas por la ministra no sean perseguibles penalmente, no debe entenderse como que ¡°en todos los casos, similares expresiones, emitidas en otro contexto, puedan dejar de tener relevancia penal¡±.