El Supremo sienta en el banquillo a la exconsejera Meritxell Serret por el ¡®proc¨¦s¡¯, pero solo por desobediencia

El Tribunal Supremo envi¨® este martes a juicio por su papel en el proc¨¦s independentista de 2017 en Catalu?a a la entonces consejera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, un a?o despu¨¦s de que esta decidiera volver a Espa?a y ponerse a disposici¨®n judicial despu¨¦s de pasar tres a?os y medio fugada en Bruselas. Serret ser¨¢ juzgada solo por el delito de desobediencia (que no implica penas de prisi¨®n sino multa e...

El Tribunal Supremo envi¨® este martes a juicio por su papel en el proc¨¦s independentista de 2017 en Catalu?a a la entonces consejera de Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, un a?o despu¨¦s de que esta decidiera volver a Espa?a y ponerse a disposici¨®n judicial despu¨¦s de pasar tres a?os y medio fugada en Bruselas. Serret ser¨¢ juzgada solo por el delito de desobediencia (que no implica penas de prisi¨®n sino multa e inhabilitaci¨®n): ninguna de las partes ¡ªni Fiscal¨ªa ni Abogac¨ªa del Estado ni Vox¡ª ha pedido confirmar la acusaci¨®n inicial de malversaci¨®n de fondos, vista la interpretaci¨®n restrictiva que de ese delito hizo en este caso el propio Supremo en el juicio del proc¨¦s en 2019.

El juicio a Serret tendr¨¢ lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), instancia a la que el Supremo ha remitido la causa por estar la exconsejera aforada actualmente como diputada de ERC en el Parlament.

Serret se puso a disposici¨®n del juez instructor del caso, Pablo Llarena, en marzo de 2021. Se trata de la ¨²nica procesada por el refer¨¦ndum ilegal del 1-O que decidi¨® volver a Espa?a desde Bruselas ¡ªadonde hab¨ªa huido en 2017 con Carles Puigddemont¡ª una vez celebrado el juicio en el Supremo. En esa vista, los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull fueron condenados por el delito de sedici¨®n, pero resultaron absueltos del de malversaci¨®n, al no quedar demostrado que en sus departamentos ¡ªInterior y Territorio, respectivamente¡ª se hubiera hecho uso de fondos p¨²blicos para fines relacionados con el proc¨¦s. Era previsible que otro tanto ocurrir¨ªa con la titular de Agricultura.

Este criterio del Supremo, por tanto, situaba a Serret ante la perspectiva de poder evitar todo riesgo de entrar en prisi¨®n si volv¨ªa a Espa?a. A diferencia de la malversaci¨®n, el delito de desobediencia no entra?a pena de c¨¢rcel. Y en efecto, tras la declaraci¨®n de Serret ante el Supremo en 2021, defendida por el letrado ??igo Iru¨ªn, el juez Llarena dict¨® un auto en el que afirm¨®: ¡°El estado actual de la investigaci¨®n no refleja hasta ahora gastos concretos efectivamente soportados desde el departamento del cual fue consejera¡±. Consecuentemente, el magistrado acord¨® que la compareciente quedara en libertad.

En esta situaci¨®n ha permanecido Serret a la espera de que la Sala Penal decidiera sobre su enjuiciamiento. La resoluci¨®n lleg¨® este martes, en forma de dos autos. En el primero se da por concluido el sumario del 1-O en relaci¨®n con la exconsejera, y en el segundo se remite el caso al Tribunal Superior de Catalu?a para que la juzgue s¨®lo por desobediencia (art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal), una vez constatado que ninguna de las acusaciones le imputa ya la malversaci¨®n, en l¨ªnea con lo que hab¨ªa apreciado Llarena. En aplicaci¨®n del principio acusatorio ¡ªnadie puede ser juzgado de lo que no es acusado¡ª, el Supremo circunscribe la continuaci¨®n del proceso al tipo penal m¨¢s leve, el ¨²nico que ha quedado en pie.

Las penas que le pueden corresponder por el delito de desobediencia son las de las de multa de tres a doce meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de seis meses a dos a?os. En cuanto a la conducta que sancionan, el C¨®digo Penal se refiere a ¡°las autoridades o funcionarios p¨²blicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u ¨®rdenes de la autoridad superior¡±. En este caso, tales ¨®rdenes ser¨ªan las que reiteradamente dict¨® ¡ªen vano¡ª el Tribunal Constitucional para que el proc¨¦s no desembocara en el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y la declaraci¨®n, finalmente fallida, de independencia.