Justicia reclama un mill¨®n de euros a los colegios de abogados por el pago de la defensa de acusados de G¨¹rtel que no ten¨ªan derecho a ello

El Ministerio de Justicia reclama al Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) m¨¢s de un mill¨®n de euros por dinero abonado durante el gobierno de Mariano Rajoy a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama G¨¹rtel que no ten¨ªan reconocido el derecho a la asistencia jur¨ªdica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupci¨®n. Fuentes del Gobierno se?alan que el secretario general para la Innovaci¨®n y Calid...

El Ministerio de Justicia reclama al Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) m¨¢s de un mill¨®n de euros por dinero abonado durante el gobierno de Mariano Rajoy a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama G¨¹rtel que no ten¨ªan reconocido el derecho a la asistencia jur¨ªdica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupci¨®n. Fuentes del Gobierno se?alan que el secretario general para la Innovaci¨®n y Calidad del Servicio P¨²blico de Justicia, Manuel Olmedo, firm¨® este jueves una resoluci¨®n que pone fin al expediente abierto hace casi cuatro a?os por Justicia despu¨¦s de que se detectaran irregularidades en los pagos a los abogados de varios imputados en la red corrupta de la que, seg¨²n ha sentenciado este viernes por tercera vez la Audiencia Nacional, se benefici¨® el PP.

El origen del conflicto entre Justicia y los colegios de abogados a cuenta de la trama G¨¹rtel se remonta a junio de 2016, cuando el entonces ministro Rafael Catal¨¢ (PP)firm¨® un convenio con el CGAE y el ICAM para aumentar la retribuci¨®n de los abogados de oficio que ejerc¨ªan la defensa en el caso G¨¹rtel, dada la dedicaci¨®n que exig¨ªa este macrosumario. El acuerdo implicaba multiplicar hasta por cuatro la aportaci¨®n econ¨®mica estipulada para estos letrados, pero impon¨ªa tres l¨ªmites: el importe m¨¢ximo del convenio ascend¨ªa a 570.000 euros; se pod¨ªan beneficiar como m¨¢ximo 19 letrados; y la cantidad tope a pagar a cada uno no podr¨ªa superar los 30.000.

Pero una vez terminada la vista del juicio central de G¨¹rtel ¡ªla llamada ?poca 1¡ª y hechos los pagos, Justicia, ya durante la etapa de Dolores Delgado como ministra, detect¨® que algunos abogados hab¨ªan sobrepasado el m¨¢ximo de 30.000 euros fijados; adem¨¢s, seg¨²n las certificaciones de pagos, se coste¨® la defensa de procesados que no la ten¨ªan concedida, como el propio Correa, cuyos tres letrados de oficio recibieron 67.506 euros. Tambi¨¦n se corri¨® con los gastos de los letrados del exalcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, condenado en aquel juicio a 38 a?os de prisi¨®n y cuya defensa recibi¨® del departamento que entonces dirig¨ªa Catal¨¢ 38.348 euros; y la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo, para la que se abonaron 56.987 euros. Estos pagos se consumaron pese a que la Comisi¨®n Central de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita hab¨ªa acordado en mayo de 2015 denegarles la prestaci¨®n.

Amparados en el mismo convenido se sufragaron los gastos de la defensa de 11 empresas de los acusados, entre ellas algunas de las principales de la trama, como las de Correa: Pasadena Viajes (56.987 euros), Good and Better (76.311 euros) o Special Events (56.987 euros). Tambi¨¦n la de la sociedad limitada Cresva, del n¨²mero dos de G¨¹rtel y exsecretario de organizaci¨®n del PP gallego, Pablo Crespo.

La investigaci¨®n abierta por el ministerio tras detectar las irregularidades cifr¨® en 365.812,50 euros el dinero pagado de m¨¢s a abogados de acusados y en 529.509 la cantidad abonada irregularmente por la defensa de empresas implicadas en la trama, por lo que se inici¨® un expediente de reintegro que ha concluido ahora. La reclamaci¨®n del departamento que dirige Pilar Llop, seg¨²n confirman fuentes del Gobierno, asciende a 1.025.321,5 euros, tras sumar, a las cantidades que el ministerio considera mal abonadas, intereses de demora por importe de 130.356,74.