Justicia pag¨® en ¨¦poca del PP la defensa de acusados de G¨¹rtel que no ten¨ªan derecho a ello

El Ministerio de Justicia pag¨® durante la etapa de Rafael Catal¨¢ (PP) a los abogados de oficio designados para varios acusados de la trama G¨¹rtel que no ten¨ªan reconocido el derecho a asistencia jur¨ªdica gratuita, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupci¨®n que anid¨® en la formaci¨®n conservadora, seg¨²n la documentaci¨®n y relaci¨®n de pagos a la que tuvo acceso EL PA?S. Una presunta irregularidad de 800.000 euros que ha provocado que el actual equipo haya abierto una investigaci¨®n interna.

Seg¨²n la relaci¨®n de gastos, Justicia abon¨® en la etapa de Catal¨¢ cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en una de las mayores tramas de corrupci¨®n del pa¨ªs, cuya red de empresas se lucr¨® con el PP nacional durante el aznarismo. Estos importes se desembolsaron a trav¨¦s de mecanismos de asistencia jur¨ªdica gratuita, pese a que legalmente no ten¨ªan reconocido el derecho, reservado a quienes acreditan que carecen de medios materiales para costearse una defensa.

Fuentes pr¨®ximas al anterior equipo de Justicia aseguran que los primeros problemas con estos pagos se detectaron d¨ªas antes del cambio de Gobierno en 2018, provocado precisamente por la sentencia de la G¨¹rtel que conden¨® al PP nacional al considerarlo beneficiario de este "sistema de corrupci¨®n institucional". Estas mismas fuentes consideran "sorprendente" que se haya abonado la asistencia a personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas que supuestamente no ten¨ªan derecho a ello, como las sociedades limitadas ¡ªa las que la ley excluye¡ª.

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Pese a ello, uno de los abogados designados para Correa explic¨® a EL PA?S que sab¨ªa que no se le hab¨ªa reconocido la asistencia gratuita. Y otro letrado relat¨® que en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se le dijo que ni siquiera se iba a llevar el caso de las sociedades al ¨®rgano donde se aprueba la concesi¨®n de este derecho porque no se lo iban a otorgar, pero que despu¨¦s se alcanz¨® un "acuerdo" con el ministerio. De hecho, se costearon finalmente estas defensas, seg¨²n la relaci¨®n de pagos. El ICAM no ha querido responder a este peri¨®dico al respecto, pero s¨ª ha reconocido por e-mail que este tipo de compa?¨ªas no tienen derecho a asistencia gratuita.

El origen de estos pagos se encuentra en junio de 2016, cuando Catal¨¢ firm¨® un convenio con el Consejo General de la Abogac¨ªa y el ICAM para aumentar la subvenci¨®n que reciben los abogados de oficio que ejerc¨ªan la defensa en el macrosumario del caso G¨¹rtel. El acuerdo pasaba por multiplicar hasta por cuatro la aportaci¨®n econ¨®mica debido a la especial complejidad y dimensi¨®n de la causa, que se investiga desde 2008 y que cuenta con una decena de piezas separadas. La vista del juicio central de G¨¹rtel ¡ªla llamada ?poca 1¡ª sum¨® 125 sesiones entre octubre de 2016 y noviembre de 2017 y la sentencia ocup¨® 1.687 folios.

La idea que subyac¨ªa en este acuerdo, similar a uno suscrito en 2006 por el ministro Juan Fernando L¨®pez Aguilar (PSOE) para el juicio del 11-M, era compensar a los letrados que deb¨ªan dedicarse casi en exclusiva a estos casos y garantizar que los acusados sin recursos no sufran indefensi¨®n. El convenio de 2016 fijaba un m¨¢ximo de 30.000 euros por letrado de oficio. Sin embargo, Justicia super¨® ese l¨ªmite; adem¨¢s de que, seg¨²n las certificaciones de pagos, se coste¨® la defensa de procesados que no la ten¨ªan concedida, como Correa, el l¨ªder de la trama vinculada al PP, cuyos tres letrados de oficio recibieron 67.506 euros.

Seg¨²n la relaci¨®n de gastos, la defensa de Guillermo Ortega, condenado a 38 a?os de prisi¨®n ¡ªla mayor pena del juicio central de G¨¹rtel¡ª, tambi¨¦n fue pagada por el departamento que dirig¨ªa Catal¨¢, con 38.348 euros; y la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo, para la que se giraron minutas por un total de 56.987 euros. En el caso de este matrimonio, la Comisi¨®n Central de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita hab¨ªa acordado en mayo de 2015 denegarles la prestaci¨®n, que sin embargo acab¨® siendo abonada.

Investigaci¨®n abierta

A preguntas de este diario, el actual equipo de Justicia repite que, desde que lleg¨® la actual ministra Dolores Delgado con el PSOE, no se ha destinado ni un solo euro al convenio. A su vez, ha admitido que se ha abierto una investigaci¨®n interna para reconstruir el expediente que valid¨® los pagos. Entre otras partidas bajo sospecha, se encuentran 56.987 euros destinados a la defensa de Inmaculada Mostaza, empleada de la trama finalmente absuelta, que fue beneficiaria de la asistencia gratuita. Y las dirigidas a sufragar los abogados de 11 mercantiles de los acusados, entre ellas algunas de las principales de la trama, como las de Correa: Pasadena Viajes (56.987 euros), Good and Better (76.311 euros) o Special Events (56.987 euros), todas ellas bajo administraci¨®n judicial. Tambi¨¦n figura la sociedad limitada Cresva, del n¨²mero dos de G¨¹rtel y exsecretario de organizaci¨®n del PP gallego, Pablo Crespo, tambi¨¦n condenado. Y la sociedad pantalla Alcanc¨ªa Corporate 02, que seg¨²n datos del registro sigue perteneciendo a Ortega.

Fuentes del equipo del ministerio en ¨¦poca del PP se?alan que son los colegios de abogados, en este caso el de Madrid, los que gestionan las solicitudes y quienes tienen que rendir cuentas sobre c¨®mo aplican los criterios de concesi¨®n de la asistencia gratuita. Adem¨¢s, estas mismas fuentes insisten en que la gesti¨®n del convenio se realiz¨® en escalones inferiores del ministerio, a nivel de subdirectores generales.?