Un juez reprende a la Junta por renunciar a reclamar fondos malversados de los ERE

Desde que el PP lleg¨® a la Junta de Andaluc¨ªa, muchos de sus consejeros unieron al reproche pol¨ªtico y social del caso de los ERE la firme determinaci¨®n de recuperar los 680 millones defraudados a las arcas p¨²blicas. Esta misma semana, el responsable de la cartera de Presidencia, Antonio Sanz, se mostraba confiado en ampliar los 23 millones que ya han podido recobrarse conforme las sentencias de ...

Desde que el PP lleg¨® a la Junta de Andaluc¨ªa, muchos de sus consejeros unieron al reproche pol¨ªtico y social del caso de los ERE la firme determinaci¨®n de recuperar los 680 millones defraudados a las arcas p¨²blicas. Esta misma semana, el responsable de la cartera de Presidencia, Antonio Sanz, se mostraba confiado en ampliar los 23 millones que ya han podido recobrarse conforme las sentencias de las piezas separadas por las ayudas fraudulentas devengan en firmes. Sin embargo, lo que los pol¨ªticos pregonan desde el Gobierno no parece tener un paralelismo en los tribunales, a tenor del duro reproche que el juez de Instrucci¨®n de Sevilla, Jos¨¦ Ignacio Vilaplana, lanz¨® contra los ¡°funcionarios y autoridades¡±, de la administraci¨®n aut¨®noma por solicitar el archivo de las causas donde no hay ¡®intrusos¡¯ ¡ªbeneficiarios ajenos a las empresas incluidos en la percepci¨®n de los fondos destinados a los ERE¨D y su consecuente renuncia a recibir las cantidades extraviadas.

Vilaplana, juez de refuerzo del Juzgado N¨²mero 6, advierte a los ¡°representantes de la Junta de Andaluc¨ªa¡± de ¡°la responsabilidad en la que pudieran incurrir ente el equ¨ªvoco comportamiento procesal determinante de un desistimiento y/o renuncia a potenciales cr¨¦ditos econ¨®micos de la Hacienda auton¨®mica, derivados de conductas malversadoras [¡­] con vulneraci¨®n de principios presupuestarios y financieros b¨¢sicos de la Hacienda P¨²blica y contrariando el inter¨¦s o el orden p¨²blico objetivado en la recuperaci¨®n de los fondos de il¨ªcita disposici¨®n¡±, seg¨²n recoge el auto dictado por el magistrado el pasado 30 de septiembre, y que fue adelantado por Diario de Sevilla.

La advertencia de Vilaplana sobre el comportamiento de ¡°sus funcionarios y autoridades¡± tiene su origen en la investigaci¨®n de las ayudas por 3,8 millones concedidas a la empresa Fundiciones Caetano y en la que est¨¢n procesados sus dos responsables. El Ministerio Fiscal y la acusaci¨®n particular, ejercida por el PP, se manifestaron a favor de la apertura del juicio oral al considerar que los implicados hab¨ªan incurrido en delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. La Junta de Andaluc¨ªa solicit¨®, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones por entender que los investigados no pod¨ªan ser considerados autores de los hechos delictivos que se les achacaban

Ante el desacuerdo de las partes, el juez concluye que ¡°no es posible en modo alguno dejar de decretar la apertura del juicio oral¡± y se dedica, a lo largo de todo el auto, a censurar de manera muy vehemente ¡°la pobreza argumentativa¡± de la Junta a la hora de justificar el archivo de la causa. ¡°No disponemos de argumentos s¨®lidos ¡ªno se ofrecen¡ª en los que fundar dicha relevante decisi¨®n¡±, se afirma en el escrito.

Vilaplana, no obstante, se ve obligado a aplicar el criterio de la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Sevilla a la hora de fijar la cuant¨ªa de las indemnizaciones a los acusados, por entender que la Junta, pese a no acusar, ¡°no especifica su concreta voluntad de no renunciar y/o de no reservarse las correspondientes acciones civiles de resarcimiento¡±. Esto es lo que determina al juez a, en lugar de imponer a los dos procesados la cuant¨ªa que la Fiscal¨ªa solicita como fianza, 3.838.917,15 euros, tenga que imponer a cada uno de ellos 400 euros. Es en esa diferencia de cuant¨ªa que se podr¨ªa dejar de ingresar si finalmente los acusados fueran condenados, en donde el instructor afianza su reproche hacia la Junta. Un reproche que, como establece en el auto, podr¨ªa vulnerar el art¨ªculo 108 del Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda P¨²blica de la Junta de Andaluc¨ªa.

El magistrado es muy duro a la hora de rebatir los razonamientos esgrimidos por parte de la administraci¨®n aut¨®noma que se apoyan en considerar que no existen intrusos y en que las ayudas sociolaborales distribuidas en Fundiciones Caetano fueron leg¨ªtimas. Y para ello acude la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza pol¨ªtica de los ERE, confirmada por el Tribunal Supremo, para atacar el criterio que viene adoptando la administraci¨®n andaluza de pedir el archivo de las causas donde no hay intrusos. ¡°Resulta chocante que la Junta de Andaluc¨ªa siga asumiendo aqu¨ª que estar¨ªamos ante ¡°ayudas sociolaborales de car¨¢cter individual y de car¨¢cter leg¨ªtimo¡±, cuando ha sido reconocido ya en Sentencia penal -firme- que la atribuci¨®n del car¨¢cter ¡°sociolaboral¡± e ¡°individual¡± de estas subvenciones en favor de los trabajadores afectados por el correspondiente ERE constitu¨ªa un mero artificio fraudulento integrado en la mec¨¢nica delictiva objeto de autos¡±.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco, ha salido al paso del reproche por parte del juez, manifestando la absoluta ¡°confianza en los servicios jur¨ªdicos de la Junta que tienen el mandato claro y meridiano de recuperar unos fondos que son de todos los andaluces¡±. El proceso, como tambi¨¦n reconoci¨® esta semana el consejero de Justicia, Jos¨¦ Antonio Nieto, ser¨¢ ¡°dif¨ªcil¡±, aunque entre sus razones no esgrimi¨® la renuncia de sus propios funcionarios a reclamar los fondos malversados, como les ha afeado Vilaplana,