La Fiscal¨ªa pide 12 a?os de inhabilitaci¨®n para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta por la devoluci¨®n de 55 menores marroqu¨ªes

La Fiscal¨ªa de Ceuta ha pedido a 12 a?os de inhabilitaci¨®n para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad aut¨®noma por la devoluci¨®n de 55 menores marroqu¨ªes a su pa¨ªs en agosto de 2021. La inhabilitaci¨®n supone no poder ejercer cargos electivos o funciones de gobierno, a lo que se suma otra petici¨®n del ministerio p¨²blico: que pierdan ¡°los honores asociados¡± a sus cargos y se suspenda su derecho de sufragio pasivo,...

La Fiscal¨ªa de Ceuta ha pedido a 12 a?os de inhabilitaci¨®n para la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad aut¨®noma por la devoluci¨®n de 55 menores marroqu¨ªes a su pa¨ªs en agosto de 2021. La inhabilitaci¨®n supone no poder ejercer cargos electivos o funciones de gobierno, a lo que se suma otra petici¨®n del ministerio p¨²blico: que pierdan ¡°los honores asociados¡± a sus cargos y se suspenda su derecho de sufragio pasivo, seg¨²n ha adelantado Eldiario.es. La fiscal¨ªa, en su escrito en el que reclama la apertura de juicio oral, considera que tanto Salvadora Mateos, cesada como delegada el pasado 31 de octubre, como la vicepresidenta Mabel Deu cometieron un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa al ejecutar la devoluci¨®n de menores a sabiendas de no estar cumpliendo con la legislaci¨®n. Aunque no se han apuntado responsabilidades en el Ministerio del Interior, la operaci¨®n fue facilitada e incentivada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska; la propia exdelegada afirm¨® en declaraci¨®n judicial que ella cumpl¨ªa ¨®rdenes de Madrid.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 15.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad aut¨®noma ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroqu¨ª. Era el punto ¨¢lgido de la crisis diplom¨¢tica entre Espa?a y Marruecos, que presionaba en ese momento para ganar apoyos a su plan de hacerse con la soberan¨ªa del S¨¢hara Occidental. Entre todas aquellas personas, entraron m¨¢s de 1.000 menores que colapsaron el sistema de acogida de la ciudad.

¡°Ante las dificultades para asumir la precaria situaci¨®n existente¡±, dice el escrito, la vicepresidenta de Ceuta entabl¨® varias conversaciones tanto con el Ministerio del Interior como con la Delegaci¨®n de Gobierno y conjuntamente planearon la devoluci¨®n de 145 chicos en base a un convenio con Marruecos de 2007 para el retorno de menores. Del 13 al 16 de enero, la delegaci¨®n y la vicepresidencia ejecutaron la devoluci¨®n de 55 menores hasta que la justicia dict¨® medidas cautelares para su paralizaci¨®n. La Fiscal¨ªa mantiene desde el principio que la devoluci¨®n de esos adolescentes se hizo ¡°sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jur¨ªdico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que as¨ª lo permitieran¡±.

Tanto la Delegaci¨®n, como el Gobierno de Ceuta, defienden que el acuerdo con Marruecos respalda legalmente sus actuaciones. As¨ª lo describe la Fiscal¨ªa en su escrito: ¡°Con la intenci¨®n de evitar someter su actuaci¨®n a las disposiciones legales que resultaban de aplicaci¨®n as¨ª como de lograr eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes iban a incurrir, acordaron fundamentar su il¨ªcito proceder en el Acuerdo entre el Reino de Espa?a y el Reino de Marruecos sobre la cooperaci¨®n en materia de prevenci¨®n de la emigraci¨®n ilegal de menores no acompa?ados, su protecci¨®n y su retorno concertado, simulando que este permit¨ªa practicar la inmediata devoluci¨®n a las autoridades marroqu¨ªes de los menores no acompa?ados de nacionalidad marroqu¨ª sin necesidad de ajustarse al procedimiento y requisitos regulados por la Ley Org¨¢nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros¡±.

El acuerdo, de hecho, exige la ¡°observancia estricta¡± de la legislaci¨®n espa?ola, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convenci¨®n sobre los Derechos del Ni?o. Y esas exigencias suponen, entre otras, la elaboraci¨®n de informes por parte de Marruecos para determinar las circunstancias familiares de los menores, la obligatoriedad de informar los interesados del procedimiento a seguir y garantizarles que pueden presentar alegaciones o la necesidad de un informe fiscal avalando las actuaciones. Nada de eso se hizo, como ha quedado demostrado en las diferentes etapas judiciales de este procedimiento. ¡°Acordaron practicar la repatriaci¨®n sin determinar si alguno de los menores se hallaba en situaci¨®n de vulnerabilidad en su pa¨ªs de origen ni si con ello el inter¨¦s del menor pod¨ªa verse comprometido¡±, mantiene la fiscal¨ªa.

La operaci¨®n de retorno, recuerda adem¨¢s la fiscal¨ªa, se realiz¨® a pesar de que la Jefa del ?rea de Menores de la Ciudad Aut¨®noma de Ceuta, Mar¨ªa Antonia Palomo, mostr¨® en reiteradas ocasiones ¡°su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jur¨ªdico nacional e internacional¡±. Tambi¨¦n el personal de la fundaci¨®n SAMU que gestionaba el centro de menores advirti¨® a la vicepresidenta de Ceuta de ¡°la posible situaci¨®n de vulnerabilidad¡± y del riesgo de no estar respetando el superior inter¨¦s de los menores.