Pol¨¦mica por dos preguntas de la oposici¨®n de Prisiones

El enunciado de dos supuestos pr¨¢cticos de la reciente oposici¨®n convocada por el Ministerio del Interior para cubrir 1.850 plazas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias ha provocado un fuerte malestar entre los sindicatos de los funcionarios de prisiones al considerar que atenta contra la imagen de estos por reflejar casos ficticios en los que cometen delitos. En uno de ellos se planteaba a los aspirantes una situaci¨®n en la que el trabajador ...

El enunciado de dos supuestos pr¨¢cticos de la reciente oposici¨®n convocada por el Ministerio del Interior para cubrir 1.850 plazas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias ha provocado un fuerte malestar entre los sindicatos de los funcionarios de prisiones al considerar que atenta contra la imagen de estos por reflejar casos ficticios en los que cometen delitos. En uno de ellos se planteaba a los aspirantes una situaci¨®n en la que el trabajador trafica con droga dentro de la c¨¢rcel. El segundo describe un episodio de malos tratos a una reclusa, seg¨²n los textos de las pruebas a los que ha tenido acceso EL PA?S. Fuentes de Instituciones Penitenciarias recuerdan que el proceso selectivo a¨²n est¨¢ abierto y declinan entrar a valorar estas cr¨ªticas.

La prueba, realizada el pasado 18 de diciembre, planteaba a los aspirantes a funcionarios de prisiones 10 supuestos pr¨¢cticos a partir de los cuales ten¨ªan que responder una serie de preguntas t¨¦cnicas relacionadas con ellos. Los que han provocado el malestar entre los sindicatos eran el segundo y el s¨¦ptimo de la prueba escrita. En el primero, el texto describe el cacheo por parte de funcionarias a una reclusa a la que se le requisa un tel¨¦fono m¨®vil. Tras ello, el ejercicio recoge que la presa empuja a una de las trabajadoras ¡°y se niega a entrar en la celda, adoptando una posici¨®n defensiva con los pu?os en alto¡±, por lo que tiene que ser reducida y esposada con las manos a la espalda.

¡°Al levantarla para trasladarla al departamento de aislamiento, una de las funcionarias le propina a la interna un golpe con la rodilla a la altura del pecho cuando ya no opon¨ªa resistencia¡±, a?ade el texto. La pregunta que inmediatamente despu¨¦s se plantea a los opositores que especifiquen ¡°cu¨¢ntos medios coercitivos, aplicados de conformidad a la legalidad vigente, han sido utilizados¡±, y les da cuatro posibles respuestas: uno, dos, tres o cuatro.

El segundo plantea el caso de la madre de un recluso que denuncia que un funcionario del centro penitenciario de Madrid V, en Soto del Real, ha introducido en el penal sustancias estupefacientes ¡°destinadas al consumo de los internos¡±. El texto describe que la mujer, ¡°ante su preocupaci¨®n, y asesorada por el letrado del interno, interpone una denuncia contra el funcionario solicitando¡± ante Instituciones Penitenciarias que lo sancione y, posteriormente, ante un juzgado, por lo que el trabajador es detenido e ingresa en prisi¨®n. En el ejercicio se planteaba a los opositores si la madre ten¨ªa capacidad para presentar denuncia ante Interior y en qu¨¦ situaci¨®n administrativa quedaba el funcionario tras su encarcelamiento.

No es la primera vez que los supuestos planteados en la oposici¨®n de Prisiones plantean casos ficticios de il¨ªcitos cometidos por funcionarios, seg¨²n ha podido constatar este diario tras analizar los ejercicios de los tres a?os anteriores. En las pruebas de 2019 se recog¨ªa el supuesto de un funcionario que ofrece a reclusas determinados beneficios penitenciarios a cambio de que acepten mantener relaciones sexuales cuando salgan de permiso. Al a?o siguiente, uno de los ejercicios alud¨ªa al chantaje sexual de un trabajador penitenciario a una reclusa, a la que presiona con la amenaza de cambiarla de destino en prisi¨®n. Y en la oposici¨®n de 2021 se recog¨ªa el supuesto caso de un funcionario que introduce en la c¨¢rcel objetos prohibidos, entre ellos un tel¨¦fono m¨®vil, para entreg¨¢rselos a un recluso.

Sin embargo, han sido las preguntas de la oposici¨®n de diciembre pasado las que han provocado las cr¨ªticas m¨¢s airadas de los sindicatos, que mantienen desde hace a?os un enquistado enfrentamiento con Interior. Las organizaciones acusan al ministerio de no atender sus reivindicaciones laborales, entre ellas que se les d¨¦ la consideraci¨®n de agentes de la autoridad, una antigua aspiraci¨®n del colectivo por la que se agravar¨¢n las penas para aquellos que atenten contra su integridad y que dar¨¢ a su testimonio presunci¨®n de veracidad. Este a?o hay elecciones sindicales para renovar a los representantes de los funcionarios de prisiones.

¡°Visi¨®n distorsionada¡±

Para Francisco Llamazares, presidente de la Asociaci¨®n Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), las pol¨¦micas preguntas de la oposici¨®n ¡°trasladan una visi¨®n distorsionada y fuera de la realidad¡± sobre los trabajadores penitenciarios. Llamazares acusa a ¡°los responsables de elaborar dichas preguntas¡± de desconocer la normativa interna y las leyes. En la misma l¨ªnea, Jorge Vilas, responsable nacional de Prisiones de la CSIF, tilda los textos de ¡°nueva falta de respeto¡± de Interior hacia los funcionarios. ¡°Existen miles de posibilidades de redactar supuestos pr¨¢cticos sobre r¨¦gimen disciplinario que no supongan un nuevo intento de manchar la imagen del colectivo¡±, se?ala Vilas, quien considera que la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias ¡°no cumple con su obligaci¨®n de velar por la buena imagen p¨²blica de sus trabajadores¡±.

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, elev¨® dos d¨ªas despu¨¦s del examen una queja al ministro Fernando Grande-Marlaska en la que exig¨ªa que ¡°no vuelva a repetirse una situaci¨®n tan indeseada¡± y ped¨ªa adoptar medidas para que ¡°los funcionarios integrantes de tribunales de oposici¨®n a los cuerpos de Instituciones Penitenciarias se formen convenientemente para la redacci¨®n de cada uno de los ejercicios¡±.