Los sindicatos cifran en m¨¢s del 80% el seguimiento del primer d¨ªa de paro parcial de los funcionarios judiciales y Justicia lo rebaja al 15%
Los trabajadores reclaman un incremento salarial ¡°en la l¨ªnea¡± del concedido a los letrados de la Administraci¨®n de Justicia
Alrededor de 45.000 funcionarios judiciales est¨¢n llamados desde este lunes a paros parciales de tres horas al d¨ªa para reivindicar una subida salarial ¡°en l¨ªnea con la aprobada para los letrados¡± y la paralizaci¨®n de la ...
Alrededor de 45.000 funcionarios judiciales est¨¢n llamados desde este lunes a paros parciales de tres horas al d¨ªa para reivindicar una subida salarial ¡°en l¨ªnea con la aprobada para los letrados¡± y la paralizaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que, aseguran, les impone nuevas condiciones laborales sin previa negociaci¨®n. La primera jornada de huelga ha provocado la suspensi¨®n de centenares de miles de actuaciones en los juzgados y tribunales. Seg¨²n los representantes de los trabajadores, se han visto afectadas declaraciones, notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios, diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicolog¨ªa. Los sindicatos convocantes (CSIF, CCOO, UGT y STAJ) cifran en m¨¢s del 80% el seguimiento del primer d¨ªa de paro. El ministerio lo rebaja hasta el 15,03% sobre el total de los funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia pertenecientes a las provincias, ciudades aut¨®nomas y ¨®rganos gestionados directamente por el ministerio, mientras que, entre las comunidades que han facilitado datos, Andaluc¨ªa cifra el seguimiento en el 31,6% y el Pa¨ªs Vasco, en el 23%.
¡°No vamos a entrar en una guerra de cifras de participaci¨®n en la huelga: la Administraci¨®n dir¨¢ que hemos sido unos pocos, pero sabemos que ha habido una alt¨ªsima participaci¨®n en este primer d¨ªa¡±, afirman desde CCOO. La convocatoria abarca a todos los cuerpos generales de la Administraci¨®n de Justicia, desde los de auxilio judicial a los tramitadores procesales, gestores procesales y administrativos. De este personal dependen muchas de las funciones que se hacen cada d¨ªa desde los juzgados, como la atenci¨®n al p¨²blico, el registro de documentos, la notificaci¨®n de diligencias y autos, reclamaciones, sanciones, multas o comunicaci¨®n con las partes. Tambi¨¦n est¨¢n convocados al paro los m¨¦dicos forenses y los facultativos de los Institutos de Toxicolog¨ªa, adem¨¢s del resto de personal de estos organismos.
Todos son funcionarios de cuerpos nacionales que org¨¢nicamente dependen del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla la Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamaci¨®n es dos cuestiones que son competencia directa del ministerio que dirige Pilar Llop: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la ley de Eficiencia Organizativa que tramita el Gobierno.
El complemento general del puesto oscila ahora entre los 2.421 euros al a?o que cobra un funcionario de auxilio judicial (C2) y los 21.848 que cobra un m¨¦dico forense. Los sindicatos reclaman incrementos de entre 350 y 450 euros al mes, en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto est¨¢ en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales, que a lo largo del conflicto con los letrados se opusieron a que el ministerio negociara unilateralmente con ellos, y hab¨ªan advertido de que, si se alcanzaba un pacto que solo beneficiara a ese cuerpo, el resto se movilizar¨ªa para reivindicar mejoras similares.
Respecto a la ley de eficiencia organizativa, los sindicatos reclaman que se garantice el empleo y las retribuciones, y que no va a haber procedimientos de movilidad forzosa, aspectos que, aseguran, quedan en peligro con la nueva norma, que prev¨¦ la posibilidad de encomendar tareas de tribunales con mucha carga de trabajo a personal de otros destinos o fusionar las tareas de distintos juzgados.
Simult¨¢neamente al paro de tres horas (de 10.00 a 13.00), este lunes se han realizado en los edificios judiciales concentraciones o asambleas de trabajadores. Para este mi¨¦rcoles 19 de abril los funcionarios est¨¢n llamados a una jornada de huelga general y una manifestaci¨®n que partir¨¢ del Ministerio de Justicia y para la que se est¨¢n fletando autobuses para que acudan funcionarios de toda Espa?a.
¡°La primera jornada de huelga ha sido un completo ¨¦xito, un 85% de la plantilla, m¨¢s de 35.000 funcionarios, ha secundado los paros¡±, ha asegurado Javier Jord¨¢n, responsable de Justicia del CSI-F, el sindicato mayoritario, que ha lamentado los efectos del paro para la ciudadan¨ªa, pero ha culpado al ministerio. ¡°El Gobierno no nos ha dejado otra salida. La situaci¨®n de la justicia es lamentable, hacen falta m¨¢s medios y sobre todo clarificar las funciones que hacen los funcionarios¡±. Desde Comisiones Obreras, Luis Calero, secretario general del sector de la Administraci¨®n de Justicia, ha reclamado que el ministerio se siente a negociar con los sindicatos, pero el departamento que dirige Llop no ha fijado, de momento, un calendario de negociaci¨®n.