La vivienda y la ley andaluza sobre Do?ana desplazan al ¡®solo s¨ª es s¨ª¡¯ en el choque entre Gobierno y oposici¨®n
S¨¢nchez asegura que la ley que pone tope al precio del alquiler se cumplir¨¢ tambi¨¦n en las comunidades gobernadas por el PP, y Gamarra acusa al Ejecutivo de estar instalado ¡°en el caos¡±
La Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual o del solo s¨ª es s¨ª, durante semanas el plato fuerte de la oposici¨®n del PP, se ha convertido en mera guarnici¨®n en la sesi¨®n de control al Gobierno de este mi¨¦rcoles en el Congreso. Ahora el men¨² lo encabezan la pol¨ªtica de vivienda ¡ªcon la ley que se vota ma?ana y las sucesivas promesas de Pedro S¨¢nchez para poner en el mercado un total de 183.000 viviendas p¨²blicas¡ª y ...
La Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual o del solo s¨ª es s¨ª, durante semanas el plato fuerte de la oposici¨®n del PP, se ha convertido en mera guarnici¨®n en la sesi¨®n de control al Gobierno de este mi¨¦rcoles en el Congreso. Ahora el men¨² lo encabezan la pol¨ªtica de vivienda ¡ªcon la ley que se vota ma?ana y las sucesivas promesas de Pedro S¨¢nchez para poner en el mercado un total de 183.000 viviendas p¨²blicas¡ª y la disputa entre el Ejecutivo y la Junta de Andaluc¨ªa por la futura ley auton¨®mica que legaliza terrenos de regad¨ªo junto al parque natural de Do?ana. Al d¨ªa siguiente del choque en el Senado entre S¨¢nchez y el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, el presidente del Gobierno ha insistido en que har¨¢ todo lo posible para que la ley de vivienda se cumpla ¡°en todos y cada uno de los territorios de este pa¨ªs¡±, incluidos aquellos donde gobiernan los populares, reacios a aplicar los topes a los alquileres en las llamadas ¡°zonas tensionadas¡±. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo ha reclamado a la Junta que ¡°acabe de una vez con el atropello en Do?ana¡±. En un Congreso tomado ya por la campa?a electoral del 28-M, Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha acusado a S¨¢nchez de haber instalado a Espa?a ¡°en el caos¡± y ha repetido las palabras de Feij¨®o ayer: ¡°Derogaremos el sanchismo¡±.
La prueba de la bajada en intensidad de la bronca pol¨ªtica por la ley del solo s¨ª es s¨ª, sus efectos indeseados ¡ªun millar de rebajas de condenas a agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones hasta la fecha¡ª y su reciente reforma estaba en el mismo orden del d¨ªa del pleno. Solo una pregunta, la pen¨²ltima, para Irene Montero, ministra de Igualdad, y una breve referencia de Gamarra durante su duelo con S¨¢nchez. En la anterior sesi¨®n de control, el d¨ªa 19, el solo s¨ª es s¨ª centr¨® la primera pregunta, precisamente de Gamarra a S¨¢nchez, hubo otras dos directas a Montero y las referencias a las rebajas de condena estuvieron presentes casi en cada intervenci¨®n. Al d¨ªa siguiente, la C¨¢mara aprob¨® la reforma de la citada ley, con choque entre Podemos y PSOE y un pleno casi monogr¨¢fico sobre el asunto.
Esta ma?ana, en cambio, el agua de Do?ana y la construcci¨®n de viviendas p¨²blicas han acaparado la hora y media de la sesi¨®n de control. Gamarra ha empezado usando la iron¨ªa en su pregunta a S¨¢nchez: ¡°Se hacen apuestas de cu¨¢ntas viviendas anunciar¨¢ hoy¡±, le ha dicho, aludiendo a que, en los ¨²ltimos d¨ªas, el presidente ha prometido de forma solemne, hasta en tres ocasiones sucesivas, sendos paquetes de miles de pisos protegidos. La ¨²nica pol¨ªtica de vivienda de S¨¢nchez, ha dicho Gamarra, es ¡°seguir residiendo en La Moncloa¡±. El presidente ha aprovechado su r¨¦plica para preguntar al PP por qu¨¦ este jueves va a votar en contra de la ley de vivienda y para lanzar una advertencia: ¡°Ya le puede ir diciendo a todas sus comunidades [donde gobierna el PP] que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este pa¨ªs. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislaci¨®n, y le vuelvo a exigir a usted y a su partido que cumplan con la legislaci¨®n europea y acaben con el atropello en el parque nacional de Do?ana¡±.
S¨¢nchez no ha explicado de qu¨¦ manera garantizar¨¢ su Ejecutivo que la ley ¡ªque fija topes al precio del alquiler, especialmente en zonas urbanas con precios disparados¡ª va a cumplirse en las comunidades gobernadas por el PP, teniendo en cuenta que algunos de los elementos recogidos en la norma dependen de decisiones que son competencia auton¨®mica.
El Gobierno, tras insistir una y otra vez en las medidas adoptadas en esta legislatura y en la buena marcha de la econom¨ªa, percuti¨® sobre ambos asuntos ¡ªla vivienda y Do?ana¡ª durante toda la sesi¨®n, en la que Vox y PP, pero tambi¨¦n Junts, insistieron en hablar sobre lo que, aparentemente, le interesaba m¨¢s al propio Ejecutivo. Los partidos de la derecha acusaron al Gobierno de ostentar el ¡°r¨¦cord de destrucci¨®n de presas¡± (¡°108 en 2021¡å, coincidieron) en lugar de mantenerlas para garantizar el abastecimiento de agua, lo que la vicepresidenta Teresa Ribera aprovech¨® para afear a la oposici¨®n el supuesto ¡°desconocimiento may¨²sculo¡± sobre los planes de sequ¨ªa y el sistema hidrol¨®gico espa?ol.
El PP respondi¨® reprochando a la vicepresidenta y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica que lo ¨²nico que ha hecho por Do?ana es ¡°una entrevista para insultar al presidente de la Junta de Andaluc¨ªa¡±. ¡°Dejen de insultar al Gobierno andaluz y hagan alguna propuesta¡±, ha pedido el popular Juan Jos¨¦ Matar¨ª.
Las okupaciones siguen a la baja
Las últimas estadísticas de criminalidad son un nuevo jarro de agua fría para el discurso alarmista sobre la okupación de viviendas en España. El número de estas infracciones penales registradas en el primer trimestre de este año fue de 3.898, un 11% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 4.385, y un 16% inferior a las 4.634 de 2021, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior. El dato confirma la tendencia ya apuntada por las cifras de 2022, en las que por primera vez se frenaba un fenómeno que había sufrido un continuo y acusado incremento bajo gobiernos de diferente signo desde 2016. El año pasado se registraron 16.726 okupaciones, un 3,2% menos que en 2021, cuando esta cifra se había disparado hasta las 17.274, máximo histórico.
La estadística recoge dos modalidades delictivas: las usurpaciones ¨Dreferidos a las entradas en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión y que son la gran mayoría¨D y los allanamientos de morada ¨Den los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, cuyo número es mucho menor¨D. El primer delito está castigado con un máximo de seis meses de cárcel. El segundo, con hasta dos años. Los expertos ya consideraron los datos de 2022 como un primer síntoma del estancamiento de un fenómeno, pero recomiendan esperar a ver cómo evoluciona en los próximos años.
Por comunidades, el descenso alcanza a 13, entre ellas las cuatro más afectadas por este fenómeno, que acumulan el 78% de todas las denuncias. Así, en Cataluña, donde más denuncias se reciben, con diferencia, se ha pasado de las 1.875 del primer trimestre de 2022 a 1.673 del mismo periodo de este año (un descenso del 11%); en Andalucía, de las 618 a 594 (un 4% menos); en la Comunidad Valenciana, de 531 a 420 (un 21% inferior), y en Madrid, de las 407 a 369 (un 9,5% más bajo). Solo en cuatro comunidades las cifras han aumentado, aunque en todas ellas de modo casi simbólico. Así, en Asturias se ha pasado de 15 a 16; en La Rioja, de 12 a 13; en Baleares, de 108 a 111; y en Canarias, de 134 a 148. La estadística no incluye al País Vasco al no tener los datos de la Ertzaintza.