El juez admite la personaci¨®n de Vox en la causa sobre los disturbios de Tsunami Democr¨¤tic
Garc¨ªa-Castell¨®n investiga desde 2019 los v¨ªnculos de pol¨ªticos independentistas con el movimiento que impuls¨® las protestas contra la sentencia del ¡®proc¨¦s¡¯
El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido la personaci¨®n como acusaci¨®n popular de Vox y de la asociaci¨®n de v¨ªctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en la causa abierta para investigar el movimiento Tsunami Democr¨¤tic, el grupo que supuestamente instig¨® los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s independentista catal¨¢n en 2019. El magistrado ha aceptado la petici¨®n del partido de extrema derecha y del colec...
El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido la personaci¨®n como acusaci¨®n popular de Vox y de la asociaci¨®n de v¨ªctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en la causa abierta para investigar el movimiento Tsunami Democr¨¤tic, el grupo que supuestamente instig¨® los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo que conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s independentista catal¨¢n en 2019. El magistrado ha aceptado la petici¨®n del partido de extrema derecha y del colectivo, a los que impone una fianza de 200 euros para poder participar en el procedimiento, seg¨²n reza una resoluci¨®n fechada este martes, a la que tuvo acceso EL PA?S.
A principios de octubre, en plenas negociaciones entre los partidos pol¨ªticos sobre una posible amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s a cambio del apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro S¨¢nchez como presidente del Gobierno, Vox anunci¨® que se personar¨ªa en la causa sobre Tsunami Democr¨¤tic. La Guardia Civil ha concluido que cargos de ERC coordinaron al movimiento para dar respuesta en la calle a la sentencia del proc¨¦s, y se?ala en este sumario a pol¨ªticos nacionalistas, como la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, huida en Suiza desde 2018.
Garc¨ªa-Castell¨®n abri¨® la investigaci¨®n sobre Tsunami en 2019. El objetivo era determinar qui¨¦n estaba detr¨¢s del movimiento, que incluy¨® cortes de carreteras y el intento de bloquear el aeropuerto de El Prat (Barcelona); as¨ª como averiguar cu¨¢les eran sus fuentes de financiaci¨®n, que hab¨ªan permitido poner en marcha una aplicaci¨®n de telefon¨ªa m¨®vil para difundir sus acciones de protesta. Adem¨¢s, en 2021, se incorpor¨® a esa causa una parte de las pesquisas bautizadas como caso Voloh, que versan sobre el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos a la promoci¨®n del proc¨¦s.
La Audiencia Nacional asumi¨® la competencia de la causa sobre Tsunami ante la posible existencia de delitos de terrorismo. El colectivo, seg¨²n la hip¨®tesis inicial de los investigadores, pretend¨ªa subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Catalu?a despu¨¦s del fallido refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de varios de sus l¨ªderes. Pero, tras varios a?os de pesquisas, existen dudas jur¨ªdicas sobre si se puede atribuir este tipo de delitos a los implicados; por lo que, de considerarse simplemente como des¨®rdenes p¨²blicos, la investigaci¨®n podr¨ªa acabar envi¨¢ndose a los juzgados catalanes. Vox y la asociaci¨®n Dignidad y Justicia defienden que la causa debe quedarse en la Audiencia Nacional.
En un informe elaborado por la Guardia Civil, los investigadores concluyeron que Marta Rovira y otras personas supuestamente al frente de Tsunami ¡ªentre ellas, el empresario Oriol Soler y el exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC Xavier Vendrell¡ª intentaron hacer pasar este movimiento como algo espont¨¢neo. Seg¨²n los agentes, sin embargo, Rovira asumi¨® la coordinaci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas y entidades independentistas que, en la sombra, ayudaron a crear Tsunami.
El juez pidi¨® al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Transportes que cuantificasen el perjuicio econ¨®mico provocado por las protestas de la plataforma independentista. A petici¨®n de la Guardia Civil, el magistrado quiere ¡°conocer la estimaci¨®n de la afectaci¨®n econ¨®mica relacionada¡± con las citadas acciones.