Los letrados del Congreso avalan que la ley de amnist¨ªa inicie su tramitaci¨®n

Los letrados del Congreso no ven ¡°defectos formales¡± para que la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa se debata en la C¨¢mara baja, y por tanto avalan que inicie su tramitaci¨®n, tal y como ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. El informe jur¨ªdico elaborado por los letrados que acompa?a a la proposici¨®n de ley, que ma?ana martes se estudiar¨¢ en la Mesa del Congreso, argumenta que la norma registrada la semana pasada en solitario ...

Los letrados del Congreso no ven ¡°defectos formales¡± para que la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa se debata en la C¨¢mara baja, y por tanto avalan que inicie su tramitaci¨®n, tal y como ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. El informe jur¨ªdico elaborado por los letrados que acompa?a a la proposici¨®n de ley, que ma?ana martes se estudiar¨¢ en la Mesa del Congreso, argumenta que la norma registrada la semana pasada en solitario por el PSOE ¡°carece de defectos formales que imposibiliten su admisi¨®n a tr¨¢mite para el debate de los grupos pol¨ªticos¡±. Este mismo lunes, el PP ha recusado al letrado mayor de la C¨¢mara, Fernando Galindo, alegando que fue director general y subsecretario en el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y que est¨¢ casado con quien ha sido la directora general de Relaciones con las Cortes hasta hace dos semanas.

El texto de los letrados, con la firma de Galindo, contiene siete conclusiones. La primera es que la calificaci¨®n de las iniciativas por parte de la Mesa no est¨¢ pensada como una primera instancia judicial, una especie de control previo de constitucionalidad, como determinaron distintas sentencias del Tribunal Constitucional ante la tramitaci¨®n de los estatutos de Catalu?a y Euskadi. La segunda es que la proposici¨®n ¡°carece de defectos formales que imposibiliten su admisi¨®n a tr¨¢mite¡±. La tercera se refiere a la base hist¨®rica y a la inadmisi¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa que presentaron los partidos independentistas en marzo de 2021 y que entonces no se permiti¨® su tramitaci¨®n porque estaba concebida, dicen los letrados ahora, como un indulto general, algo expresamente prohibido por el art¨ªculo 62 de la Constituci¨®n.

La cuarta conclusi¨®n de los expertos jur¨ªdicos del Congreso ahonda en ese aspecto para decir que la proposici¨®n actual ¡°cuenta con elementos que la diferencian¡± de la inadmitida de 2021 y que la distinguen de un indulto general. La quinta sostiene que, si hubiera otros posibles motivos de inconstitucionalidad, ¡°no se derivar¨ªan de una lectura directa de ning¨²n precepto de la Constituci¨®n, sino de una interpretaci¨®n de los mismos aplicados a la figura de la amnist¨ªa, que deber¨ªa llevar a cabo el Tribunal Constitucional¡±, doctrina que ¡°no se ha dictado a¨²n¡±. La sexta defiende que ¡°no parecen existir en la Constituci¨®n ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar¡± si la proposici¨®n de ley contradice la Constituci¨®n. Y la s¨¦ptima concluye explicando que la Mesa, que es un ¨®rgano pol¨ªtico con una mayor¨ªa progresista de cinco miembros frente a los cuatro del PP, es quien debe decidir sobre este tipo de calificaciones, como se ratificar¨¢ ma?ana.

Vox, que no tiene ning¨²n diputado en la Mesa, ya ha avanzado que se querellar¨¢ contra los letrados autores de ese informe y contra los componentes de ese ¨®rgano que aprueben esa calificaci¨®n por un posible delito de prevaricaci¨®n, porque denuncian que est¨¢n legitimando as¨ª un ¡°golpe al Estado de Derecho¡±, seg¨²n confirm¨® este lunes su l¨ªder, Santiago Abascal.

El PP es m¨¢s que posible que plantee, antes de otras medidas, un escrito de reconsideraci¨®n de esa decisi¨®n de la Mesa. Pero antes de conocerse el informe de los letrados, el PP ya hab¨ªa registrado este lunes en el Congreso la solicitud de recusaci¨®n del secretario general y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, con la intenci¨®n de que no pueda ¡°llevar a cabo la propuesta t¨¦cnica de calificaci¨®n de la proposici¨®n de ley org¨¢nica de amnist¨ªa¡±. El PP pide que se revoque el nombramiento de Galindo, que se formaliz¨® hace solo un par de semanas, porque entiende que ¡°vulnera los principios legales de imparcialidad y objetividad¡± dado que el letrado form¨® parte del Gobierno de Pedro S¨¢nchez (fue director general y subsecretario) y est¨¢ casado con quien ha sido la directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre. No es la primera vez que un secretario general y letrado mayor del Congreso procede o ha pasado por distintos Ejecutivos, tambi¨¦n durante los mandatos del PP.

El PP no est¨¢ dispuesto a soltar la presa pol¨ªtica de su oposici¨®n frontal a la ley que amnistiar¨¢ a los encausados del proc¨¦s independentista catal¨¢n, y va a llevar ese asunto a todas las instituciones en las que tenga representaci¨®n, incluida la Mesa del Congreso. Los populares recuerdan en su escrito de recusaci¨®n que Galindo fue primero director general de Cooperaci¨®n Auton¨®mica y Local, y luego, Subsecretario del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. Ese cargo lo ocup¨® hasta el 31 de octubre de 2023, dos d¨ªas antes de ser nombrado secretario general del Congreso a propuesta de la presidenta de la C¨¢mara, la socialista Francina Armengol. El PP considera as¨ª que el actual letrado mayor¡ªque tiene 13 a?os de experiencia y fue designado por unanimidad en tres ocasiones para distintas responsabilidades en el Congreso, tambi¨¦n bajo mandato de los populares¡ª no re¨²ne las condiciones para ese cargo.

El PP relaciona la presencia de Galindo en el Gobierno hasta hace dos semanas con la elaboraci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, que ha presentado formalmente el grupo parlamentario socialista, pero que los populares adjudican al Ejecutivo. Fuentes de la Presidencia de la C¨¢mara sostienen que Galindo no tuvo nada que ver con la confecci¨®n de esa norma y remachan que ha habido decenas de casos de letrados que previamente han colaborado con distintos ejecutivos.

La figura de Fernando Galindo ser¨¢ clave desde este mismo martes, porque tendr¨¢ que pronunciarse como letrado mayor y secretario general del Congreso sobre la aceptaci¨®n y calificaci¨®n de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa para que esta inicie su tramitaci¨®n. El PP interpreta que como, en alguna declaraci¨®n p¨²blica, el ministro F¨¦lix Bola?os lleg¨® a comentar que el proyecto de ley de amnist¨ªa podr¨ªa ¡°vehiculizarse¡± como proposici¨®n de ley ¡ªes decir, presentada formalmente por grupos parlamentarios, no por el Ejecutivo¡ª, eso demuestra que el texto ha sido ¡°elaborado y redactado desde el Gobierno o por lo menos que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo¡±. Y en esa l¨ªnea argumental el grupo popular llega a la derivada de que ¡°es m¨¢s que probable¡± que Galindo ¡°sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos¡±, por lo que ¡°queda inhabilitado para emitir un informe en relaci¨®n con el mismo¡±.

Los populares cuestionan tambi¨¦n al letrado mayor porque est¨¢ casado con Mercedes Cabrera, quien hasta el pasado 30 de octubre ocup¨® un puesto en el Gobierno como directora general de Relaciones con las Cortes. El PP argumenta que, seg¨²n la ley del R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico, la de Altos Cargos y el Estatuto del Personal de las Cortes, Galindo deber¨ªa abstenerse en este asunto por no tener la suficiente ¡°objetividad e imparcialidad¡±.

El grupo popular recuerda que el 23 de marzo de 2021 el anterior secretario general del Congreso, Carlos Guti¨¦rrez, present¨® un dictamen t¨¦cnico a una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, presentada por ERC y otros grupos catalanes independentistas, en el que sosten¨ªa que no deb¨ªa admitirse a tr¨¢mite por entrar en una ¡°contradicci¨®n palmaria y evidente con la Constituci¨®n¡±. Sin embargo, y como ha adelantado este lunes EL PA?S, ese mismo letrado mayor elabor¨® un informe en marzo de 2018, para la entonces presidenta de la C¨¢mara, la popular Ana Pastor, en la que no s¨®lo manten¨ªa una postura diferente sino que aconsejaba incluso la elaboraci¨®n de una ley de amnist¨ªa para contemplar el perd¨®n de un n¨²mero indeterminado de guardias civiles sancionados o condenados por reivindicar su derecho de asociaci¨®n profesional.