El Constitucional avala los decretos leyes cuando aprecia necesidad urgente en las medidas adoptadas

El aval o la anulaci¨®n del Tribunal Constitucional a los decretos leyes depende fundamentalmente de que el tribunal aprecie la urgente necesidad de adoptar las medidas que se contemplan en ellos. En la actualidad hay un gran debate abierto en el ¨®rgano de garant¨ªas sobre esta cuesti¨®n, porque la apreciaci¨®n d...

El aval o la anulaci¨®n del Tribunal Constitucional a los decretos leyes depende fundamentalmente de que el tribunal aprecie la urgente necesidad de adoptar las medidas que se contemplan en ellos. En la actualidad hay un gran debate abierto en el ¨®rgano de garant¨ªas sobre esta cuesti¨®n, porque la apreciaci¨®n de estas dos circunstancias ¡ªque una determinada decisi¨®n sea necesaria y adem¨¢s urgente¡ª puede entra?ar juicios m¨¢s o menos subjetivos. En l¨ªneas generales, el tribunal ha tendido a evitar asumir el papel que corresponde al propio Gobierno en cuando a la apreciaci¨®n de ambos requisitos. Es decir, las sentencias tienden a no valorar directamente si las citadas dos circunstancias se han dado en cada uno de los casos analizados, sino que el an¨¢lisis se refiere a una adecuada justificaci¨®n de las razones que tuvo el Gobierno para apreciar la urgencia y la necesidad. Si la argumentaci¨®n fue s¨®lida en estos aspectos el decreto ley de que se trate tiene muchas posibilidades de ser avalado, y si no lo fue es muy probable que sea anulado.

En el caso del decreto ¨®mnibus aprobado por el Congreso y para el que el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha anunciado un recurso ante el Constitucional, fuentes del propio tribunal estiman que, de ser finalmente impugnado, ser¨ªa sometido a un pormenorizado an¨¢lisis de cada medida concreta. Al respecto, se cita la multiplicidad de decisiones que contempla, al incluir por ejemplo medidas de eficiencia y digitalizaci¨®n digital, junto a otras relativas a funci¨®n p¨²blica o al mecenazgo. Y todo ello en el contexto de los compromisos con la Uni¨®n Europea (UE) para recibir el cuarto desembolso de las ayudas, por valor de 10.000 millones de euros. Sin prejuzgar cu¨¢l fuera el pron¨®stico de un eventual recurso contra este decreto ley ¨®mnibus, las fuentes consultadas consideraron muy defendible la tesis de la urgente necesidad vinculada a la cuant¨ªa de los citados fondos europeos y su utilizaci¨®n para pol¨ªticas de alto inter¨¦s p¨²blico. Las mismas fuentes estimaron aplicable id¨¦ntico criterio a las medidas que se adopten apelando a las consecuencias de las guerras en Ucrania y en Gaza, por sus repercusiones econ¨®micas y la extensi¨®n de esos mismos efectos hacia amplios sectores sociales igualmente golpeados por la inflaci¨®n, por ejemplo.

En la etapa de Mariano Rajoy (PP) en el Gobierno se adoptaron importantes decretos leyes que contribuyeron a abrir ese debate sobre la procedencia del aval o la anulaci¨®n de las medidas a las que daban cobertura. Un claro ejemplo de ello fue el decreto que priv¨® de acceso a la sanidad p¨²blica a los inmigrantes que no tuvieran legalizada su permanencia en Espa?a. La mayor¨ªa conservadora en aquella etapa en el Constitucional aval¨® esta exigencia, lo que motiv¨® la oposici¨®n y el voto particular en contra de la minor¨ªa progresista.

Ya con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez (PSOE) sucedi¨® lo contrario cuando, por ejemplo, se examinaron diversos decretos leyes que el Ejecutivo trat¨® de justificar por el contexto de la alarma sanitaria. Entonces la anulaci¨®n de algunos decretos ¡ªpor ejemplo, el que anul¨® la designaci¨®n de Pablo Iglesias para el ¨®rgano de direcci¨®n del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)¡ª fue propugnada por el sector conservador del tribunal, mientras el progresista negaba que el tribunal maniatara al presidente del Gobierno para conformar sus equipos y la c¨²pula de organismos que pudieran resultar clave en situaciones de emergencia, sanitaria o de otro tipo. Otro debate similar dividi¨® al Constitucional cuando se discuti¨® sobre la incardinaci¨®n de la mutualidad de los funcionarios en uno u otro Ministerio, asunto en el que la minor¨ªa progresista defendi¨® la plena autonom¨ªa del Gobierno, en este caso sin necesidad de justificar una urgente necesidad.

Un decreto ley para el que primero se prepar¨® una sentencia anulatoria y luego result¨® avalado, dadas las diferencias de criterio entre conservadores y progresistas, fue el relativo al derecho a la igualdad que extend¨ªa los permisos de paternidad para equipararlos a los de maternidad. El recurso se empez¨® a debatir cuando a¨²n hab¨ªa en el tribunal una mayor¨ªa conservadora, y el ponente, Alfredo Montoya, de este sector, propuso anular la norma. Pero el asunto qued¨® pendiente por un tiempo cuando Montoya enferm¨® y al cabo de un a?o tuvo que abandonar el tribunal para seguir mejor su tratamiento. El cambio de ponente dej¨® el caso en manos del actual presidente del Constitucional, C¨¢ndido Conde-Pumpido, del grupo progresista, cuando ¨¦ste sector era ya mayoritario en el tribunal, que aval¨® el decreto ley.

En este caso, como en otros de la etapa m¨¢s reciente del Constitucional, el aval al decreto ley se bas¨® en la urgente necesidad de la medida adoptada, m¨¢xime ¡ªy este matiz es importante¡ª en el contexto de los efectos y secuelas sociales de la pandemia, sobre todo en los sectores econ¨®micamente m¨¢s desfavorecidos. La actual mayor¨ªa progresista del Constitucional viene defendiendo, en este sentido, que la urgente necesidad de las medidas y su justificaci¨®n por parte del Gobierno debe ser analizada teniendo en cuenta el contexto econ¨®mico y social de cada momento.