El negocio milmillonario de las mascarillas facilit¨® cientos de pelotazos ante la ausencia de reglas
El Congreso y el Senado se disponen a investigar los contratos covid, en los que las administraciones gastaron 2.000 millones en tres meses cuando estaban suspendidos los controles. Madrid fue el ayuntamiento, de entre los m¨¢s poblados, que m¨¢s contratos a dedo suscribi¨®, m¨¢s estafas sufri¨® y pag¨® los precios m¨¢s altos
La corrupci¨®n que salpica al Ministerio de Transportes durante el mandato de Jos¨¦ Luis ?balos ¡ªsu principal colaborador, Koldo Garc¨ªa, cobr¨® supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio a una empresa determinada¡ª ha resucitado la sospecha sobre el colosal pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector p¨²blico aprovechando la situaci¨®n de emergencia de los tres primeros meses de pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos ¡ªbeneficios millonarios, f¨¢ciles y r¨¢pidos¡ª a costa de vender mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El s...
La corrupci¨®n que salpica al Ministerio de Transportes durante el mandato de Jos¨¦ Luis ?balos ¡ªsu principal colaborador, Koldo Garc¨ªa, cobr¨® supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio a una empresa determinada¡ª ha resucitado la sospecha sobre el colosal pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector p¨²blico aprovechando la situaci¨®n de emergencia de los tres primeros meses de pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos ¡ªbeneficios millonarios, f¨¢ciles y r¨¢pidos¡ª a costa de vender mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector p¨²blico adjudic¨® en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de alarma: se permiti¨® contratar de emergencia productos sanitarios sin concurrencia de ofertas, ni l¨ªmite de precios, ni acreditaci¨®n de solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el esc¨¢ndalo del denominado caso Koldo.
El Tribunal de Cuentas fiscaliz¨® entre 2020 y 2022 miles de contratos de la administraci¨®n central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros), de los ayuntamientos m¨¢s poblados de Espa?a y de comunidades aut¨®nomas. En la mayor¨ªa de estos contratos encontr¨® numerosas irregularidades: las adjudicatarias que no demostraban su solvencia ni hab¨ªan acreditado experiencia en el sector fijaban unos precios aparentemente excesivos, pero no encontraban ning¨²n reproche penal, ya que estas operaciones se produc¨ªan en un momento en el que las reglas estaban suspendidas por la emergencia sanitaria que sufr¨ªa el pa¨ªs.
En esas condiciones, numerosos empresarios sin escr¨²pulos lograron beneficios muy superiores a los de su actividad habitual. El Tribunal de Cuentas puso en sus informes cientos de ejemplos de esta situaci¨®n, amparada por el decreto de alarma que el Gobierno aprob¨® el 14 de marzo de 2020.
Ministerio de Sanidad: precio multiplicado por 10 en solo ocho d¨ªas. Sanidad pas¨® de pagar 0,27 euros por mascarilla el 20 de marzo de 2020 a 2,67 euros tan solo ocho d¨ªas despu¨¦s. El precio m¨¢s alto de mascarillas que pag¨® el Instituto Nacional de Gesti¨®n Sanitaria lleg¨® el 3 de abril de 2020: 4,17 euros. Las investigaciones judiciales y fiscales abiertas hasta el momento han acreditado que la mayor¨ªa de intermediarios que ofrecieron mascarillas en las primeras semanas de la pandemia las compraron en China a una media de dos euros.
Caos en el Ayuntamiento de Madrid: 93% de contratos a dedo, precios desorbitados y estafas millonarias. El Tribunal de Cuentas fiscaliz¨® 59 contratos covid del Ayuntamiento de Madrid, la ciudad que m¨¢s caras pag¨® las mascarillas al inicio de la pandemia de las grandes ciudades fiscalizadas. Madrid tan solo pidi¨® ofertas a m¨¢s de una empresa en el 7% de los contratos analizados; el resto (93%) fue adjudicado a dedo, algo permitido en el decreto de alarma. Entre esos contratos, hay dos que acabaron en los tribunales por la estafa perpetrada por sus adjudicatarios. Una consultora con sede en Nueva York propiedad de Philippe Solomon vendi¨® 500.000 mascarillas por 2,5 millones de euros. El Ayuntamiento adelant¨®, a trav¨¦s de la Empresa Funeraria, 1.250.000 euros. El material que lleg¨® era tan defectuoso que la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intent¨® devolverlo sin ¨¦xito. La polic¨ªa no localiza a Solomon en un primer momento y el Ayuntamiento trata de recuperar en los tribunales el dinero adelantado. El segundo contrato, de 11 millones de euros, fue adjudicado a los intermediarios Luis Medina y Alberto Luce?o, sin ninguna relaci¨®n previa con el sector sanitario. Ambos llegaron a la ventanilla del Ayuntamiento a trav¨¦s de un primo del alcalde, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida. Lograron 6 millones de euros en comisiones por su intermediaci¨®n en la venta de productos defectuosos ¡ªy adem¨¢s de los m¨¢s caros en aquellos d¨ªas, a 6,24 euros por mascarilla¡ª por lo que han sido procesados.
La urgencia aliment¨® el pillaje: ¡°Hay que cerrar esta noche, tenemos un mill¨®n a seis euros¡±. La empresa mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid ten¨ªa liquidez suficiente y mecanismos muy ¨¢giles de tramitaci¨®n para atender a la emergencia sanitaria de la pandemia. Cuando el Ayuntamiento de Madrid decidi¨® contratar con Luce?o y Medina, sin saber que estos iban a cobrar comisiones multimillonarias, orden¨® el 24 de marzo y de madrugada a la empresa funeraria aprobar la adjudicaci¨®n: ¡°Nos ofrecen un mill¨®n de mascarillas de grafeno, eficaces y de alta calidad a 6,6 euros por unidad. Debemos cerrar la operaci¨®n esta noche con un anticipo del 50%¡±. Algo parecido, aunque de consecuencias econ¨®micas menos gravosas, ocurri¨® entre el Ministerio de Transportes y la empresa Puertos del Estado. El subsecretario llam¨®: ¡°Un suministrador tiene ocho millones de mascarillas, si lo hacemos r¨¢pido lo conseguimos¡±. El ministerio, previa orden firmada por ?balos, pag¨® 2,5 euros por mascarilla. La empresa que se benefici¨® del contrato abon¨® supuestamente comisiones ilegales al asesor principal del ministro, Koldo Garc¨ªa. Es el primer caso conocido donde una parte del pelotazo conseguido por la adjudicataria acaba en manos de un empleado del ministerio que adjudic¨® el contrato.
¡°Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo¡±. Un alcalde de una de las 12 grandes ciudades investigadas por el Tribunal de Cuentas, explic¨® as¨ª la situaci¨®n: ¡°El problema no es que la empresa o intermediario que nos ofrec¨ªa el material careciera de experiencia en el sector sanitario, eso no era lo importante en aquel momento. El problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada¡±. Uno de los ¡°sablazos¡± m¨¢s investigados por la Fiscal¨ªa fue la venta de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros (un mill¨®n sac¨® en limpio el adjudicatario tras comprar por 2 euros lo que vendi¨® a seis euros). El beneficiado fue un empresario amigo de Isabel D¨ªaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien fich¨® al hermano de la dirigente popular para conseguir contratos de venta de mascarillas. Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso cobr¨® por ese trabajo 269.000 euros. Pero no se pudo demostrar tr¨¢fico de influencias. El amigo y el hermano de Ayuso ofrecieron las mascarillas en la ventanilla de la Consejer¨ªa de Sanidad. Y se les adjudic¨® a dedo el contrato sin saber que eran personas vinculadas a la presidenta regional, seg¨²n concluy¨® la Fiscal¨ªa.
Los tribunales absuelven la transparencia. El entonces alcalde de Valladolid, ?scar Puente, hoy ministro de Transportes, inform¨® en abril de 2020 al pleno del Ayuntamiento que iban a comprar mascarillas a un amigo suyo a 3,35 euros y as¨ª lo dej¨® dicho a los grupos municipales tras consultar con el interventor ante una situaci¨®n de acuciante necesidad. El PP denuncia ahora esos hechos, aunque en su d¨ªa se present¨® una querella de un particular que los tribunales archivaron ante la transparencia que hab¨ªa seguido aquel procedimiento, donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.