El Constitucional suspende el protocolo de menores del Ejecutivo canario

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno contra el protocolo del Ejecutivo de Canarias para recibir a los menores migrantes no acompa?ados que llegan a las islas y contra varios apartados del acuerdo de Gobierno del d¨ªa 2 de septiembre, que prohibi¨® a las ONG que aceptasen recibir menores de la Polic¨ªa sin su consentimiento. La suspensi¨®n se debe porque as¨ª lo ha solicitado el Gobierno, en virtud del art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n, que prev¨¦ la suspensi¨®n autom¨¢tica en este tipo de supuestos cuando existe petici¨®n expresa del Ejecutivo. El 20 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya adopt¨® una medida similar al suspender de manera cautelar¨ªsima el protocolo, tal y como hab¨ªa pedido la Fiscal¨ªa del tribunal auton¨®mico. Este martes, Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirm¨® a su vez la suspensi¨®n del acuerdo alcanzado el d¨ªa 2 por el Ejecutivo auton¨®mico.

En el caso del Constitucional, el ¨®rgano de garant¨ªas explica que ¡°ha suspendido la vigencia y aplicaci¨®n¡± de los apartados recurridos ¡°desde el d¨ªa 26 de septiembre de 2024¡å, fecha en que el Gobierno de Espa?a interpuso su impugnaci¨®n, ¡°lo que ser¨¢ comunicado al presidente de Canarias¡±. Un d¨ªa antes, el 25 de septiembre, el Ejecutivo canario ya solicit¨® al juzgado de lo Contencioso el levantamiento de la suspensi¨®n que hab¨ªa impuesto el d¨ªa 20. Para defender su protocolo, la administraci¨®n canaria sostuvo que las nuevas normas consisten en una instrucci¨®n interna para los empleados p¨²blicos y entidades colaboradoras de la comunidad aut¨®noma. Se a?adi¨® que la medida resultaba necesaria para proteger a los menores sin causar con ello discriminaci¨®n alguna.

Ahora, el Constitucional ha aprobado por unanimidad la admisi¨®n a tr¨¢mite de la impugnaci¨®n de la disposici¨®n auton¨®mica. El recurso obedece a que el Gobierno considera que el acuerdo cuestionado puede vulnerar varios derechos fundamentales y tambi¨¦n competencias regionales en materia de inmigraci¨®n y asistencia a menores no acompa?ados. El Ejecutivo de Canarias, por su parte, ha venido alegando en la batalla jur¨ªdica iniciada que se precisa una mayor implicaci¨®n del Estado frente a la llegada masiva de menores a las islas. El Ejecutivo de Clavijo argumenta que el Estado es titular de competencias exclusivas en materia de extranjer¨ªa y asilo, y que, por tanto, debe hacerse cargo de la gesti¨®n relacionada con la entrada de menores extranjeros en Espa?a y su protecci¨®n. Tambi¨¦n subraya que es el Estado el que debe coordinar la redistribuci¨®n los menores a otras comunidades aut¨®nomas.

Pocos minutos despu¨¦s de conocerse la decisi¨®n del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias propin¨® otro varapalo al Gobierno canario tras confirmar el auto del 25 de septiembre en el que, a petici¨®n de la ONG Red Espa?ola de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado, acord¨® suspender con car¨¢cter cautelar el acuerdo del Gobierno de Canarias que el 2 de septiembre comunica a las entidades colaboradoras en materia de migraci¨®n que ¡°no reciban nuevos migrantes a cargo de esta comunidad aut¨®noma salvo la previa comunicaci¨®n de conformidad o la autorizaci¨®n expresa de las autoridades auton¨®micas competentes¡±.