Interior revisa la vigilancia en torno al fiscal general del Estado despu¨¦s de que se filtren sus datos personales

El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado despu¨¦s de que se hayan filtrado documentos que recogen informaci¨®n personal de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, como la direcci¨®n de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ...

El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado despu¨¦s de que se hayan filtrado documentos que recogen informaci¨®n personal de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, como la direcci¨®n de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el ¨²ltimo informe sobre el contenido del tel¨¦fono m¨®vil de Garc¨ªa Ortiz, al que el alto tribunal investiga por revelaci¨®n de secretos. La documentaci¨®n enviada por la UCO, que se ha notificado a todas las partes personadas en la causa, recoge tambi¨¦n la direcci¨®n postal y los DNI de todas las personas con las que Garc¨ªa Ortiz habl¨® por tel¨¦fono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que se centra la investigaci¨®n, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscal¨ªa e incluso uno de los escoltas del fiscal general. Garc¨ªa Ortiz ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expone que en los documentos enviados a las partes se ha incorporado informaci¨®n que, a su juicio, resulta innecesaria para la causa.

Los datos enviados por la UCO responden a la petici¨®n que le hizo hace unas semanas el juez Hurtado a los agentes para que identificasen a todas las personas a las que hubiera llamado o hubieran llamado a Garc¨ªa Ortiz durante el periodo investigado. Tras recabar esa informaci¨®n de las compa?¨ªas de tel¨¦fono, la Guardia Civil ha enviado al instructor un informe en el que se constata que el fiscal general no habl¨® con ning¨²n periodista ni con nadie ajeno a la Fiscal¨ªa la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la supuesta filtraci¨®n del correo electr¨®nico enviado el 2 de febrero a la Fiscal¨ªa por el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Junto a ese informe, los agentes han enviado tambi¨¦n varios anexos en los que se recogen los n¨²meros que recibieron llamadas o llamaron a Garc¨ªa Ortiz en esos d¨ªas de marzo, y los datos personales de estas personas.

Fuentes consultadas se?alan que el fiscal general se ha dirigido por escrito a la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad para advertir del riesgo que puede suponerle la filtraci¨®n de estos datos, tras lo cual el Ministerio del Interior ha decidido revisar las medidas de seguridad del fiscal general. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se?alan que, en efecto, ¡°se est¨¢ revisando la seguridad¡± de Garc¨ªa Ortiz, pero a¨²n no se ha tomado una decisi¨®n sobre si es necesario reforzarla.

El fiscal general se ha dirigido tambi¨¦n por escrito al CGPJ, al que ha informado de que la informaci¨®n notificada este lunes a las partes por el instructor del Supremo incorpora, ¡°de modo manifiestamente injustificado¡±, los datos del domicilio particular ¡°de todos y cada uno de los titulares de las l¨ªneas telef¨®nicas¡±, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En su escrito, Garc¨ªa Ortiz considera que la inclusi¨®n de estos datos supone ¡°una infracci¨®n muy grave¡± y pide al CGPJ que acuerde ¡°las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protecci¨®n de datos¡± y, en especial, las previstas en el art¨ªculo 66.1 del Reglamento General de Protecci¨®n de Datos, referidas al ¡°bloqueo cautelar de los datos y a la obligaci¨®n inmediata a atender al derecho solicitado¡±.

Garc¨ªa Ortiz recuerda en su escrito que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ordena que las actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean ¡°adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relaci¨®n con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n¡±. El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha confirmado la recepci¨®n de ese escrito, que ha sido a la direcci¨®n de surpervisi¨®n y control de protecci¨®n de datos ¡°para su tramitaci¨®n¡±.

Queja de Dolores Delgado

Entre los tel¨¦fonos que recoge el ¨²ltimo informe de la UCO se encuentra el de Dolores Delgado, fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica y predecesora de Garc¨ªa Ortiz en la Fiscal¨ªa General. Delgado se ha dirigido por carta al presidente en funciones de la Sala Penal, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, y a la presidenta del CGPJ, Isabel Perell¨®, para explicar que se ha enterado por la llamada de una periodista de que su tel¨¦fono figura en el informe porque habl¨® con Garc¨ªa Ortiz los d¨ªas 12 y 13 de marzo. La ex fiscal general reprocha que esa informaci¨®n se haya notificado a las partes ¡°sin adoptar cautela alguna¡± para evitar ¡°la m¨¢s que previsible filtraci¨®n¡±.

Tras la difusi¨®n de estos datos, Delgado asegura que est¨¢ recibiendo ¡°reiteradas llamadas an¨®nimas¡± a las que no est¨¢ respondiendo, ¡°con la consiguiente zozobra e intranquilidad, a la vez que inseguridad¡± para su persona y su trabajo, ¡°por no haberse adoptado aquellas medidas m¨ªnimas de prevenci¨®n¡±. La situaci¨®n le ha llevado, afirma, a solicitar el cambio de terminal para ¡°preservar¡± su seguridad personal y profesional. En los escritos enviados al Supremo y el CGPJ, Delgado explica que la llamada que mantuvo con Garc¨ªa Ortiz el 12 de marzo fue para darle cuenta del curso de formaci¨®n de la 62 promoci¨®n de fiscales; y la del d¨ªa 13, para informarle de un acto al que hab¨ªa acudido en representaci¨®n de la Fiscal¨ªa en Alcal¨¢ de Henares presidido por el Rey.

A lo largo de la instrucci¨®n, la Abogac¨ªa del Estado, que ejerce la defensa de Garc¨ªa Ortiz, ha pedido al juez que ponga coto a las filtraciones que se estaban produciendo en una causa en la que, precisamente, se investiga una supuesta filtraci¨®n. La Abogac¨ªa considera que esta difusi¨®n de datos supone ¡°una brecha de seguridad¡± y vulnera su derecho a la intimidad. Pero el juez no ha adoptado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa. ¡°Impedir tal difusi¨®n supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresi¨®n, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta¡±, se?al¨® el instructor en un auto del pasado 3 de febrero. Si la defensa de Garc¨ªa Ortiz considera que se est¨¢n vulnerando sus derechos, a?ad¨ªa el juez, ¡°siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensi¨®n, acudiendo a la v¨ªa que estime oportuna¡±.

Durante su declaraci¨®n como investigado ante el juez de Supremo, Garc¨ªa Ortiz desvincul¨® de la investigaci¨®n abierta contra ¨¦l el cambio de m¨®vil que hizo el 23 de octubre, una semana despu¨¦s de que el Supremo lo encausara. Garc¨ªa Ortiz argument¨® que su tel¨¦fono alberga informaci¨®n ¡°ultrasensible¡± y su borrado es una ¡°imposici¨®n legal¡±, por lo que ha cambiado de terminal seis veces desde que lleg¨® a la Fiscal¨ªa y elimina habitualmente el contenido de su dispositivo. El ¨²ltimo informe de la UCO acredita que ?lvaro Garc¨ªa Ortiz borr¨® hasta en dos ocasiones todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, el d¨ªa en el que el alto tribunal abri¨® la causa. Los agentes concluyen asimismo que el fiscal general ha borrado ¡°recientemente¡± su cuenta de Gmail por lo que, por ahora, no se ha podido recuperar su contenido, aunque Google ha informado a la Guardia Civil de que ¡°quiz¨¢¡± pueda hacerlo. Fuentes consultadas se?alan que Garc¨ªa Ortiz ha eliminado su cuenta por recomendaci¨®n de los servicios de seguridad del ministerio p¨²blico despu¨¦s de que esta fuera difundida en informes de la UCO y en escritos presentados por las acusaciones.