Interior revisa la vigilancia en torno al fiscal general del Estado despu¨¦s de que se filtren sus datos personales

El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado despu¨¦s de que se hayan filtrado documentos que recogen informaci¨®n personal de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, como la direcci¨®n de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo ?ngel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el ¨²ltimo informe sobre el contenido del tel¨¦fono m¨®vil de Garc¨ªa Ortiz, al que el alto tribunal investiga por revelaci¨®n de secretos. La documentaci¨®n enviada por la UCO, que se ha notificado a todas las partes personadas en la causa, recoge tambi¨¦n la direcci¨®n postal y los DNI de todas las personas con las que Garc¨ªa Ortiz habl¨® por tel¨¦fono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que se centra la investigaci¨®n, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscal¨ªa e incluso uno de los escoltas del fiscal general. Garc¨ªa Ortiz ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expone que en los documentos enviados a las partes se ha incorporado informaci¨®n que, a su juicio, resulta innecesaria para la causa.

Los datos enviados por la UCO responden a la petici¨®n que le hizo hace unas semanas el juez Hurtado a los agentes para que identificasen a todas las personas a las que hubiera llamado o hubieran llamado a Garc¨ªa Ortiz durante el periodo investigado. Tras recabar esa informaci¨®n de las compa?¨ªas de tel¨¦fono, la Guardia Civil ha enviado al instructor un informe en el que se constata que el fiscal general no habl¨® con ning¨²n periodista ni con nadie ajeno a la Fiscal¨ªa la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la supuesta filtraci¨®n del correo electr¨®nico enviado el 2 de febrero a la Fiscal¨ªa por el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Junto a ese informe, los agentes han enviado tambi¨¦n varios anexos en los que se recogen los n¨²meros que recibieron llamadas o llamaron a Garc¨ªa Ortiz en esos d¨ªas de marzo, y los datos personales de estas personas.

Fuentes consultadas se?alan que el fiscal general se ha dirigido por escrito a la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad para advertir del riesgo que puede suponerle la filtraci¨®n de estos datos, tras lo cual el Ministerio del Interior ha decidido revisar las medidas de seguridad del fiscal general. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se?alan que, en efecto, ¡°se est¨¢ revisando la seguridad¡± de Garc¨ªa Ortiz, pero a¨²n no se ha tomado una decisi¨®n sobre si es necesario reforzarla.

El fiscal general se ha dirigido tambi¨¦n por escrito al CGPJ, al que ha informado de que la informaci¨®n notificada este lunes a las partes por el instructor del Supremo incorpora, ¡°de modo manifiestamente injustificado¡±, los datos del domicilio particular ¡°de todos y cada uno de los titulares de las l¨ªneas telef¨®nicas¡±, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En su escrito, Garc¨ªa Ortiz considera que la inclusi¨®n de estos datos supone ¡°una infracci¨®n muy grave¡± y pide al CGPJ que acuerde ¡°las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protecci¨®n de datos¡± y, en especial, las previstas en el art¨ªculo 66.1 del Reglamento General de Protecci¨®n de Datos, referidas al ¡°bloqueo cautelar de los datos y a la obligaci¨®n inmediata a atender al derecho solicitado¡±.

Garc¨ªa Ortiz recuerda en su escrito que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ordena que las actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean ¡°adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relaci¨®n con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n¡±. El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha confirmado la recepci¨®n de ese escrito, que ha sido a la direcci¨®n de surpervisi¨®n y control de protecci¨®n de datos ¡°para su tramitaci¨®n¡±.

Queja de Dolores Delgado

Entre los tel¨¦fonos que recoge el ¨²ltimo informe de la UCO se encuentra el de Dolores Delgado, fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica y predecesora de Garc¨ªa Ortiz en la Fiscal¨ªa General. Delgado se ha dirigido por carta al presidente en funciones de la Sala Penal, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, y a la presidenta del CGPJ, Isabel Perell¨®, para explicar que se ha enterado por la llamada de una periodista de que su tel¨¦fono figura en el informe porque habl¨® con Garc¨ªa Ortiz los d¨ªas 12 y 13 de marzo. La ex fiscal general reprocha que esa informaci¨®n se haya notificado a las partes ¡°sin adoptar cautela alguna¡± para evitar ¡°la m¨¢s que previsible filtraci¨®n¡±.

Tras la difusi¨®n de estos datos, Delgado asegura que est¨¢ recibiendo ¡°reiteradas llamadas an¨®nimas¡± a las que no est¨¢ respondiendo, ¡°con la consiguiente zozobra e intranquilidad, a la vez que inseguridad¡± para su persona y su trabajo, ¡°por no haberse adoptado aquellas medidas m¨ªnimas de prevenci¨®n¡±. La situaci¨®n le ha llevado, afirma, a solicitar el cambio de terminal para ¡°preservar¡± su seguridad personal y profesional. En los escritos enviados al Supremo y el CGPJ, Delgado explica que la llamada que mantuvo con Garc¨ªa Ortiz el 12 de marzo fue para darle cuenta del curso de formaci¨®n de la 62 promoci¨®n de fiscales; y la del d¨ªa 13, para informarle de un acto al que hab¨ªa acudido en representaci¨®n de la Fiscal¨ªa en Alcal¨¢ de Henares presidido por el Rey.

A lo largo de la instrucci¨®n, la Abogac¨ªa del Estado, que ejerce la defensa de Garc¨ªa Ortiz, ha pedido al juez que ponga coto a las filtraciones que se estaban produciendo en una causa en la que, precisamente, se investiga una supuesta filtraci¨®n. La Abogac¨ªa considera que esta difusi¨®n de datos supone ¡°una brecha de seguridad¡± y vulnera su derecho a la intimidad. Pero el juez no ha adoptado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa. ¡°Impedir tal difusi¨®n supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresi¨®n, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta¡±, se?al¨® el instructor en un auto del pasado 3 de febrero. Si la defensa de Garc¨ªa Ortiz considera que se est¨¢n vulnerando sus derechos, a?ad¨ªa el juez, ¡°siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensi¨®n, acudiendo a la v¨ªa que estime oportuna¡±.

Durante su declaraci¨®n como investigado ante el juez de Supremo, Garc¨ªa Ortiz desvincul¨® de la investigaci¨®n abierta contra ¨¦l el cambio de m¨®vil que hizo el 23 de octubre, una semana despu¨¦s de que el Supremo lo encausara. Garc¨ªa Ortiz argument¨® que su tel¨¦fono alberga informaci¨®n ¡°ultrasensible¡± y su borrado es una ¡°imposici¨®n legal¡±, por lo que ha cambiado de terminal seis veces desde que lleg¨® a la Fiscal¨ªa y elimina habitualmente el contenido de su dispositivo. El ¨²ltimo informe de la UCO acredita que ?lvaro Garc¨ªa Ortiz borr¨® hasta en dos ocasiones todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, el d¨ªa en el que el alto tribunal abri¨® la causa. Los agentes concluyen asimismo que el fiscal general ha borrado ¡°recientemente¡± su cuenta de Gmail por lo que, por ahora, no se ha podido recuperar su contenido, aunque Google ha informado a la Guardia Civil de que ¡°quiz¨¢¡± pueda hacerlo. Fuentes consultadas se?alan que Garc¨ªa Ortiz ha eliminado su cuenta por recomendaci¨®n de los servicios de seguridad del ministerio p¨²blico despu¨¦s de que esta fuera difundida en informes de la UCO y en escritos presentados por las acusaciones.