Una grieta legal permite a los narcos reutilizar los bienes de las plantaciones de marihuana
La Guardia Civil alerta de que algunos jueces ordenan precintar los aparatos para cultivar esta droga, que son robados para perpetuar el negocio criminal
Las operaciones policiales contra el narco con grandes plantaciones de marihuana implican a veces una paradoja: los agentes acuden al registro, se llevan miles de plantas para destruirlas, pero dejan precintados los aires acondicionados, las l¨¢mparas, los ventiladores, los filtros de aire... todo el aparataje que produce hasta cinco cosechas al a?o en cultivos a cubierto se abandona, por lo que tan pronto sale del lugar la comitiva judicial, los grupos criminales se llevan estos valiosos utensilios para reutilizarlos en otras plantaciones. ...
Las operaciones policiales contra el narco con grandes plantaciones de marihuana implican a veces una paradoja: los agentes acuden al registro, se llevan miles de plantas para destruirlas, pero dejan precintados los aires acondicionados, las l¨¢mparas, los ventiladores, los filtros de aire... todo el aparataje que produce hasta cinco cosechas al a?o en cultivos a cubierto se abandona, por lo que tan pronto sale del lugar la comitiva judicial, los grupos criminales se llevan estos valiosos utensilios para reutilizarlos en otras plantaciones. Y vuelta a empezar.
En provincias como Granada, Valencia o Tarragona las operaciones son un goteo constante cada semana, con intervenciones en chal¨¦s alquilados repletos de macetas, en s¨®tanos y naves de fincas con dif¨ªcil acceso y narcopisos en barrios humildes. Las bandas buscan cualquier f¨®rmula para que el negocio de los cogollos florezca y ahora han encontrado una v¨ªa de financiaci¨®n in¨¦dita con la colaboraci¨®n involuntaria de la justicia.
La Guardia Civil alerta de que un fallo en el sistema ha provocado que un porcentaje de los jueces de instrucci¨®n evite autorizar la destrucci¨®n inmediata o donaci¨®n de los aparatos -que alcanzan los 35.000 euros- y opten por su precinto, lo que deviene en un robo que queda impune, ya que ninguna autoridad pregunta por estos bienes y verifica que el precinto se respete. ¡°Solo cogemos las macetas de marihuana y les decimos a los malos ¡®eso queda bajo tu responsabilidad¡¯. Se levanta acta y nadie comprueba esos bienes, nadie pregunta por ellos. Estamos atados de pies y manos y los aparatos siempre desaparecen¡±, se lamentan fuentes del instituto armado. Una vez puesto el precinto policial, las Fuerzas de Seguridad no regresan al lugar para verificar si se ha roto y los bienes han desaparecido.
La mayor¨ªa de los magistrados autoriza la destrucci¨®n in situ de los aparatos, pero hay un porcentaje creciente que despu¨¦s de recibir recursos interpuestos por los abogados de los delincuentes, prefieren no correr riesgos. La clave es que desde 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija que todos los bienes incautados a los clanes de narcotraficantes con un valor econ¨®mico deben gestionarse a trav¨¦s del Ministerio de Justicia, para que esta dictamine si es posible subastarlos o donarlos.
Antes de esta consulta, el juzgado debe iniciar un procedimiento de identificaci¨®n de los bienes y pedir informe a las partes personadas, ya que la destrucci¨®n de bienes solo est¨¢ justificada si son peligrosos, t¨®xicos o perecederos, como explosivos, drogas o comida. Y a eso se agarran los letrados, que aprovechan las grietas legales y son escuchados por los jueces, que ordenan respetar el aparataje en funci¨®n de la norma y esto provoca que los cultivos prosigan.
La Guardia Civil critica que algunos magistrados siguen pensando que las bandas que trafican con marihuana no conllevan violencia. ¡°Hay muchos jueces que con la marihuana son reticentes a limitar derechos con intervenciones telef¨®nicas, balizas, y entradas y registros. Pero claro que hay violencia y ajustes de cuentas, competencia y robos. Hay bandas que se han pasado de la coca¨ªna a la marihuana y la relaci¨®n riesgo beneficio es muy buena por las condenas tan bajas que acarrean¡±, ilustran fuentes del instituto armado.
Un abogado de narcos con despacho en Sevilla ratifica la alfombra roja para este tr¨¢fico ilegal: ¡°No hay ning¨²n control sobre los focos y los aparatos, no se les sigue la pista y a veces la familia nos llama para preguntarnos si deben d¨¢rselos al juzgado¡±. En esta provincia andaluza y en muchas otras, las bandas innovan para evitar la detecci¨®n del calor que desprenden las plantaciones, captado desde el cielo por las c¨¢maras t¨¦rmicas de los helic¨®pteros policiales. ¡°Hace pocos meses han salido las l¨¢mparas led que no emiten calor y no se chivan, es mucho m¨¢s dif¨ªcil detectarlas¡±, conf¨ªa el letrado bajo anonimato. En una gran plantaci¨®n rural se pueden incautar entre 10 y 15 aparatos de aire acondicionado y entre 50 y 60 l¨¢mparas, seg¨²n apunta un agente.
La Oficina de Recuperaci¨®n y Gesti¨®n de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia se cre¨® para aprovechar bienes como barcos o casas de los grandes grupos criminales europeos y darles un uso mediante subasta, pero hace a?os que la ORGA debe responder a todos los juzgados del pa¨ªs para establecer la valoraci¨®n de cualquier bien incautado que atesore valor econ¨®mico, incluidos los aparatos de aires acondicionados, con un valor mucho menor. ¡°La ORGA est¨¢ saturada y hay atasco, tarda mucho para no cometer errores. Es imposible que gestione todos los efectos. Deber¨ªa dejarse la enajenaci¨®n anticipada de bienes a cada juzgado, como estaba antes¡±, se quejan fuentes del instituto armado.
Fuentes del Ministerio de Justicia rebaten esta queja y aseguran que el ritmo de la ORGA es ¨®ptimo y no hay atasco: ¡°En cuanto recibimos una petici¨®n, se resuelve en 24 ¨® 48 horas. Pero a veces no tenemos la informaci¨®n de los bienes incautados y se demora el inventario, el cuello de botella se produce en los cuarteles o en los juzgados, no nos faltan funcionarios y somos muy diligentes¡±, defienden fuentes del organismo, que cuenta con unos 50 empleados.
Un juez de instrucci¨®n de Sevilla reflexiona bajo anonimato sobre las dificultades de las intervenciones contra la marihuana: ¡°En un mundo perfecto los Gobiernos regionales tendr¨ªan un electricista que desmontar¨ªa los aparatos para llevarlos al dep¨®sito judicial o donarlos, o tendr¨ªamos un polic¨ªa custodiando el precinto, pero debe primar el sentido com¨²n: es necesario acordar la destrucci¨®n, que est¨¢ entre las facultades del juez¡±. Ante el destrozo del aparataje, el narco tiene pocas opciones de recurrir a posteriori porque este se considera ¡°instrumento del delito¡±, a no ser que finalmente resulte absuelto en sentencia.
El problema de fondo radica en el volumen tan alto de incautaciones de bienes por el bum de la marihuana; que las Administraciones carecen de dep¨®sitos judiciales para almacenarlos; y tampoco han articulado un mecanismo ¨¢gil para facilitar la donaci¨®n a ONG o centros escolares, aunque provincias como Sevilla lo estudia desde hace meses. Desde 2019 la Comandancia de C¨¢diz de la Guardia Civil dona cada aparato de aire acondicionado a los colegios p¨²blicos que lo requieren, pero es la ¨²nica que lo hace en todo el pa¨ªs, seg¨²n la ORGA. ¡°No tenemos medios y el sistema no funciona. En un causa, lo principal es la situaci¨®n personal de los investigados, los efectos judiciales son secundarios y se van quedando para el final¡±, lamentan fuentes de la Fiscal¨ªa Antidroga.
La explosi¨®n de la marihuana cultivada en Espa?a pero comercializada en la Pen¨ªnsula y Europa, ha sido exponencial con bandas espa?olas, polacas, chinas, marroqu¨ªes o albanesas: si en 2017 se incautaron 20 toneladas, el a?o siguiente 29, en 2019 fueron 32, en 2020 subieron a 70 y en 2021 se intervinieron 139 (un 99% m¨¢s), seg¨²n la estad¨ªstica anual sobre drogas del Ministerio del Interior. Con 7.876 detenciones por esta droga en 2021, Andaluc¨ªa acumul¨® ese a?o -¨²ltimo con datos oficiales- m¨¢s de la mitad de las aprehensiones (53%), seguida de Catalu?a (13%) y Comunidad Valenciana (12%).