Los exmiembros de la Mesa del Parlament invocan la inviolabilidad parlamentaria como defensa
Juicio a cinco exdiputados por supuesta desobediencia por las leyes de desconexi¨®n de 2017
La l¨ªnea de defensa de los exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentaron este martes en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusados por un supuesto delito de desobediencia por su implicaci¨®n en el proceso soberanista, es que les protege la ¡°inviolabilidad parlamentaria¡±. Por ello, adujeron que todo el procedimiento judicial, calcado en parte del que se vio en la causa del proc¨¦s en el Tribunal Supremo, era ¡°nulo¡±. Otro argumen...
La l¨ªnea de defensa de los exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentaron este martes en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusados por un supuesto delito de desobediencia por su implicaci¨®n en el proceso soberanista, es que les protege la ¡°inviolabilidad parlamentaria¡±. Por ello, adujeron que todo el procedimiento judicial, calcado en parte del que se vio en la causa del proc¨¦s en el Tribunal Supremo, era ¡°nulo¡±. Otro argumento de los encausados es que la Mesa del Parlament no tiene la iniciativa parlamentaria, sino que se limita a tramitarla. La vista, que continuar¨¢ este mi¨¦rcoles y el viernes, ha recordado las ca¨®ticas sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando se aprobaron la Ley del Referendum y la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica y Fundacional de la Rep¨²blica.
Una comitiva de solidaridad, encabezada por el presidente del Parlament catal¨¢n, Roger Torrent, acompa?aba a los acusados hasta la entrada en el Palacio de Justicia. Ha sido la cuarta vez que se ha fijado la fecha del juicio contra los cuatro diputados que formaban parte de la Mesa del Parlament en 2017, LLuis Maria Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Ramona Barrufet y Anna Sim¨®, y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Todos ellos est¨¢n acusados de un delito de desobediencia supuestamente cometido en la tramitaci¨®n de las leyes de desconexi¨®n que acabaron con la declaraci¨®n de independencia de octubre de 2017.
La Fiscal¨ªa pide para cada uno de ellos 20 meses de inhabilitaci¨®n por un delito de desobediencia grave. Una acusaci¨®n por la que fue juzgada y condenada la presidenta de la Mesa en aquella fecha, Carme Forcadell, adem¨¢s de por sedici¨®n. Cuando el Parlament vot¨® aquellas resoluciones y otras anteriores que tambi¨¦n fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional, Corominas y Guin¨® eran exvicepresidentes de la C¨¢mara catalana, Barrufet era secretaria cuarta -los tres miembros del PDeCAT- y Sim¨® (ERC) era secretaria primera. De los cinco que han compartido el banquillo en un juicio que est¨¢ previsto que se prolongue tres d¨ªas, solo Guin¨® sigue en primera l¨ªnea pol¨ªtica como alcalde de Besal¨².
Uno de los caballos de batalla de la vista entre fiscal y defensas fue el alcance de los actos de la Mesa del Parlament. El ex diputado Corominas insisti¨® en que los miembros de la Mesa del Parlament no ten¨ªan capacidad de impulsar iniciativas legislativas: ¡°La Mesa no tiene iniciativa parlamentaria, estas corresponden a los grupos parlamentarios, a un n¨²mero determinado de diputados, las que impulsa el propio Govern o las que proceden de la iniciativa popular¡±. En su declaraci¨®n, solo a preguntas de su letrada, Judit Gen¨¦, volvi¨® una y otra vez a la tesis de que la funci¨®n de la Mesa es comprobar que se cumplan los requisitos formales que establece el reglamento del Parlamento ¡°sin entrar en el contenido de ellas¡±.
A preguntas de la defensa se expres¨® en parecidos t¨¦rminos la ex diputada Sim¨® que a?adi¨® que las advertencias del letrado mayor sobre la inconstitucionalidad de las resoluciones no influyeron en el criterio de la Mesa: ¡°Sus opiniones no son vinculantes, la Mesa tiene criterio propio¡±. Para los acusados, su actuaci¨®n era la de permitir el debate parlamentario y admitir las resoluciones, proposiciones y declaraciones que ten¨ªan como objetivo construir un supuesto marco legal de construcci¨®n de la Rep¨²blica catalana. ¡°No se puede pedir que la mesa act¨²e como censora y que emitamos juicio sobre las iniciativas¡±, asever¨® Barrufet.
La ¨²nica acusada que se descolg¨® de esa l¨ªnea argumental fue la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, una de las firmantes de los textos que hicieron de paraguas del referendum del 1 de Octubre. Asegur¨® que no s¨¦ incurri¨® en ninguna ilegalidad con la Ley del Referendum ni la de Transitoriedad porque ambas estaban avaladas por la mayor¨ªa del Parlament ¡°y del 80% de la poblaci¨®n catalana¡± y asegur¨® que los ¨²nicos derechos que se vulneraron en octubre de 2017 fueron los de ¡°los dos millones de personas que votaron en el refer¨¦ndum¡±.
El juicio record¨® parte de las tesis y argumentaciones de fiscal y defensas en la vista que se sigui¨® en el Tribunal Supremo contra los exconsejeros del Govern condenados a penas de entre 8 y 13 a?os por sedici¨®n. Por ejemplo, la tesis de la inviolabilidad parlamentaria. Seg¨²n las defensas de los acusados todo el proceso judicial era ¡°nulo de pleno derecho¡± porque la jurisdicci¨®n penal no ha respetado la inviolabilidad parlamentaria que, en su opini¨®n, ampara a los acusados.
¡°La inviolabilidad parlamentaria es un instrumento de garant¨ªa legislativa que se vincula a derechos fundamentales, como la libertad de expresi¨®n. Por eso se invoca en este proceso, entendemos que es una garant¨ªa de libertad que tiene que ser protegida por el poder jurisdiccional y no perseguida¡±, ha sostenido el letrado Ram¨®n Tom¨¢s, que representa a la ex diputada Sim¨® y el que ha asumido la defensa de esa tesis conjunta de todos los acusados. La cuesti¨®n de la inviolabilidad parlamentaria tambi¨¦n fue argumentada en el juicio del proc¨¦s de los ex consejeros del Govern en el Tribunal Supremo, que la desestim¨®: ¡°ya veremos la evoluci¨®n de la firmeza de esa sentencia con el tiempo¡±, ha a?adido Tom¨¢s.
El fiscal neg¨® ese extremo: ¡°Es un derecho, pero no es ilimitado, y no puede ser excedido o transgredido y por eso es susceptible del control judicial. Lo contrario seria que un poder del estado est¨¦ por encima del otro¡±, afirm¨® el fiscal Pedro Ariche. La misma postura compartieron la abogac¨ªa del Estado y Vox que ejerce la acusaci¨®n particular y que al inicio de la vista retir¨® la acusaci¨®n de organizaci¨®n criminal que hab¨ªa formulado contra encausados y que ya fue desestimada en el juicio del proc¨¦s en el Tribunal Supremo.
Problemas de calendario de las defensas, la separaci¨®n de la causa del que tambi¨¦n era miembro entonces de la Mesa, el diputado Joan Josep Nuet cuando fue elegido en el Congreso en las ¨²ltimas generales -procedimiento que est¨¢ en el Tribunal Supremo- y la imposibilidad de hacer la vista en abril pasado por la pandemia, provocaron hasta tres suspensiones de una vista que se ha iniciado esta ma?ana.