Barcelona alerta de pr¨¢cticas racistas contra los inquilinos: ¡°Tranquilo, no alquilar¨¦ tu piso a inmigrantes¡±
El Ayuntamiento de Barcelona constata que el 62% de los agentes inmobiliarios, si el propietario lo pide, pone trabas a arrendar a migrantes
El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un estudio en el que constata que el 62% de los agentes inmobiliarios de la ciudad aceptan pr¨¢cticas racistas a la hora de alquilar pisos. El estudio concluye que los agentes inmobiliarios, si el propietario lo pide, ponen trabas para alquilar pisos a inmigrantes. El regidor de derechos de la ciudadan¨ªa, Marc Serra, ha recordado este jueves que uno de cada cuatro barceloneses ha nacido fuera del Espa?a lo que supone qu...
El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un estudio en el que constata que el 62% de los agentes inmobiliarios de la ciudad aceptan pr¨¢cticas racistas a la hora de alquilar pisos. El estudio concluye que los agentes inmobiliarios, si el propietario lo pide, ponen trabas para alquilar pisos a inmigrantes. El regidor de derechos de la ciudadan¨ªa, Marc Serra, ha recordado este jueves que uno de cada cuatro barceloneses ha nacido fuera del Espa?a lo que supone que estas pr¨¢cticas racistas pueden afectar al 25% de los vecinos. Serra ha recordado que el a?o pasado se impusieron dos sanciones: una a un propietario por ofrecer un alquiler ¡°solo a espa?oles¡± y la otra por una caso de discriminaci¨®n directa a un posible inquilino. El consejal lamenta que el Consistorio no tenga competencias para luchar contra estas pr¨¢cticas pero amenaza con denunciarlas siempre que tenga conocimiento de las mismas.
Ariadna Fit¨®, ha explicado c¨®mo ha efectuado el estudio: ¡°Hemos realizado 350 llamadas a diferentes agentes inmobiliarios (en Barcelona hay 2.358 agentes) fingiendo ser propietarios de un piso que quer¨ªamos alquilar pero exigiendo que en el proceso de selecci¨®n se excluyera a ¡°personas inmigrantes¡±. Las respuesta que han dado esta muestra de agentes inmobiliarios son claras: El 62% aceptaron esa condici¨®n impuesta y aseguraron al supuesto propietario del piso que excluir¨ªan a los inmigrantes del proceso de selecci¨®n. Hay un 24% que asesor¨® al propietario advirti¨¦ndole que no puede excluir extranjeros pero les admitieron que utilizar¨¢ t¨¦cnicas para que no optaran al piso. El 19,4% admiti¨® al supuesto propietario que la discriminaci¨®n a inmigrantes no se puede publicar en un anuncio pero aseguraron que existen otras maneras de impedir el acceso a la vivienda a estos colectivos. Algunos incluso informaron de c¨®mo lo har¨ªan: pidiendo informaci¨®n en la llamada telef¨®nica (ya descartan por el nombre), el acento o lengua, en la visita, descartando por el aspecto, indumentaria y ya finalmente rechazando candidatos con la documentaci¨®n que presentan antes de contratar el alquiler. Solo el 10% del total de encuestados se negaron a aceptar la propuesta. Serra destac¨® que el 15% de los colegiados preguntados en la encuesta se negaron a la clausura xen¨®foba frente al 5% de los no colegiados
El Ayuntamiento ha trasladado los resultados del experimento al colegio de Administradores de Propiedad Inmobiliarias (APIs) y a la C¨¢mara de la Propiedad Urbana. A¨²n as¨ª, Serra destac¨® que hay una diferencia notable entre las pr¨¢cticas de los agentes colegiados y los que no lo est¨¢n. ¡°Tres de cada cuatro agentes no colegiados aceptan las pr¨¢cticas racistas mientras que aceptaron estas pr¨¢cticas el 49% de los colegiados¡±, mantiene Serra. A¨²n as¨ª, el concejal sostiene que son unas cifras inaceptables y pone al servicio de la ciudadan¨ªa y de las propias APIs la Oficina para la No Discriminaci¨®n (OND) para acabar as¨ª con estos comportamiento.
Fit¨® destaca que la petici¨®n del propietario ficticio del experimento habla ¨²nicamente de no aceptar ¡°inmigrantes¡± sin dar ning¨²n tipo de explicaci¨®n sobre etnia, religi¨®n ni clase social y eso hace entender que, de forma velada, la discriminaci¨®n va dirigida a personas que provienen de determinados pa¨ªses. El concejal confiesa que el hecho de que la discriminaci¨®n no se explicite ni publique es una dificultad para probar estas discriminaciones y sancionarlas.