La Generalitat tramita solo la mitad de las multas por la ¡®ley mordaza¡¯

La Generalitat tiene un problema con la gesti¨®n de las actas ¡ªel paso previo a una multa¡ª que imponen los Mossos y las polic¨ªas locales por la Ley de protecci¨®n de la seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza. En los ¨²ltimos siete a?os, las cifras revelan que solo se han tramitado el 40% del m¨¢s de medio mill¨®n de propuestas de sanci¨®n. Tras un an¨¢lisis pormenorizado, el Departamento de Interior lo eleva a un 50%. Alega que los datos no dejan constancia de las multas...

La Generalitat tiene un problema con la gesti¨®n de las actas ¡ªel paso previo a una multa¡ª que imponen los Mossos y las polic¨ªas locales por la Ley de protecci¨®n de la seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza. En los ¨²ltimos siete a?os, las cifras revelan que solo se han tramitado el 40% del m¨¢s de medio mill¨®n de propuestas de sanci¨®n. Tras un an¨¢lisis pormenorizado, el Departamento de Interior lo eleva a un 50%. Alega que los datos no dejan constancia de las multas revisadas y descartadas: porque o bien no se han imputado por la Ley de salud p¨²blica, en el caso de algunas sanciones por la pandemia, o porque no son competentes. Y esgrimen que la reforma de la Ley, en 2015, adem¨¢s de la crisis sanitaria, ha disparado los expedientes a los que debe hacer frente la Direcci¨®n General de Administraci¨®n de la seguridad (DGAS).

Una multa por la Ley de seguridad ciudadana, antes de convertirse en una sanci¨®n, es un acta que levanta un polic¨ªa. Despu¨¦s pasa por las manos del Departamento de Interior, que mediante la DGAS tramita esos expedientes. Las multas prescriben a los seis meses, al a?o o a los dos a?os de haberse cometido, seg¨²n sean leves, graves o muy graves. La ley recoge m¨²ltiples supuestos sancionables, m¨¢s all¨¢ de los que tradicionalmente se atribuyen a esta norma: posesi¨®n de drogas, celebraci¨®n de espect¨¢culos, proyecci¨®n de ejes de luz, perturbaci¨®n de la seguridad en actos p¨²blicos o deportivos, des¨®rdenes, obstrucci¨®n a la autoridad, escalada de edificios, solicitud de servicios sexuales, entre otras.

La Generalitat ha resuelto 240.000 expedientes frente a las 610.500 actas levantadas por las polic¨ªas desde 2015, seg¨²n datos a los que ha tenido acceso EL PA?S. El Departamento que dirige Joan Ignasi Elena rebate que, tras su an¨¢lisis, la DGAS ha tramitado 245.000 expedientes de un total de 470.000 actas v¨¢lidas. Para paliar la situaci¨®n, aseguran que se reforzar¨¢ la DGAS con seis personas, y a?adir¨¢n una nueva casilla en las estad¨ªsticas: las actas archivadas antes de su tramitaci¨®n por distintos problemas de forma o de competencia.

La situaci¨®n m¨¢s grave, en cifras absolutas, es la de las sanciones por tenencia de drogas en la calle. La polic¨ªa ha levantado en siete a?os m¨¢s de 238.000 actas. El Departamento de Interior ha tramitado casi 65.000, que suponen menos del 30%. La explicaci¨®n radica en los laboratorios de los Mossos. Saturados, indica el Departamento de Interior, priorizan el an¨¢lisis de las muestras de drogas en procesos penales antes que los administrativos. Y la DGAS no tramita sin ese an¨¢lisis. Los datos demuestran una situaci¨®n estancada en los ¨²ltimos a?os. ¡°Supone perder el control de lo que pasa en la calle, ese control informal con sanciones que nunca llegan¡±, lamentan fuentes policiales.

Para intentar corregir esa desviaci¨®n, Interior ha reforzado el laboratorio de los Mossos con tres personas que se suman a una plantilla de 16. Las opciones para solucionarlo estudiadas hasta el momento no han servido. En verano se puso sobre la mesa que laboratorios externos analizasen las muestras, con un coste de entre dos y tres millones euros al a?o, explica Interior. Pero debido a la saturaci¨®n por la covid, tampoco llegaban a todo, explica un portavoz del Departamento, por lo que se descart¨®. Desde noviembre, el laboratorio de los Mossos d¡¯Esquadra ha vuelto a analizar las muestras de drogas de las intervenciones administrativas.

La desviaci¨®n tambi¨¦n es considerable en el caso de las multas impuestas por desobediencia. De las cerca de 50.000 actas levantadas desde 2015, el Departamento de Interior ha tramitado unas 15.000 (un 30%). En este caso, indican fuentes policiales y coinciden desde el Departamento, es fundamental el efecto de la pandemia, que ha duplicado el n¨²mero de sanciones, y donde las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria causaron situaciones de enfrentamientos con las polic¨ªas. Interior asegura que unas 21.000 actas est¨¢n mal imputadas, indica un portavoz, y que deber¨ªan haberse tramitado por la Ley de salud p¨²blica.

Las propuestas de sanci¨®n por ocupaciones de inmuebles en contra de la voluntad del propietario (2.300 sanciones y 440 tramitadas), los da?os de bienes inmuebles (5.600 actas, 1.200 tramitadas) tambi¨¦n se quedan en un 20% de tramitaci¨®n. Y por debajo de todos los preceptos, las sanciones que menos ha tramitado el Departamento son por el art¨ªculo 35.2 de la Ley de seguridad ciudadana, que se refiere al mal uso y falta de permiso en el uso de armas, explosivos o art¨ªculos pirot¨¦cnicos, entre otros. De las 13.100 actas levantadas, la DGAS ha gestionado 48 (el 0,2%). Interior alega que es una competencia de la Guardia Civil, motivo por el cual no se han gestionado.

La DGAS est¨¢ en el centro de la pol¨¦mica desde que el Departamento de Interior anunciase la aplicaci¨®n de nuevos criterios para burlar algunos preceptos de la ley mordaza. El criterio general, en base a la jurisprudencia, es no sancionar en las protestas o manifestaciones en las que no haya violencia.

La marcha no comunicada, jam¨¢s sancionada

Convocar una manifestaci¨®n o una concentraci¨®n en un lugar de tr¨¢nsito est¨¢ sujeto a una comunicaci¨®n previa a la autoridad gubernativa, en este caso al Departamento de Interior. As¨ª lo establece la ley reguladora del derecho de reuni¨®n, que data de 1983. Y no hacerlo es una sanci¨®n leve, seg¨²n recoge la Ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza. A pesar de eso, el Departamento de Interior de la Generalitat no ha multado pr¨¢cticamente nunca por ese supuesto, aunque la polic¨ªa ha abierto numerosas actas, especialmente desde 2017, con un mayor n¨²mero de protestas en la calle debido al proc¨¦s.

De las 6.500 actas levantadas por la polic¨ªa en siete a?os, el Departamento de Interior ha tramitado 31 expedientes. En una ponderaci¨®n de derechos, asegura el Departamento que dirige Joan Ignasi Elena (ERC), no se han tenido en cuenta las manifestaciones no comunicadas pac¨ªficas, que son la mayor¨ªa. Entre 2017 y 2021 se han impuesto 6.300 propuestas de sanciones, frente a las poco m¨¢s de 200 de los dos a?os anteriores.

La nula tramitaci¨®n de este tipo de supuesto ha ocurrido bajo el mandato de pol¨ªticos de todos los colores. Los ¨²ltimos cinco a?os, con el mayor n¨²mero de sanciones, el Departamento ha estado dirigido por Jordi Jan¨¦, Joaquim Forn, Miquel Buch y Miquel S¨¤mper, todos ellos vinculados a Junts per Catalunya. Pero tampoco se gestion¨® un mayor n¨²mero de esas sanciones durante los casi ocho meses que el Departamento permaneci¨® intervenido con la suspensi¨®n de la autonom¨ªa a trav¨¦s de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n (octubre de 2017-junio de 2018). Interior alega adem¨¢s que en ocasiones varias actas corresponden a una sola persona, lo que se traduce en un ¨²nico expediente.