As¨ª burla la Generalitat de Catalu?a la ley de seguridad ciudadana

La Generalitat de Catalu?a ha puesto negro sobre blanco c¨®mo lo har¨¢n sus trabajadores para burlar la ley de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza, y as¨ª no sancionar en manifestaciones no comunicadas, en desahucios o en cualquier otro tipo de protesta, siempre que sea pac¨ªfica. Un documento interno del Departamento de Interior, al que ha tenido acceso EL PA?S, detalla a los funcionarios responsables de tramitar las multas que imponen los Mossos d¡¯Esquadra el criterio que deben tener en cuenta, apoy¨¢ndose en la jurisprudencia, para no aplicar la ley vigente.

La intenci¨®n principal del Departamento de Interior catal¨¢n es evitar las numerosas sanciones impuestas a movimientos sociales y partidos pol¨ªticos -principalmente a la CUP-, en protestas contra desahucios. Los Mossos d¡¯Esquadra hallaron en las sanciones por obstrucci¨®n a la autoridad una forma de frenar las concentraciones que imped¨ªan intervenir a las comitivas judiciales. El Departamento, que dirige Joan Ignasi Elena (ERC), no ordena a la polic¨ªa catalana que deje de levantar actas, como se conoce el procedimiento previo a que se incoe una sanci¨®n. Lo que hace es detallar a los funcionarios de la Direcci¨®n General de Administraci¨®n de la Seguridad (DGAS) ¨Cresponsables de tramitar las multas- una interpretaci¨®n basada en la jurisprudencia del Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que archiven esas sanciones.

En los casos de desahucios, el documento de 25 p¨¢ginas de la Generalitat, plagado de citas a pie de p¨¢gina de sentencias, deja claro que una protesta pac¨ªfica no es sancionable. Cuando se trata ¡°de posicionarse meramente delante de la puerta de acceso¡± a la vivienda a desalojar ¡°y no irse a pesar de las indicaciones del mando policial, sin ning¨²n acto de violencia ni de resistencia f¨ªsica m¨¢s all¨¢ de obligar a los agentes a retirar las personas implicadas¡± para llevar a cabo la orden judicial, con una actitud ¡°puramente pasiva, por ejemplo, sentados en el suelo¡± ser archivar¨¢n las sanciones. ¡°La conducta se mantiene dentro de los l¨ªmites constitucionales del ejercicio l¨ªcito del derecho fundamental¡±, sostiene el Departamento, porque ¡°no comporta un perjuicio ni una lesi¨®n de los bienes jur¨ªdicos protegidos suficiente como para justificar el sacrificio de unos derechos fundamentales tan trascendentes¡±.

Tambi¨¦n aborda una pr¨¢ctica ya habitual desde hace a?os en el Departamento de Interior: no tramitar las actas levantadas en las manifestaciones no comunicadas. El documento detalla que se ¡°requerir¨¢ de un juicio de proporcionalidad¡± y no multar en el caso de una manifestaci¨®n pac¨ªfica y cuando ¡°concurra en circunstancias como la necesidad de dar respuesta inmediata a un acontecimiento actual¡±. Desde 2015, los Mossos y las polic¨ªas locales han abierto cerca de 6.500 actas por falta de comunicaci¨®n o en manifestaciones comunicadas, pero con cambios sustanciales de los planes iniciales. El Departamento no ha tramitado ninguna de esas sanciones.

El texto tambi¨¦n se refiere a otros detalles, como la necesidad de discernir entre quienes cometen actos violentos dentro de un grupo de participantes en una protesta. ¡°Habr¨¢ que considerar que solo la concreta persona o personas que efectivamente hayan cometido estas conductas o hayan participado de manera efectiva y relevante en el exceso de los otros ser¨ªan merecedoras de sanci¨®n¡±, indica. O la informaci¨®n, como un derecho fundamental a defender, diferenciado a los periodistas ¡°del resto de intervinientes en la protesta¡± para no multarlos

El anuncio del Departamento de Interior de que no aplicar¨¢ la ley mordaza haciendo una interpretaci¨®n de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos humanos levant¨® ampollas entre los sindicatos policiales. ¡°Nadie nos ha informado. Nos gustar¨ªa saber en qu¨¦ jurisprudencia se basa¡±, pidi¨® el secretario general del sindicato mayoritario en Mossos, Sap-Fepol, Pere Garcia, que record¨® que ¡°la ley es la que¡±. USPAC critic¨® que supon¨ªa un menoscabo a la autoridad de la polic¨ªa, que seguir¨¢ multando, a sabiendas de que ser¨¢ un trabajo en balde. ¡°Es una forma de destipificar una ley que ¨²nicamente un legislador puede tocar¡±, critican fuentes policiales.

En la comisi¨®n de modelo de orden p¨²blico, que se celebra desde hace semanas en el Parlamento catal¨¢n para decidir el futuro de las pelotas de foam que utilizan los antidisturbios (Brimo), tambi¨¦n sali¨® el tema. El diputado de PSC- Units, Ramon Espadaler, lament¨® que la directora de la DGAS, S¨°nia Andolz, presente en el encuentro, no respondiese ¡°ni una¡± de las preguntas sobre la ¡°retirada de sanciones¡±. El documento del Departamento de Interior deja claro que se estudiar¨¢ caso a caso y cuando se considere que aplicando la jurisprudencia no se vulnera un derecho fundamental, ni siquiera se incoar¨¢ un procedimiento sancionador. La DGAS dar¨¢ carpetazo a las multas con una ¡°diligencia motivada de archivo¡±.