El Govern se compromete a ¡°dar pasos¡± para equiparar los sueldos p¨²blicos con los de las entidades concertadas en el tercer sector

La economista M¨°nica Mart¨ªnez Bravo, nueva consejera de Derechos Sociales en el Gobierno de Salvador Illa, podr¨ªa haber escogido el camino f¨¢cil o el dif¨ªcil, y escogi¨® el segundo. Y eso que una de las profesoras con las que coincidi¨® durante su doctorado, Esther Duflo ¡ªlaureada con el premio Nobel de Econom¨ªa por el enfoque experimental para la mejora de la protecci¨®n social¡ª se lo recordaba a menudo: ¡°Quien quiera hacer una cosa m¨¢s f¨¢cil, que se vaya a trabajar en finanzas¡±. Mart¨ªnez ha recordado esta an¨¦cdota para poner en valor a los profesionales del tercer sector, y para se?alar que la gesti¨®n del sistema de protecci¨®n social es muy compleja, adem¨¢s de que siempre est¨¢ aquejada de falta de recursos. Lo ha hecho en su comparecencia en el Parlament ¡ªen la que ha desgranado los objetivos de la legislatura por primera vez desde que asumi¨® el cargo hace un mes¡ª, un lugar que atestigua la complejidad que acompa?a al cargo de consejero de Derechos Sociales: desde su creaci¨®n el departamento ha cambiado siete veces de nombre ¡ªcon Mart¨ªnez, a?ade el concepto de Inclusi¨®n¡ª y hasta 12 consejeros se han ocupado de este ¨¢mbito sin que se haya logrado erradicar la pobreza estructural.

La nueva consejera ha apostado por el di¨¢logo y el consenso con otras fuerzas pol¨ªticas para acordar medidas ¡°en base a las evidencias cient¨ªficas¡±, ha asumido como propios los puntos que le ata?en del acuerdo de investidura entre PSC, ERC y los comunes y ha detallado cu¨¢les son los deberes m¨¢s urgentes que acometer¨¢ antes de finalizar el a?o: llevar al Parlament la ley de la agencia social y santiaria, agilizar la financiaci¨®n de las entidades con una ley de instrumentos de provisi¨®n del sistema p¨²blico de servicios e incrementar, con base al IPC, el indicador de renta de suficiencia de Catalu?a (IRSC), el baremo con el que se calculan las prestaciones sociales.

Adem¨¢s, Mart¨ªnez ha querido dejar claro que mantendr¨¢ los compromisos alcanzados por su antecesor en el cargo, Carles Campuzano, con los trabajadores del tercer sector. El acuerdo al que lleg¨® el a?o pasado el exconsejero con sindicatos y patronales para incrementar un 5% las tarifas p¨²blicas (el dinero que paga la administraci¨®n a las empresas que son proveedoras de servicios p¨²blicos en el tercer sector) se har¨¢ efectivo con efectos de 2024. ¡°Mantendremos un di¨¢logo con sindicatos, patronales y tercer sector para garantizar que los incrementos de tarifas repercutan mayoritariamente en los salarios¡±, ha dicho Mart¨ªnez, quien ha expresado la necesidad de mejorar las condiciones laborales para evitar ¡°la fuga de talento¡±. Otra de las patatas calientes que tiene el departamento es precisamente la diferencia de salarios que hay entre un trabajador contratado por la Generalitat con un trabajador contratado por una empresa o fundaci¨®n privada pero que presta el mismo servicio (en un centro de d¨ªa, una residencia o cualquier otro servicio p¨²blico del ¨¢mbito social). Consciente de este problema, Mart¨ªnez se ha comprometido a ¡°dar pasos¡± para equiparar los sueldos.

La nueva titular del departamento ha reconocido que la tarea es dif¨ªcil: ¡°Catalu?a es un territorio rico pero hay indicadores que son claramente preocupantes, como la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres menores, una tasa solo superada por ruman¨ªa y bulgar¨ªa. Estas cifras no son admisibles¡±, ha expresado, para a?adir que el gasto social en Catalu?a es el segundo m¨¢s bajo de Espa?a, por detr¨¢s de la Comunidad de Madrid. ¡°?C¨®mo hemos llegado hasta aqu¨ª, c¨®mo un pa¨ªs rico puede presentar carencias tan grandes en protecci¨®n social?¡±, se ha preguntado. La respuesta, ha dicho, es por la concepci¨®n asistencialista que ha habido en este ¨¢mbito, y por la incapacidad para desplegar todo el sistema de protecci¨®n. Ah¨ª donde no llegaba la administraci¨®n, han intentado llegar las entidades del tercer sector: ¡°Por eso hay una multiplicidad de servicios y una gran atomizaci¨®n¡±, ha remarcado. La consejera se ha marcado el reto de transformar y optimizar la estructura. Uno de los puntos m¨¢s urgentes es actualizar la cartera de servicios sociales, que ya empez¨® a debatirse en la pasada legislatura. Mart¨ªnez ha explicado que para la transformaci¨®n del sistema convocar¨¢ al Consejo General de Servicios Sociales para que creen una comisi¨®n de expertos que aborde ¡°de manera urgente¡± la situaci¨®n.

Otro reto es que toda la ciudadan¨ªa ¡°sienta como propio el sistema de protecci¨®n social¡±, entre otras cosas agilizando la burocracia. ¡°El acceso a la protecci¨®n social es un derecho fundamental para toda la ciudadan¨ªa, casi todos necesitaremos acceder a ¨¦l: todos podemos tener una discapacidad sobrevenida o un shock econ¨®mico. Toda la ciudadan¨ªa tiene que sentir este sistema como propio¡±, ha dicho.

En cuanto a la gesti¨®n del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV), Mart¨ªnez ha indicado que el pr¨®ximo d¨ªa 3 de octubre tendr¨¢ lugar la primera reuni¨®n de la comisi¨®n de seguimiento del convenio del traspaso de esta prestaci¨®n, junto con el Ministerio de Derechos Sociales. El traspaso era una de las condiciones para la investidura de Pedro S¨¢nchez y todav¨ªa tiene que concretarse. Esta prestaci¨®n deber¨¢ tenerse en cuenta, ha apuntado Mart¨ªnez, en la reforma de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), y que decay¨® cuando estaba siendo debatida en la anterior legislatura en el Parlament con la convocatoria de las elecciones catalanas.

Sobre la atenci¨®n a la dependencia, la consejera se ha comprometido a crear 6.000 nuevas plazas de residencias y centros de d¨ªa, y a mejorar (sin concretar el plazo) el tiempo de espera que pasa desde la valoraci¨®n del grado de dependencia hasta la obtenci¨®n del Plan Individual de Atenci¨®n (PIA) y de los servicios que se otorgan, que es, de media, de 258 d¨ªas.

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