Los trabajadores ¡®zombis¡¯ cuentan su ¡°pantomima¡±: contratos p¨²blicos para fines privados o del partido
Los investigados, que han llegado a un acuerdo con la fiscal¨ªa, acusan a Alfonso Rus, expresidente de la diputaci¨®n de Valencia, del PP, y al Yonqui del dinero de ser los responsables
El juicio por los 15 trabajadores zombis que habr¨ªan contratado empresas p¨²blicas de la Diputaci¨®n de Valencia y la Generalitat en la ¨¦poca en la que estaban gobernadas por el Partido Popular pero que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, no habr¨ªan trabajado realmente para estas instituciones ha vivido este mi¨¦rcoles la declaraci¨®n de los diez que, tras un pacto para devolver lo percibido y rebajar su p...
El juicio por los 15 trabajadores zombis que habr¨ªan contratado empresas p¨²blicas de la Diputaci¨®n de Valencia y la Generalitat en la ¨¦poca en la que estaban gobernadas por el Partido Popular pero que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, no habr¨ªan trabajado realmente para estas instituciones ha vivido este mi¨¦rcoles la declaraci¨®n de los diez que, tras un pacto para devolver lo percibido y rebajar su pena a catorce meses de c¨¢rcel, reconocen ahora los hechos que negaron inicialmente.
En su nueva versi¨®n, han apuntado al expresidente de la corporaci¨®n provincial, el popular Alfonso Rus, que declarar¨¢ este jueves, y a su entorno m¨¢s cercano, incluido Marcos Benavent, el ¡°Yonqui del dinero¡±, como responsables de sus contrataciones. ¡°Una pantomima¡±, as¨ª ha calificado su contrato con la empresa p¨²blica el que fuera el testaferro de este ¨²ltimo, Jos¨¦ Estarlich.
Entre los conformados est¨¢ el ex futbolista Miguel ?ngel Mullor, que fich¨® por el Ol¨ªmpic de X¨¤tiva, el club de f¨²tbol de Rus, y que ha explicado que al poco de que ¨¦ste fuera nombrado presidente de la Diputaci¨®n, le contrat¨® para la empresa p¨²blica de la corporaci¨®n y dej¨® de cobrar de la entidad deportiva. ¡°Ten¨ªa contrato con el club pero una vez fui contratado por Imelsa cobraba de Imelsa por jugar. Fui contratado para asesor a Isidro Prieto pero no lo hice. No lo conozco¡±, ha asegurado. Imelsa, de la Diputaci¨®n, ya extinguida, se dedicaba a la promoci¨®n econ¨®mica.
Otro de los acusados, Manuel G¨®mez, ha explicado que al encontrarse en paro a los sesenta a?os pidi¨® trabajo y reparti¨® su curr¨ªculo a todos los que ten¨ªa a su alrededor ¡°y tambi¨¦n a Alfonso Rus¡±. Al poco tiempo le llamaron de la empresa que constru¨ªa los colegios de la Generalitat. ¡°Me puse a disposici¨®n de los consejeros de Ciegsa y asist¨ª a alguna presentaci¨®n a repartir propaganda pero donde realizaba mi trabajo era en la sede del PP¡±, ha afirmado.
El confeso testaferro de Benavent, Jos¨¦ Estarlich, explic¨® que le contrat¨® porque lo conoc¨ªa y necesitaba ¡°liquidez¡± y que trabaj¨® cuatro meses a sueldo de Imelsa pero que fue ¡°una pantomima¡±. ¡°El contrato era para que tuviera m¨¢s tiempo libre con el que hacer gestiones personales y para Benavent¡±. ¡°Cobr¨¦ unos 14.000 euros y los he devuelto¡±, ha dicho.
Esa fue la l¨ªnea general. ¡°Me contrato Emilio Llopis (jefe de gabinete de Rus) y me dijo que iba a ser su asesor pero nunca le asesor¨¦¡±, apunt¨® Ra¨²l Mateo. ha devuelto 67.000 euros. ¡°No realic¨¦ ning¨²n trabajo y cobr¨¦¡±, confirm¨® Eva Luis Sarri¨®n.
Zombis socialistas
Aunque el relato de la fiscal¨ªa apunta a que 13 de esos 16 contratos tienen relaci¨®n personal o profesional con el PP, tambi¨¦n apunta a tres que la ten¨ªan con el PSPV. El exdiputado socialista Ra¨²l Padr¨®n ha reconocido que firm¨® dos certificados en los que aseguraba que Francisco Ca?izares, cuyo juicio se celebrar¨¢ de manera paralela y que eleva a 16 el n¨²mero de ¡®zombis¡¯, era su asesor sin serlo porque, en realidad, seg¨²n ¨¦l mismo afirm¨® el lunes, trabajaba en la sede del partido en labores de mantenimiento.
¡°Me los hizo llegar un trabajador del grupo socialista y no los firm¨¦ porque no sab¨ªa que estaba adscrito a m¨ª. Luego me dijeron que era del anterior diputado y que los ten¨ªa que firmar y ante la insistencia comet¨ª el error de hacerlo¡±, ha se?alado.
La declaraci¨®n m¨¢s desconcertante fue la de Antonio Gil, que tras confirmar el pacto de conformidad con el Fiscal ha asegurado que s¨ª que trabaj¨® realmente en CIEGSA¡ para volver a negarlo tras hablar con su abogada en un receso. ¡°Lo he visto en un momento de obcecaci¨®n y no he querido interrumpirle¡±, ha argumentado la letrada para pedir una segunda declaraci¨®n. En ella su defendido ha se?alado que tras un a?o y medio en la empresa p¨²blica pas¨® a trabajar ¡°en la sede del PP¡± y afirm¨® que es algo que saben todos los que le conocen.
N¨®minas privadas
Entre los zombis hay un caso especial, el de dos trabajadores de una empresa de comunicaci¨®n, La Graf¨ªca, cuyo due?o ha explicado que se pagaron sus n¨®minas desde Imelsa como compensaci¨®n de una deuda. ¡°Imelsa me enviaba una serie de trabajos para La Gr¨¢fica que no me pag¨®. A Marcos Benavent le ped¨ª que me pagara esas facturas y lo que se me plante¨® fue que pagaran las nominas de dos trabajadores durante cuatro meses porque era m¨¢s o menos esa cantidad¡±, ha recordado el empresario Jos¨¦ Vedri.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzg¨® la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el Yonqui del dinero como principal acusado, quien ha sido condenado a siete a?os y 10 meses de prisi¨®n.
Alfonso Rus se enfrenta a una pena de 12 a?os de prisi¨®n, seg¨²n se desprende de la calificaci¨®n provisional del ministerio fiscal. Fiscal¨ªa atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, de prevaricaci¨®n administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario p¨²blico. Para el ex secretario auton¨®mico de Educaci¨®n del PP M¨¢ximo Caturla y el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputaci¨®n por id¨¦nticos delitos, adem¨¢s de multa e inhabilitaci¨®n.
Al socialista Rafael Rubio se le acusa de un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa.