PP y Vox derogar¨¢n en Arag¨®n la ley de Memoria Democr¨¢tica, reformar¨¢n la ¡®ley trans¡¯ y apuestan por la sanidad y ense?anza privadas

El PP y Vox han aparcado el trasvase del Ebro, un asunto en el que est¨¢n radicalmente enfrentados, para pactar ¡°un gobierno estable y fuerte en Arag¨®n¡±, en el que los ultras han obtenido ¡ªadem¨¢s de la vicepresidencia primera y dos consejer¨ªas¡ª la reforma de la ley trans auton¨®mica, la derogaci¨®n de la ley regional de memoria democr¨¢tica y acabar con la ¡°ideolog¨ªa¡± en las aulas, entre otras concesiones.

Los portavoces de los dos partidos en el Parlamento regional, la popular Ana Al¨®s y el ultra Jorge Nolasco, han comparecido este viernes al mediod¨ªa en la Sala Goya de las Cortes de Arag¨®n para suscribir el acuerdo de 80 puntos que aplicar¨¢ el Ejecutivo de coalici¨®n. El gran ausente ha sido el futuro presidente, Jorge Azc¨®n, del PP, a pesar de que el documento compromete su acci¨®n de gobierno. Est¨¢ previsto que Azc¨®n pronuncie el pr¨®ximo mi¨¦rcoles su discurso de investidura y que el viernes tome posici¨®n del cargo, sustituyendo al socialista Javier Lamb¨¢n. Con este pacto, PP y Vox gobiernan en Castilla y Le¨®n, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Arag¨®n, con una poblaci¨®n total cercana a los 10 millones de habitantes.

El ultra Jorge Nolasco ser¨¢ vicepresidente primero y tendr¨¢ la cartera de Desarrollo Territorial, Despoblaci¨®n y Justicia. Vox dirigir¨¢ tambi¨¦n la consejer¨ªa de Agricultura y Ganader¨ªa, de la que se desgaja la competencia de Medio Ambiente, para evitar que est¨¦ en manos de un partido negacionista del cambio clim¨¢tico.

El PP, por su parte, ostentar¨¢ la vicepresidencia segunda del Gobierno y se reserva el senador por designaci¨®n auton¨®mica, tras haber cedido a Vox la presidencia de las Cortes regionales como pre¨¢mbulo de este pacto. La portavoz popular ha asegurado que su partido seguir¨¢ negociando con el diputado del Partido Aragon¨¦s Regionalista (PAR) un ¡°acuerdo parlamentario¡±, aunque ha dejado claro que el pacto de Gobierno es el suscrito con Vox.

Los dos partidos se comprometen a ampliar su alianza al conjunto de las instituciones aragonesas (ayuntamientos y diputaciones). M¨¢s all¨¢ de la pol¨ªtica auton¨®mica, PP y Vox subrayan su intenci¨®n de que el futuro Gobierno aragon¨¦s sea un ¡°baluarte¡± en defensa de la unidad de Espa?a y frene cualquier avance ¡°de las fuerzas separatistas¡±, en lo que se presenta como un anticipo del frente com¨²n de la derecha y la ultraderecha frente a un Gobierno de Pedro S¨¢nchez apoyado por los independentistas.

Con el 35,55% de los votos y necesitado solo de la abstenci¨®n de Vox para ser presidente, Azc¨®n se hab¨ªa negado reiteradamente a meter a los ultras en su gobierno. Sin embargo, tras las elecciones del 23-J y, a medida que se acercaba la ficha l¨ªmite para repetir las elecciones auton¨®micas si no se invest¨ªa presidente, el 23 de agosto, empez¨® a flexibilizar su postura.

El asunto en el que ambos partidos chocaban m¨¢s frontalmente era el trasvase del Ebro. Abascal ha defendido en campa?a la interconexi¨®n de todas las cuencas hidrogr¨¢ficas para ¡°llevar el agua al ¨²ltimo rinc¨®n de Espa?a¡±, mientras que Azc¨®n hab¨ªa asegurado que el PP se opondr¨ªa tajantemente a cualquier trasvase.

En su pacto, PP y Vox obvian este asunto y se limitan a apostar por el ¡°desarrollo ¨ªntegro de todas las obras de regulaci¨®n hidr¨¢ulica necesarias para garantizar la reserva h¨ªdrica estatutaria¡± y los recursos para regad¨ªos, suministro industrial y de boca ¡°en las pr¨®ximas d¨¦cadas¡±. Al¨®s y Nolasco han asegurado que este es el m¨ªnimo com¨²n acordado, sin que ninguno renuncie a sus respectivas posiciones. Lo que no han aclarado es qu¨¦ postura tomar¨¢ el futuro Gobierno de coalici¨®n en caso de que se plantee un nuevo trasvase.

En lo que s¨ª ha cedido el PP es en la derogaci¨®n de la Ley de Memoria Democr¨¢tica de Arag¨®n de 2018, aunque Al¨®s ha subrayado que su partido vot¨® en contra de la misma. En cambio, ha reconocido que apoy¨® la Ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social de 2018, la ley trans regional, que fue aprobada por unanimidad y ahora quiere reformar. La portavoz popular se ha se limitado a responder que esta ley tiene algunos ¡°aspectos mejorables¡±, sin revelar cu¨¢les.

En cambio, el PP no ha hecho concesiones con la ley de Violencia de G¨¦nero aragonesa de 2017, que tambi¨¦n Vox quer¨ªa eliminar. El acuerdo program¨¢tico no la menciona y se limita a declarar su ¡°compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista¡±, as¨ª como su ¡°apoyo y asistencia a las v¨ªctimas de la violencia intrafamiliar¡±. Al¨®s ha subrayado que la ley de Violencia de G¨¦nero no se tocar¨¢ y que el Instituto Aragon¨¦s de la Mujer se va a mantener, aunque el pacto habla de suprimir organismos administrativos ¡°superfluos¡±, entre los que cita los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblaci¨®n. Seg¨²n fuentes del PP, las competencias en materia de igualdad y mujer estar¨¢n en la consejer¨ªa de Presidencia.

En l¨ªnea con las demandas de Vox, el acuerdo incluye la supresi¨®n de la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica y la revisi¨®n de la ley de protecci¨®n de las modalidades ling¨¹¨ªsticas propias de Arag¨®n, en alusi¨®n al aragon¨¦s y a la variante aragonesa del catal¨¢n.

Otros apartados recogen puntos en los que coinciden ambos partidos, como la potenciaci¨®n de la sanidad privada, promoviendo ¡°la colaboraci¨®n p¨²blico-privada para reducir las listas de espera¡±. O una dr¨¢stica rebaja fiscal que pasa por recortar medio punto los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros), bonificar hasta el 99% el impuesto de sucesiones; elevar a 700.000 euros el m¨ªnimo exento del impuesto de patrimonio; o reducir el de transmisiones al 6%.

Como muestra del giro ideol¨®gico del nuevo gobierno, la Consejer¨ªa de Ciudadan¨ªa pasar¨¢ a llamarse de Bienestar Social y Familia y tambi¨¦n habr¨¢ una Direcci¨®n General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. En vez de arbitrar ayudas directas por hijo para las familias con rentas m¨¢s bajas, el PP y Vox apuestan por deducciones fiscales por nacimiento, por obtenci¨®n de la condici¨®n de familia numerosa o por adquisici¨®n y rehabilitaci¨®n de la vivienda habitual. En lo que constituye una invitaci¨®n a que uno de los c¨®nyuges abandone el mercado de trabajo y se dedique a las tareas dom¨¦sticas, el pacto aboga por ¡°establecer una deducci¨®n por realizaci¨®n de labores no remuneradas en el hogar¡± y otra por cuidado de hijos menores de 14 a?os.

Vox ha colado en el acuerdo una medida seg¨²n la cual los padres ¡°elegir¨¢n libremente y, en su caso, autorizar¨¢n el contenido de las actividades extracurriculares¡±: lo que la ultraderecha ha venido llamando estos a?os pin parental, que pretende atribuir a los progenitores el derecho de veto sobre contenidos educativos. Su aplicaci¨®n pr¨¢ctica es muy dudosa, pues los contenidos que Vox pretende vetar (la promoci¨®n de la igualdad de g¨¦nero o la prevenci¨®n de la homofobia, entre otros) son contenidos transversales que forman parte del curr¨ªculo. M¨¢s relevante es la apuesta por la ense?anza privada en detrimento de la p¨²blica. As¨ª, se implantar¨¢ el ¡°cheque escolar¡± para ¡°promover la competitividad de los centros educativos¡±. Es decir: los padres recibir¨¢n un cheque por el coste de la ense?anza en la educaci¨®n p¨²blica que podr¨ªan gastar en colegios privados, aunque no sean concertados, abriendo as¨ª la puerta a la financiaci¨®n p¨²blica de colegios de ¨¦lite. Adem¨¢s, se ampliar¨¢n los conciertos en la ense?anza privada a la educaci¨®n no obligatoria (bachillerato).

El programa de gobierno de PP y Vox no menciona el problema del calentamiento global, pero dedica tres apartados a la lucha contra la ocupaci¨®n de viviendas, que en Arag¨®n es marginal. Adem¨¢s, el nuevo gobierno auton¨®mico exigir¨¢ ¡°la acreditaci¨®n de la residencia legal y no ¨²nicamente el certificado de empadronamiento¡± para el acceso a subvenciones y ayudas sociales, lo que supone excluir a los inmigrantes irregulares, cualquiera que sea su situaci¨®n econ¨®mica o familiar. Finalmente, una de las medidas propuestas (una deducci¨®n en el impuesto de sociedades para las empresas ¡°que compren productos agr¨ªcolas nacionales¡±) puede vulnerar el mercado ¨²nico de la UE.