El n¨²mero de empresas ¡®desokupas¡¯ se dobla desde la pandemia

La actividad de las empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda, com¨²nmente conocidas como empresas ¡°desokupas¡±, se ha incrementado desde la pandemia. Si en 2019 eran tres las que operaban en Madrid (Desokupa, Fueraokupas y Desokupa Express, alguna operativa desde 2014), ahora se contabilizan hasta nueve, con la incorporaci¨®n de Desokupamos, Rekupera, Desokupa y Recupera, Servi-Okupas o Basti¨®n Desokupaci¨®n. Buena parte de este sector relativamente joven est¨¢ rodeado de mala fama por sus pr¨¢cticas agresivas. Consultados los datos del Ministerio d...

La actividad de las empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda, com¨²nmente conocidas como empresas ¡°desokupas¡±, se ha incrementado desde la pandemia. Si en 2019 eran tres las que operaban en Madrid (Desokupa, Fueraokupas y Desokupa Express, alguna operativa desde 2014), ahora se contabilizan hasta nueve, con la incorporaci¨®n de Desokupamos, Rekupera, Desokupa y Recupera, Servi-Okupas o Basti¨®n Desokupaci¨®n. Buena parte de este sector relativamente joven est¨¢ rodeado de mala fama por sus pr¨¢cticas agresivas. Consultados los datos del Ministerio del Interior, desde marzo de 2020 se han denunciado 76 casos de acoso inmobiliario en la regi¨®n, aunque no especifican cu¨¢ntas denuncias est¨¢n relacionadas con estas empresas.

Como reclamo utilizan la lentitud de los tribunales para captar a sus clientes, sobre todo inmobiliarias que prefieren usar este sistema paralelo a la justicia sin interponer denuncia para evitar el decreto antidesahucios vigente.

En 2020 hubo en la Comunidad de Madrid un 9% menos de denuncias por ocupaci¨®n en viviendas que en 2019, y un 19% menos que hace cinco a?os. Seg¨²n datos de Interior, la regi¨®n es la d¨¦cima en n¨²mero de viviendas ocupadas con relaci¨®n a las totales (una por cada 1.996).

Una de las ¨²ltimas en aparecer es Basti¨®n Desokupaci¨®n, contratada por Clikalia este verano, una inmobiliaria de compraventa expr¨¦s de inmuebles. Estas ¨²ltimas semanas varias familias de Usera, Carabanchel y Parla han recibido visitas de hombres vestidos de negro y fuerte complexi¨®n f¨ªsica, que act¨²an con plenos derechos de representaci¨®n de la empresa, seg¨²n ellos mismos afirman.

Daniela, nombre ficticio, de 44 a?os, ha sido v¨ªctima de sus actuaciones. Se instal¨® en 2018 con su marido y su entonces beb¨¦ de un a?o en su piso de Carabanchel firmando un contrato de alquiler que result¨® ser falso. El due?o real del inmueble, un fondo de inversi¨®n vinculado a Bankia, termin¨® denunciando y hubo dos intentos de desahucio, el ¨²ltimo el 27 de abril, que se paraliz¨® por el decreto contra los desalojos que entr¨® en vigor durante la pandemia.

Lo que parec¨ªa una soluci¨®n en realidad agrav¨® el problema. Su abogado le explic¨® que hab¨ªa sucedido lo peor: su piso hab¨ªa pasado de manos de Bankia/Caixa a Clikalia, tras haber comprado el inmueble a la entidad. La situaci¨®n se volvi¨® perversa: el actual propietario no reconoce la sentencia de paralizaci¨®n del desahucio. ¡°Les da igual¡±, asegura Daniela. ¡°Me dicen que puede ser falsa, que no se la creen¡±. Clikalia no ha denunciado ante los tribunales y ha decidido contratar a Basti¨®n Desokupaci¨®n para, al margen de la justicia, echar a Daniela y a su familia. EL PA?S ha intentado varias veces contactar con el equipo de la empresa de compraventa para hablar de la situaci¨®n de estos pisos, anunciados en su web con el mensaje de ¡°estar actualmente ocupados por terceros¡±, pero no ha obtenido respuesta. En el caso de Daniela, se acercaron a su domicilio el pasado mes de mayo varios comerciales a hablar con ella, sin llegar a un acuerdo, ¡°pero en junio ya aparecieron los hombres de negro con las camisetas de Basti¨®n¡±, relata.

Sentencia de abril

Daniela muestra varios mensajes de WhatsApp que le ha enviado Jos¨¦ Basti¨®n, el jefe de operaciones. Daniela le mand¨® la sentencia de abril, en la que se dictamina que puede seguir en el domicilio hasta la finalizaci¨®n de la fecha de validez del decreto. El tono del audio de la respuesta es admonitorio: ¡°Yo te pregunto: ?no ser¨¢ mejor salir un poco antes de la vivienda, llegar a un acuerdo amistoso, con un acuerdo de ayuda habitacional que te demos, y no esperar a agosto para salir sin nada?¡±.

Esta conversaci¨®n se produjo a mediados de julio, antes de que el Gobierno anunciara la extensi¨®n de la moratoria antidesahucios hasta finales de octubre. Las cuatro visitas que ha recibido del equipo de hombres de negro no han sido tan agradables como esos audios. Seg¨²n explica, por escrito y en todo lo que deje constancia son amables, pero en persona y cuando no se graba, se vuelven m¨¢s agresivos. M¨¢s al saber que Daniela es miembro activo de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel: ¡°T¨² eres una t¨ªa lista: no te voy a dejar vivir: voy a estar todos los d¨ªas d¨¢ndote por saco¡±, le dijeron en la puerta de su domicilio hace unos 20 d¨ªas, seg¨²n su versi¨®n.

Llamadas, visitas intempestivas y amenazas de bloquear los accesos han acabado por minar el aguante de Daniela, que, pese a que un juzgado ha decidido que puede quedarse, est¨¢ valorando aceptar el dinero que le ofrecen por irse, 3.000 euros, y buscar otro sitio. Su marido trabaja en la construcci¨®n, aunque sin compromiso de continuidad, y no tiene ahorros para cubrir los gastos iniciales de un alquiler. Lleva siete a?os apuntada en las listas de solicitud de vivienda p¨²blica, tanto del Ayuntamiento (EMVS) como de la Comunidad (AVS).

El reclamo de las empresas desokupas es com¨²n a todas ellas: en sus p¨¢ginas web resaltan la lentitud de la justicia en resolver las denuncias por usurpaci¨®n o conflictos de morosidad y se ofrecen como alternativa de mediaci¨®n para que los propietarios recuperen los inmuebles con compromisos de soluci¨®n de 24 hasta 72 horas m¨¢ximo. Utilizan el lenguaje habitual del m¨¢rketing para presentarse. ¡°Contamos con un equipo multidisciplinar integrado por abogados, procuradores, mediadores y desocupadores o agentes de campo que act¨²an de manera coordinada¡±, se puede leer en una de estas p¨¢ginas. Estos ¡°agentes de campo¡± son, en su mayor¨ªa, exboxeadores, como se muestra en el espacio destinado a presentar los curr¨ªculos de sus trabajadores.

La explicaci¨®n de sus sistemas de mediaci¨®n les permite ampararse en la legislaci¨®n espa?ola: hablan de controles de acceso, esto es, la ocupaci¨®n de zonas comunes, salidas y entradas con personal que impide acceder a las viviendas, de acuerdos de abandono pactados y firmados a trav¨¦s de la insistencia y la negociaci¨®n de pagos que definen como ¡°ayuda habitacional¡± o ¡°intervenci¨®n social¡±, siempre al margen de la actuaci¨®n del sistema judicial.

A Laura, de 24 a?os y con tres hijos, se lo dejaron claro hace dos semanas en un mensaje de WhatsApp: ¡°Yo no soy el Ayuntamiento para ofrecerte un alquiler social o dejarte vivir hasta la fecha del juicio, o te vas o te ponemos un perro en la puerta¡±. Llevan sin salir de casa desde el 1 de agosto, fecha de la ¨²ltima visita de Basti¨®n Desokupaci¨®n. Viven un piso de Usera que ocuparon a principios de junio, igualmente propiedad de Clikalia. Su familia cuenta con un presupuesto de 550 euros al mes, 340 de renta m¨ªnima de inserci¨®n m¨¢s 200 euros de su pensi¨®n de orfandad. ¡°Entretengo a los ni?os (de 6, 4 y 2 a?os) como puedo, y me paso el d¨ªa mirando por la ventana y por la mirilla. Veo a un hombre con una mochila y creo que vienen a por nosotros¡±, asegura por tel¨¦fono. La ¨²ltima vez llam¨® al 091, pero no denunci¨®. ¡°Fueron muy amables conmigo, me dijeron que si vuelven a venir les llame de inmediato¡±. De momento, no han vuelto.

No es f¨¢cil contactar con estas empresas. Tras un correo electr¨®nico en el que se les pide informaci¨®n sobre sus servicios, intentan no dejar nada por escrito. ¡°Como usted puede comprender, estas cosas se tienen que hablar. As¨ª escrito yo no s¨¦ con qui¨¦n hablo, lo siento much¨ªsimo¡±, es la respuesta de una de ellas. Otras insisten en mantener conversaciones telef¨®nicas.

Las tarifas, seg¨²n explican algunos responsables a portales inmobiliarios o blogs de empresas de alarmas, rondan los 2.500 o 3.000 euros por servicio.

Tampoco es f¨¢cil averiguar qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de cada una. Siguiendo el rastro que dejan al registrar los dominios de sus p¨¢ginas web, algunas responden a cierta l¨®gica, como Postlin SL, empresa de gesti¨®n de multas, o Conciencia y Respeto 1970, de servicios auxiliares de la propiedad y explotaci¨®n inmobiliaria, o el Centro Fitness Cartagena, un gimnasio en Murcia. Otras sorprenden por la naturaleza de su actividad econ¨®mica: es el caso de Soy Cotan Somos Cotan SL o Proximedia, agencias de publicidad, m¨¢rketing y posicionamiento para pymes, o la inmobiliaria Sotavento que ofrece servicios en Madrid aunque los pisos y chalets que vende est¨¢n ubicados en Levante

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