Siete a?os esperando a que Madrid pague el mill¨®n que cost¨® buscar los restos de la v¨ªctima del descuartizador de Majadahonda
El gobierno de Ayuso, obligado por una sentencia judicial, aprob¨® en julio pagar a la empresa del vertedero de Pinto por la investigaci¨®n que hizo en 2015
Sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. ¡°B¨²squeda del cuerpo¡±. ¡°Delito¡±. ¡°Restos¡±. Ocurre el 20 de julio, en la ¨²ltima reuni¨®n del c¨®nclave de pol¨ªticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel D¨ªaz Ayuso con una sentencia judicial: ...
Sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. ¡°B¨²squeda del cuerpo¡±. ¡°Delito¡±. ¡°Restos¡±. Ocurre el 20 de julio, en la ¨²ltima reuni¨®n del c¨®nclave de pol¨ªticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel D¨ªaz Ayuso con una sentencia judicial: el Tribunal Supremo les obliga a aprobar el pago de 1,4 millones de euros a la empresa gestora del vertedero de Pinto, en compensaci¨®n por los gastos en los que incurri¨® esta para buscar los restos de una de las v¨ªctimas del descuartizador de Majadahonda. Aquello ocurri¨® en 2015. Son siete a?os de espera con una factura millonaria pendiente. Y un misterio sin resolver que rodea a las dos mujeres asesinadas.
Se sabe qui¨¦nes fueron las v¨ªctimas de Bruno Hern¨¢ndez (1984): su t¨ªa, primero; y a?os despu¨¦s, su inquilina. Se conoce, tambi¨¦n, una de las herramientas clave en el crimen: una picadora industrial Braher modelo P-22 comprada en 2008 por 1.189,5 euros. Se ha demostrado, adem¨¢s, c¨®mo el asesino, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, intent¨® ocultar sus huellas. De su t¨ªa dijo que se hab¨ªa mudado, y le cont¨® al resto de familiares que ya no quer¨ªa saber nada de ellos. A su inquilina la suplant¨® escribiendo una carta en la que comunicaba a su empleador que dejaba el trabajo; y viaj¨® con su m¨®vil a Barcelona para intentar despistar a investigadores y familiares.
Sin embargo, nunca se encontraron los restos de las dos mujeres, pese a la movilizaci¨®n de los operarios del vertedero de Pinto. La primera llevaba muerta a?os, seg¨²n los investigadores. Y encontrar los restos de la segunda entre las 20.000 toneladas de residuos fue misi¨®n imposible.
¡°En ambos casos la muerte violenta de las dos mujeres queda acreditada por los restos biol¨®gicos hallados en la m¨¢quina trituradora encontrada en el s¨®tano de la calle Sacedilla n? 6 de Majadahonda, y en el caso de Adriana, por los restos de sangre hallados en paredes, suelo y techo de la citada vivienda, todo ello a pesar de no haberse descubierto los cad¨¢veres¡±, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2017 conden¨® a 27 a?os de c¨¢rcel al acusado, decisi¨®n que fue ratificada en 2018 por el Tribunal Supremo. ¡°El condenado hizo desaparecer los cuerpos ocult¨¢ndolos en un lugar desconocido, ya que la picadora industrial de carne era de gran potencia, capaz de triturar carne y huesos¡±, a?ade el fallo. ¡°Posteriormente, el cad¨¢ver de Adriana fue buscado en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, sin resultado positivo al tratarse de un cuerpo triturado. El coste de dicha b¨²squeda ha sido de 1.446.698,40 euros¡±.
?Por qu¨¦ ha tardado casi un decenio la Comunidad de Madrid en hacerse cargo del pago de los 1,4 millones de euros que cost¨® la b¨²squeda de los restos en el vertedero de Pinto? ?Qu¨¦ explica esa tardanza en compensar la contrataci¨®n de nuevos operarios para acelerar los trabajos, y la habilitaci¨®n de un turno de tarde para agilizar la investigaci¨®n?
La Direcci¨®n General de Justicia y Seguridad del gobierno auton¨®mico se neg¨® al abono defendiendo que el coste deb¨ªa incluirse en la tasaci¨®n de costas que se practicara en su d¨ªa en el juicio, para que se hiciera cargo quien fuese condenado. Una argumentaci¨®n que no convenci¨® a la empresa gestora del vertedero, que es privada y actu¨®, precisamente, por orden del tribunal. En febrero de este a?o, la justicia le dio la la raz¨®n: es la Administraci¨®n auton¨®mica quien tiene que asumir los costes de la b¨²squeda en el vertedero al tratarse de gastos necesarios para el funcionamiento, puesta en marcha y consecuci¨®n de los objetivos de la Administraci¨®n de Justicia.
En caso contrario, se lee en la sentencia, se causar¨ªa a quien hubiese cumplido con su obligaci¨®n de prestar colaboraci¨®n a los jueces o tribunales ¡°un grave perjuicio consistente en el impago o en un retraso indeterminado en el abono de los costes que no tiene obligaci¨®n legal de soportar, tanto m¨¢s cuanto que es obligaci¨®n de la Administraci¨®n competente el poner todos los medios a su alcance para garantizar el buen funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia¡±, subraya el tribunal.
Durante el juicio, la pareja del asesino describi¨® a un hombre tremendamente afectado por su enfermedad mental, y convencido de pertenecer a la Hermandad secreta de la ER, como, asegur¨®, Esperanza Aguirre, Silvio Berlusconi, David Cameron o Teresa May. Ese es tambi¨¦n el retrato que deja el libro La hermandad del mal, escrito por la periodista Cruz Morcillo. Han pasado ya siete a?os de los 27 a los que est¨¢ condenado. El mismo tiempo durante el que ha estado esperando la empresa del vertedero de Pinto a que la Comunidad le pague por contratar nuevos empleados y crear un turno de tarde con el objetivo de buscar a una de sus v¨ªctimas.
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