La Fiscal¨ªa investiga al Gobierno de Ayuso por fraccionar m¨¢s de tres millones en contratos menores para obras en ocho centros educativos

La Fiscal¨ªa ve ¡°una actuaci¨®n administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva¡± en la ¡°grosera y palmaria omisi¨®n del procedimiento¡± aplicada por la consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso para poner en marcha ense?anzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: en lugar de convocar concursos p¨²blicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a trav¨¦s de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, m¨¢s IVA) otorgados...

La Fiscal¨ªa ve ¡°una actuaci¨®n administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva¡± en la ¡°grosera y palmaria omisi¨®n del procedimiento¡± aplicada por la consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso para poner en marcha ense?anzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: en lugar de convocar concursos p¨²blicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a trav¨¦s de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, m¨¢s IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec). As¨ª consta en documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S, y que detalla que por esta v¨ªa se gastaron m¨¢s de tres millones en ocho centros, aunque la investigaci¨®n sigue abierta, y hay sospechas sobre al menos otros cuatro. El caso arranc¨® con una denuncia de la propia Administraci¨®n, adelantada por eldiario.es, y afecta a una ¨¦poca en la que Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, lideraba la cartera de Educaci¨®n. La jueza que instruye el caso tras una denuncia de Podemos ve ¡°la posible existencia de una infracci¨®n penal [prevaricaci¨®n administrativa]¡± en un modelo de gesti¨®n tambi¨¦n denunciado por el PSOE y M¨¢s Madrid.

¡°Sin guardar las formalidades legales en materia de contrataci¨®n p¨²blica, o m¨¢s bien apart¨¢ndolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros p¨²blicos de ense?anza, permitiendo adem¨¢s su realizaci¨®n encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedir¨ªan a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones¡±, se lee en un informe de diligencias de investigaci¨®n preprocesal de la Fiscal¨ªa fechado en octubre. ¡°En esta actuaci¨®n irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuaci¨®n irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediaci¨®n o puente¡±, se a?ade. ¡°Las obras, al parecer, se habr¨ªan llevado a cabo, no existiendo, en principio y seg¨²n los informes iniciales, perjuicio para la Administraci¨®n en este punto¡±, se subraya. ¡°Pero se eludi¨® de forma evidente la normativa de contratos del sector p¨²blico y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado¡±.

Ese supuesto beneficiado es precisamente quien dio la voz de alarma. Corre 2023 cuando el Gobierno regional recibe un burofax que causa un terremoto. La representaci¨®n del grupo Virelec reclama el pago de 1,4 millones por unas obras realizadas, seg¨²n se relata en documentaci¨®n oficial. La Administraci¨®n se pone a investigar. En la Direcci¨®n General de Infraestructuras de la Consejer¨ªa no figura ning¨²n expediente de contrataci¨®n de estos trabajos. En consecuencia, se solicita un informe de auditor¨ªa a la Intervenci¨®n General, que acaba detectando ¡°provisionalmente¡± hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. Todo acaba en una denuncia del Gobierno ante la Fiscal¨ªa regional por un posible caso de corrupci¨®n que afecta a Alfonso Mateos, que hasta febrero fue subdirector general de Centros de Formaci¨®n Profesional, y dos funcionarios directores de centros educativos.

Durante la investigaci¨®n, Mateos reconoci¨® al declarar como testigo que conoc¨ªa al empresario que est¨¢ al frente del grupo Virelec, G. N., desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les present¨® un profesor. Ah¨ª lleg¨® el primer contrato: un cambio de bombillas y farolas para el que se pidieron tres presupuestos, siendo el m¨¢s econ¨®mico el de este empresario, seg¨²n la versi¨®n de Mateos. La relaci¨®n se mantuvo luego ¡°por cuestiones personales¡± que incluyeron encuentros y llamadas. Pero Mateos sostuvo en su declaraci¨®n que ¡°nunca¡± orden¨® a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec. ¡°Parece existir un v¨ªnculo personal¡±, concluyen los investigadores.

Estas son las posibles irregularidades contempladas en la ley de contratos del sector p¨²blico que comunica la Administraci¨®n: la posible contrataci¨®n verbal (art¨ªculos 37 y 132), y la ausencia de un documento que plasme las condiciones de licitaci¨®n (art¨ªculo 153) o fraccionamiento de la cuant¨ªa de los contratos para poder usar el contrato menor.

La Fiscal¨ªa divide sus pesquisas en tres bloques que tienen en com¨²n la existencia de ¡°posibles irregularidades¡± pero est¨¢n en diferente fase de investigaci¨®n y constataci¨®n, entre otras cosas porque se sigue intentando desenredar la madeja de empresas vinculadas a Virelec que tambi¨¦n habr¨ªan podido hacer obras.

El primero afecta a la denuncia original sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar. ¡°La Intervenci¨®n General de la Comunidad de Madrid ya ha emitido informe constatando las irregularidades¡±, se se?ala sobre unas obras por las que el Grupo Virelec presupuest¨® 2.417.720,5 euros, y cobr¨® 1.281.392,87, seg¨²n la Intervenci¨®n regional, y que habr¨ªan sido encargadas ¡°de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitaci¨®n, publicidad, adjudicaci¨®n, control ni formalizaci¨®n¡±. Los pagos habr¨ªan sido realizados por los directores de los centros tras recibir ingresos extraordinarios de la Comunidad. Estos apuntaron ante la Comunidad a que cumpl¨ªan ¨®rdenes de Mateos, ¡°actuando la cuenta de gesti¨®n de los centros educativos con un mero car¨¢cter instrumental en la cadena de pagos¡±.

El segundo bloque comprende a centros en los que la Intervenci¨®n regional tambi¨¦n dice haber detectado irregularidades. Se trata de los IES Antonio Machado, Conservatorio profesional de m¨²sica de Alcal¨¢ de Henares y Escuela de arte Alberto Coraz¨®n, ¡°con pagos presuntamente efectuados con la misma mec¨¢nica, y sin proceso de contrataci¨®n y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec¡±. Este bloque tambi¨¦n incluye a los IES Virgen de la Paloma, Pr¨ªncipe Felipe, Tetu¨¢n de las Victorias y Ciudad de los Poetas ¡°con pagos por montante total de 904.801,35 euros, al parecer tambi¨¦n a sociedades y personas vinculadas a Virelec; cifra de car¨¢cter provisional¡±.

El tercer bloque es el que estaba menos trabajado cuando se emiti¨® el informe, en octubre, pues ni siquiera se hab¨ªa pronunciado la Intervenci¨®n. Son la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovaci¨®n y formaci¨®n sur; y los IES Carlos Bouso?o y P¨ªo Baroja.

Enrique Ossorio

Los investigadores han identificado a tres personas ¡°que habr¨ªan realizado el impulso para el pago de las diferentes cantidades con cargo indebido a ciertas partidas presupuestarias¡± en el caso de los centros del primer bloque. Se trata del subdirector General de Centros de Educaci¨®n Secundaria; del director General de Centros de Educaci¨®n Secundaria, Formaci¨®n Profesional y R¨¦gimen Especial; y del subdirector General de Centros Formaci¨®n Profesional y R¨¦gimen Especial, Alfonso Mateos, a quien denunci¨® la propia Comunidad.

Este exalto cargo declar¨® que ¡°esta mec¨¢nica¡± de pagos se hac¨ªa ya antes de que ¨¦l entrara en la subdirecci¨®n. Que ¡°se advert¨ªa que los centros ten¨ªan libertad de actuaci¨®n siempre que no sobrepasara el importe de 40.000 euros establecido en la Ley de Contratos para obras §å 15.000 en suministros¡±. Y que las memorias que ¨¦l realizaba acababan siendo firmadas por el consejero de Educaci¨®n (Ossorio) si el interventor delegado daba su visto bueno.

¡°En el presente caso, todos los informes coinciden en la infracci¨®n de distintos preceptos de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, as¨ª como la ausencia de tramitaci¨®n por la Consejer¨ªa, del expediente de contrataci¨®n que corresponder¨ªa atendiendo a la naturaleza e importe de los proyectos¡±, afea la Fiscal¨ªa a ese departamento del Gobierno de Ayuso. ¡°En las obras del IES Ciudad Escolar y del IES Hotel Escuela, la Consejer¨ªa, ante el importe del proyecto, deber¨ªa haber elevado la autorizaci¨®n del gasto al Consejo de Gobierno, seg¨²n se?ala el informe de Intervenci¨®n¡±, a?ade. ¡°En definitiva, una grosera y palmaria omisi¨®n del procedimiento¡±.

Frente a esta pol¨¦mica que afecta a su etapa como consejero, y a la de la actual consejera de Hacienda, Roc¨ªo Albert, entonces viceconsejera, una fuente del m¨¢ximo rango en el gobierno describi¨® a ambos como ¡°tranquilos¡±. El criterio oficial, seg¨²n otro interlocutor, es que una cosa es autorizar un presupuesto, y otra c¨®mo decidieran los centros ejecutarlo.

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