Una jueza ve ¡°posible infracci¨®n penal¡± en el presunto fraccionamiento de facturas para reformar centros de FP del Gobierno de Ayuso

La juez del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid ve ¡°la posible existencia de una infracci¨®n penal [prevaricaci¨®n administrativa]¡± tras denunciar Podemos que la Comunidad de Madrid habr¨ªa reformado al menos siete centros de Formaci¨®n Profesional fraccionando facturas para as¨ª, presuntamente, eludir los concursos p¨²blicos y poder adjudicar directamente las obras, seg¨²n documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S. Por ello, tras personarse el PSOE como acusaci¨®n popular en el caso, reclama a la Intervenci¨®n General de esta administraci¨®n auton¨®mica que le remita el informe que ya le solicit¨® en agosto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a ra¨ªz de la denuncia sobre uno de esos centros que present¨® el propio Gobierno regional. Del mismo modo, la juez solicita al Ministerio P¨²blico ¡ªque ya ten¨ªa otra denuncia sobre el mismo caso registrada por el PSOE¡ª que env¨ªe un ¡°informe sobre la regularidad o irregularidad de las infracciones o ilegalidades detectadas, su entidad y su cuantificaci¨®n¡±. El coste de las reformas habr¨ªa superado los 2,3 millones de euros, seg¨²n los c¨¢lculos del partido de Ione Berrala.

¡°El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a trav¨¦s de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, Ciencia y Universidades, ha llevado a cabo reformas en varios [siete] centros educativos, dependientes de dicha Consejer¨ªa¡±, se lee en la denuncia de Podemos, que ha dado lugar a un caso en el que tambi¨¦n se ha personado el PSOE. ¡°A fin de no proceder a la licitaci¨®n en concurso p¨²blico de las referidas obras, como deber¨ªa haber ocurrido dados los importes por los que se efect¨²an las referidas obras, se ha procedido a fraccionar las mismas para, de este modo, realizar una adjudicaci¨®n directa por importes que no excedan de 40.000 euros, eludiendo de este modo la aplicaci¨®n de la Ley¡±, se a?ade. ¡°[Eso] evidencia indiciariamente (en este estado inicial del procedimiento) la perpetraci¨®n del referido delito continuado [de prevaricaci¨®n]¡±, se asegura en la denuncia.

Los centros afectados ser¨ªan, siempre seg¨²n la denuncia, el Instituto Pr¨ªncipe Felipe; la Escuela de Arte de Alcal¨¢ de Henares; la Escuela Oficial de Idiomas de Legan¨¦s; el Centro Territorial de Innovaci¨®n y Formaci¨®n (CTIF) de Legan¨¦s; el Instituto de Educaci¨®n Secundaria Carlos Bouso?o de Majadahonda; el Instituto de Educaci¨®n Secundaria P¨ªo Baroja; y el Hospital Escuela en Ciudad Escolar.

El caso sali¨® a la luz en abril, cuando el peri¨®dico digital eldiario.es adelant¨® que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la Comunidad de Madrid hab¨ªa denunciado ante la Fiscal¨ªa regional un posible caso de corrupci¨®n que afecta a Alfonso Mateos, que hasta febrero fue subdirector general de Centros de Formaci¨®n Profesional. Junto a ¨¦l, la Administraci¨®n regional se?al¨® a otros dos funcionarios.

¡°La Consejer¨ªa de Educaci¨®n, Ciencia y Universidades ha solicitado a la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid que investigue la comisi¨®n de un presunto delito relacionado con la contrataci¨®n de unas obras de reforma en el complejo educativo Ciudad Escolar, en el que podr¨ªan estar implicados varios funcionarios p¨²blicos¡±, se?al¨® en aquel momento el departamento que dirige Emilio Viciana.

El macrocomplejo de Ciudad Escolar tiene 500.000 metros cuadrados y es uno de los m¨¢s grandes de la comunidad. El caso que ahora le afecta empez¨® en septiembre de 2023, cuando en la sede de Educaci¨®n se recibi¨® ¡°un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad econ¨®mica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo¡±. Ante esa reclamaci¨®n, el departamento de Viciana comprob¨® que en la Direcci¨®n General de Infraestructuras de la consejer¨ªa no figuraba ning¨²n expediente de contrataci¨®n de estos trabajos, por lo que solicit¨® un informe de auditor¨ªa a la Intervenci¨®n General y se abri¨® una investigaci¨®n interna.

¡°Con los datos recabados, la Direcci¨®n General de Recursos Humanos de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, Ciencia y Universidades envi¨® el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid para poner en conocimiento del Fiscal Jefe de este ¨®rgano la posible implicaci¨®n de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contrataci¨®n de estos trabajos¡±, detallaba el comunicado de la consejer¨ªa. Desde entonces, la pol¨¦mica se ha extendido a las reformas de al menos otros seis centros.

Y no solo Podemos ha denunciado esa pr¨¢ctica de presuntamente fraccionar facturas. En octubre, M¨¢s Madrid denunci¨® ante la Fiscal¨ªa 342 contratos menores del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso que la formaci¨®n considera sospechosos de haber sido troceados para eludir controles y evitar concursos p¨²blicos. Esos acuerdos, seg¨²n el partido que lidera la oposici¨®n, est¨¢n vinculados al caso FP.

En aquella ocasi¨®n, Manuela Bergerot, la portavoz de la formaci¨®n, pidi¨® que el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Econom¨ªa, Hacienda y Empleo, Roc¨ªo Albert, dieran explicaciones, pues ambos ten¨ªan las m¨¢ximas responsabilidades en la consejer¨ªa de Educaci¨®n cuando se firmaron estos contratos, que en su opini¨®n afectar¨ªan a al menos ocho centros.