Se ha dejado de exigir las condiciones m¨ªnimas para el desempe?o de cargos institucionales

Presidir una asamblea legislativa de cualquier tipo (nacional, auton¨®mica) supone asumir una responsabilidad institucional importante. Son figuras que representan a los ciudadanos en su conjunto, bien como segunda autoridad del Estado, bien como segunda autoridad de la comunidad, y, hasta ahora, unos y otros han procurado que llegaran a ese puesto personas con acreditada capacidad de di¨¢logo, sensatez y habilidad pol¨ªtica. La norma se rompi¨® en su momento en Catalu?a y se ha roto ahora, de manera estrepitosa, ...

Presidir una asamblea legislativa de cualquier tipo (nacional, auton¨®mica) supone asumir una responsabilidad institucional importante. Son figuras que representan a los ciudadanos en su conjunto, bien como segunda autoridad del Estado, bien como segunda autoridad de la comunidad, y, hasta ahora, unos y otros han procurado que llegaran a ese puesto personas con acreditada capacidad de di¨¢logo, sensatez y habilidad pol¨ªtica. La norma se rompi¨® en su momento en Catalu?a y se ha roto ahora, de manera estrepitosa, en las Cortes de la Comunidad Valenciana y en las Cortes de Arag¨®n, con dos personas, Llanos Mass¨® y Marta Fern¨¢ndez, respectivamente, que no re¨²nen las condiciones m¨ªnimas para el cargo, no porque sean militantes de Vox, sino porque han vertido reiteradamente expresiones sumamente imprudentes, faltas de juicio, claramente contrarias al esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n e, incluso, insultantes con respecto a sus oponentes pol¨ªticos.

Sorprende que el Partido Popular, que asegura mantener la defensa institucional por encima de todo, haya permitido que personas con semejante historial y talante ocupen puestos tan relevantes para la estabilidad y la convivencia democr¨¢tica. Sorprende que el Partido Popular valenciano, en concreto, que tanto deber¨ªa hacer para intentar recuperar el prestigio perdido en a?os de corrupci¨®n (quien fue presidenta de las Cortes valencianas entre 2007 y 2011, la popular Milagrosa Mart¨ªnez, fue condenada en 2017 a nueve a?os de prisi¨®n) no haya intentado, al menos, comportarse con un m¨ªnimo de respeto a las reglas pol¨ªticas y sociales.

Es dif¨ªcil imaginar que semejantes componendas se hayan podido llevar a cabo en Arag¨®n o en la Comunidad Valenciana sin el acuerdo del propio presidente del partido, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, que, mientras no se demuestre lo contrario, controla lo que sucede en el PP, m¨¢s a¨²n en periodo de campa?a electoral nacional. Ser¨ªa triste que la ambig¨¹edad que ha demostrado en todo este proceso sea el proleg¨®meno de componendas parecidas, llegada la ocasi¨®n. Un m¨ªnimo de respeto por pol¨ªticos conservadores que ocuparon en el pasado con integridad la presidencia del Congreso de los Diputados (Fernando ?lvarez de Miranda, Landelino Lavilla, Mar¨ªa Fernanda Rudi, Jes¨²s Posada, Ana Pastor¡­) deber¨ªa llevar a Alberto N¨²?ez Feij¨®o a comprometerse a que, bajo ning¨²n concepto, caso de ganar las elecciones, permitir¨¢ que llegue a la presidencia de las Cortes espa?olas nadie que no presente el imprescindible historial de respeto por sus oponentes pol¨ªticos y que el Partido Popular exigir¨¢ en los Parlamentos valenciano y aragon¨¦s la inmediata dimisi¨®n de las se?oras Mass¨® o Fern¨¢ndez si no son capaces de controlarse y comportarse con la suficiente responsabilidad o capacidad. Es decir, si vuelven a hacer p¨²blicas manifestaciones semejantes y no se mantienen calladas en todo lo que no sea el estricto cumplimiento de su funci¨®n. A partir del momento en el que han tomado posesi¨®n, el PP es el principal responsable de su desempe?o y ser¨¢ N¨²?ez Feij¨®o quien deba responder personalmente por su respeto institucional.

La actual forma territorial del Estado en Espa?a es el fruto de un largo y complejo proceso de construcci¨®n. Las comunidades aut¨®nomas han experimentado cambios y transformaciones con variadas reformas estatutarias y con la llegada a sus asambleas legislativas de nuevos partidos y ofertas electorales, pero, en todo caso, esas asambleas han sido, y son, la instituci¨®n estatutaria b¨¢sica de las comunidades. El Estado auton¨®mico configurado en la Constituci¨®n requiere de su funci¨®n y de su vitalidad. Es en esas asambleas donde se aprueban los presupuestos y se deciden las partidas que se van a destinar en cada comunidad a sanidad, educaci¨®n, medio ambiente o urbanismo. Si los constructores no levantan edificios en las Hoces del Cabriel o en el Monasterio de Piedra no es porque no lo anhelen, sino porque se lo proh¨ªbe, antes que nada, una ley auton¨®mica. Que presidan las asambleas legislativas de las comunidades personas que no creen en las vacunas, que ignoran el cambio clim¨¢tico y el efecto que va a tener sobre los megaincendios forestales o que desprecian a los homosexuales y niegan a las mujeres el derecho al aborto no es algo inane, porque son esas personas las que van a dirigir los debates y garantizar la buena marcha de los trabajos. La degradaci¨®n de la esfera p¨²blica ha alcanzado en la Comunidad Valenciana y en Arag¨®n un nivel inquietante.

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