L¨ªderes sociales bajo fuego: el mapa de la violencia en Colombia
Human Rights Watch considera insuficientes los esfuerzos del Gobierno para detener los asesinatos de defensores de derechos humanos y un retroceso que la Fiscal¨ªa centralice las estad¨ªsticas oficiales
La reacci¨®n del Ejecutivo de Iv¨¢n Duque ante el incesante asesinato de l¨ªderes sociales a lo largo y ancho de Colombia ha sido lenta e insuficiente, ha se?alado este mi¨¦rcoles Human Rights Watch (HRW). Despu¨¦s de entrevistar a m¨¢s de 130 personas en 20 de los 32 departamentos del pa¨ªs para identificar las din¨¢micas detr¨¢s de estos ataques y examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenirlos y llevar a los responsables ante la justicia, la ONG advierte que a menos que el Gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos ...
La reacci¨®n del Ejecutivo de Iv¨¢n Duque ante el incesante asesinato de l¨ªderes sociales a lo largo y ancho de Colombia ha sido lenta e insuficiente, ha se?alado este mi¨¦rcoles Human Rights Watch (HRW). Despu¨¦s de entrevistar a m¨¢s de 130 personas en 20 de los 32 departamentos del pa¨ªs para identificar las din¨¢micas detr¨¢s de estos ataques y examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenirlos y llevar a los responsables ante la justicia, la ONG advierte que a menos que el Gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos m¨¢s defensores de derechos humanos sean asesinados y cientos de comunidades queden indefensas.
¡°El Gobierno del presidente Iv¨¢n Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayor¨ªa de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias¡±, se?al¨® Jos¨¦ Miguel Vivanco, director de HRW para las Am¨¦ricas. Estos cr¨ªmenes han dejado al descubierto las din¨¢micas invisibilizadas de violencia y abuso en regiones remotas de Colombia, donde la presencia de autoridades judiciales y la polic¨ªa suele ser escasa, apunta el diagn¨®stico de la organizaci¨®n defensora de derechos humanos.
A pesar de que el acuerdo de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC incluyo? iniciativas especificas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos, ese tipo de cr¨ªmenes aument¨® a medida que diversos grupos armados ocuparon el vac¨ªo que dejaron las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producci¨®n de coca y otras actividades ilegales, apunta HRW. La implementaci¨®n ha sido lenta. Desde ese a?o, m¨¢s de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados, la cifra m¨¢s alta en Am¨¦rica Latina, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es un problema complejo que no se explica por una ¨²nica din¨¢mica nacional, advierte la ONG en su informe L¨ªderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia, que documenta dichos cr¨ªmenes en seis de las subregiones m¨¢s golpeadas en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Narin?o, Antioquia, Caqueta? y Arauca.
En el norte del Cauca, el departamento con mayores cifras de homicidios de l¨ªderes sociales, las disidencias que se apartaron del proceso de paz han asesinado a numerosos defensores de las comunidades ind¨ªgenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tr¨¢fico de drogas en sus territorios. ¡°Tienen armas, carros, dinero, tienen todo para hacernos la guerra¡±, le dijo un l¨ªder ind¨ªgena a HRW. ¡°Nosotros solo tenemos nuestros bastones de mando que simbolizan nuestra autoridad, nuestra resistencia pac¨ªfica y la defensa que hacemos de nuestro territorio¡±.
Las din¨¢micas son distintas de acuerdo con la regi¨®n. En muchas zonas, los grupos armados intentan utilizar a los l¨ªderes sociales, bajo coacci¨®n, para imponer sus propias ¡°reglas¡± en las comunidades, explica el informe, y despu¨¦s los atacan por incumplimientos reales o percibidos de dichas ¡°reglas¡±. El apoyo de dichos l¨ªderes a iniciativas establecidas en el acuerdo de paz ¨Ccomo por ejemplo la sustituci¨®n de los cultivos de coca¨C tambi¨¦n los ha puesto en riesgo.
Tanto la Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP) para personas en riesgo como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensor¨ªa del Pueblo que advierte sobre peligros en los territorios son mecanismos que han demostrado ser importantes para proteger los derechos humanos, ¡°aunque ambos carecen de financiaci¨®n suficiente y tienen otras graves deficiencias¡±, valora HRW. A ellos se suman otra serie de mecanismos nuevos que ¡°pr¨¢cticamente no funcionan o presentan graves falencias¡±.
La ONG le recomienda al Gobierno iniciar un proceso con participaci¨®n genuina de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias para simplificar y reforzar los mecanismos de prevenci¨®n y protecci¨®n previstos en el derecho colombiano, incluyendo reformar o derogar los mecanismos ineficaces que tengan un mandato poco claro ¨Ccomo el llamado Plan de Accio?n Oportuna (PAO)¨C. Tambi¨¦n aconseja continuar utilizando como oficial la cifra de defensores de derechos humanos asesinados que establece la Oficina del ACNUDH, y le pide a la Defensor¨ªa seguir documentando los asesinatos.
El informe, sin embargo, se conoce en momentos que la Administraci¨®n Duque es blanco de cr¨ªticas desde que anunci¨® hace una semana que, junto con la Fiscal¨ªa, la Defensor¨ªa, la Procuradur¨ªa y el Ministerio de Defensa pretend¨ªa acabar con la disparidad de cifras sobre ataques a l¨ªderes sociales. Se propone unificarlas en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, un ¨ªntimo amigo del mandatario que ya fue se?alado de maquillar una reducci¨®n cuando se desempe?¨® como consejero presidencial para los derechos humanos, al inicio del Gobierno. Esa disparidad se explica, entre otras, debido a que no hay un criterio unificado sobre a qui¨¦n se considera un l¨ªder social. Los n¨²meros de la Defensor¨ªa, por ejemplo, suelen ser mayores que los de la Fiscal¨ªa.
¡°La decisi¨®n de unificar las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos constituye un grave retroceso. Esta medida da?a la credibilidad de los esfuerzos del Gobierno colombiano para prevenir y sancionar estos hechos, esfuerzos que, hasta ahora, han sido preocupantemente insuficientes¡±, advierte Jos¨¦ Miguel Vivanco. ¡°En lugar de enfocarse en ¡®unificar¡¯ las cifras de l¨ªderes sociales asesinados, el Gobierno del presidente Duque deber¨ªa implementar debidamente las pol¨ªticas existentes para proteger a los defensores de derechos humanos y l¨ªderes sociales en el pa¨ªs¡±.
Para el director de HRW para las Am¨¦ricas, ¡°la tarea de verificar denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos debe estar a cargo de una entidad que cuente con la mayor credibilidad tanto frente a la comunidad internacional como ante las comunidades locales en los territorios de Colombia que sufren estos aberrantes asesinatos. La Oficina de la Alta Comisionada de ONU para Derechos Humanos cuenta con las mejores credenciales para desempe?ar este rol, y espero y conf¨ªo en que su oficina en Colombia incremente sus esfuerzos para llevar un registro completo y fiable sobre estos asesinatos¡±.