Migrantes venezolanos en Colombia: los datos que la xenofobia no cuenta

En los ¨²ltimos cinco a?os, Colombia ha pasado de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a m¨¢s de 1,7 millones. Hoy son pr¨¢cticamente 1 de cada 25 personas que uno se cruzar¨ªa en un paseo por una ciudad colombiana. La mayor¨ªa llegaron al pa¨ªs en condiciones que se mueven entre la urgencia y la necesidad, huyendo de una situaci¨®n de crisis extrema en su punto de origen.

Este proceso solo puede ser desc...

En los ¨²ltimos cinco a?os, Colombia ha pasado de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a m¨¢s de 1,7 millones. Hoy son pr¨¢cticamente 1 de cada 25 personas que uno se cruzar¨ªa en un paseo por una ciudad colombiana. La mayor¨ªa llegaron al pa¨ªs en condiciones que se mueven entre la urgencia y la necesidad, huyendo de una situaci¨®n de crisis extrema en su punto de origen.

Este proceso solo puede ser descrito como una conmoci¨®n. Lo es para el pa¨ªs de llegada, con costumbres y mecanismos institucionales puestos a prueba: Colombia no es, no ha sido en las ¨²ltimas d¨¦cadas, un lugar de recepci¨®n. Ni su Estado ni sus ciudades estaban preparados de antemano para la acogida. La ciudadan¨ªa, tampoco, y tal vez eso ayuda a entender que dos tercios de la poblaci¨®n se mantengan en una posici¨®n de rechazo frente a los reci¨¦n llegados.

Pero tambi¨¦n es un choque ¡ªmayor, incluso¡ª para quienes llegan. No lo hacen en un proceso migratorio reflexionado, ordenado, orientado a la prosperidad familiar; es una huida de una situaci¨®n insostenible hacia otra precaria. De hecho, una inmensa mayor¨ªa considera que estar¨ªa en riesgo si regresa a Venezuela. Lo que los impulsa no es la prosperidad, que se vuelve m¨¢s bien un sue?o de dif¨ªcil alcance: es escapar del abismo.

Los pol¨ªticos locales tienen pocos incentivos para atender estos miedos y preocupaciones: los migrantes no votan; al menos, no mientras no dispongan de ciudadan¨ªa o su residencia regularizada no alcance los cinco a?os (y en este caso, solo votan en elecciones de orden municipal o regional). Y, en cambio, s¨ª tienen la tentaci¨®n ¡ªy todos los beneficios de la demagogia¡ª de hacer eco de ese rechazo que manifiestan dos tercios de la poblaci¨®n nacional: nada m¨¢s f¨¢cil que cargar la responsabilidad a factores externos.

Varios en Colombia lo han hecho, pero nadie de manera tan decidida como la alcaldesa de la capital. Claudia L¨®pez ha centrado el tiro en el crimen. Ya en noviembre del a?o pasado afirmaba que ¡°el 20 % de los hurtos que se est¨¢n cometiendo, de las capturas que hemos hecho por hurto promedio en la ciudad, son inmigrantes¡±, una cifra que ascend¨ªa seg¨²n ella hasta casi la mitad en los registrados dentro del sistema de transporte bogotano TransMilenio. En febrero y en marzo de este a?o volvi¨® sobre el asunto. ¡°Los hechos demuestran que una minor¨ªa de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar o por una requisa, son un factor de inseguridad en nuestra ciudad¡±, dijo hace una semana, y asegur¨® que no era ¡°un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garant¨ªas para los colombianos¡±.

La reacci¨®n inicial de medios y sectores progresistas preocupados por la xenofobia de estos comentarios se ha centrado en tratar de desmentir los datos ofrecidos por la alcaldesa, y su caracterizaci¨®n de que son los migrantes venezolanos quienes aumentan la inseguridad. Pero L¨®pez no tergiversa los n¨²meros: solo utiliza aquellos que le convienen. Ciertamente, los hechos delictivos agregados por la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n muestran que 3,6% de los registrados en 2020 estuvieron asociados con una persona de nacionalidad venezolana: aproximadamente la misma proporci¨®n representa el conjunto de migrantes venezolanos sobre la poblaci¨®n colombiana total.

Los tres tipos de delito m¨¢s n¨ªtidamente asociados con migrantes son el hurto, la violaci¨®n de medidas sanitarias o relacionadas con salud p¨²blica y aquellas vinculadas a estupefacientes. No los homicidios, como sugiere L¨®pez. De hecho, seg¨²n los datos oficiales, los migrantes venezolanos fueron v¨ªctimas m¨¢s frecuentes que los nacionales colombianos de los principales y m¨¢s graves delitos violentos.

En 2020, una mujer venezolana en Colombia ten¨ªa el doble de probabilidad de morir de forma violenta que una mujer colombiana, seg¨²n datos de Medicina Legal; un riesgo un 39% mayor de sufrir violencia en pareja; un 28% de estar sometida a violencia sexual. Para ambos sexos, la probabilidad de sufrir cualquier tipo de violencia era de 21% m¨¢s para venezolanos que para colombianos; los hombres de Venezuela ten¨ªan 14% m¨¢s posibilidades de morir en homicidio que sus vecinos de acogida.

Datos de una encuesta plurinacional enfocada a medir el grado y las formas de vulnerabilidad entre migrantes venezolanos, particularmente aquellos con problemas para disponer de una vivienda estable y adecuada (casi todos, realmente), apuntan en una direcci¨®n similar: uno de cada cuatro habr¨ªa sufrido alg¨²n tipo de agresi¨®n desde que dej¨® su pa¨ªs. La m¨¢s frecuente es, parad¨®jicamente, aquella de la que tanto se les acusa: el robo.

Aqu¨ª empieza el giro anal¨ªtico imprescindible para entender de manera completa el fen¨®meno: no es una cuesti¨®n de centrar el debate en las cifras sobre delitos de manera abstracta, como si ocurrieran en el aire, sino de abarcar todo el contexto que las rodea. El primer y mayor sesgo en el que incurre el debate sobre la relaci¨®n entre poblaci¨®n migrante y crimen es el de enmarcarlos solo en el lado de los delincuentes, de los victimarios. Una aproximaci¨®n anclada en la realidad deber¨ªa empezar por la intuici¨®n contraria, que estos datos confirman: si tenemos a cientos de miles de personas saliendo con urgencia de su hogar, de su entorno de confianza, dando un salto al vac¨ªo, parece plausible temer por su integridad en un lugar de destino que no est¨¢ listo para ofrecerles protecciones similares a las que disfrutaban en el pasado.

Incorpor¨¢ndose en los m¨¢rgenes

Casi dos millones de personas han llegado en condiciones precarias, en apenas cinco a?os, a un pa¨ªs de ingreso medio, profundamente desigual, con altos ¨ªndices de informalidad laboral, estructuras delincuenciales ya establecidas (que propician un historial de violencia muy por encima de la media mundial) y que adem¨¢s carece de experiencia en la inclusi¨®n de migrantes. Sus necesidades declaradas son tan variadas como acuciantes.

Pero dif¨ªcilmente pueden satisfacerlas con una integraci¨®n incompleta, que se produce sobre todo en los (amplios) m¨¢rgenes del sistema colombiano. Consid¨¦rese el empleo y la educaci¨®n, mecanismos b¨¢sicos de inclusi¨®n. Seg¨²n datos oficiales, la comunidad venezolana en Colombia sufr¨ªa a finales de 2019 el doble de desempleo e informalidad, y el triple de adolescentes j¨®venes (12-15 a?os) trabajaban.

En el plano escolar, uno de cada dos menores de 18 a?os (y mayores de seis) est¨¢ sin escolarizar, en la mayor¨ªa de casos por problemas fuera del control de las familias.

Estos son los n¨²meros que dibujan la conmoci¨®n que sufren aquellas poblaciones que deben salir de manera masiva, improvisada y riesgosa de su entorno.

Claudia L¨®pez misma admit¨ªa en noviembre que el reclutamiento de migrantes ¡°lo hacen tanto bandas colombianas como venezolanas¡±. Para ellas, hay cientos de miles de personas que constituyen tanto mano de obra accesible ante la falta de protecci¨®n y oportunidades, como v¨ªctimas disponibles por exactamente la misma raz¨®n. De hecho, adem¨¢s de los delitos mencionados, hay otro que destaca en la base de datos de la Fiscal¨ªa colombiana: el uso de menores para actos delictivos. Las cadenas de precariedad se consolidan con la nueva poblaci¨®n, que termina integrada a las que ya exist¨ªan previamente.

La integraci¨®n pendiente

La ciudadan¨ªa colombiana no es ajena a nada de ello: una vez que la pregunta simplista de si est¨¢n a favor o en contra de los migrantes se abre a matices m¨¢s espec¨ªficos, los prejuicios negativos se cargan sobre todo en las dimensiones de pobreza, el peso en los servicios sociales y el empleo. Mientras, las opiniones a favor de pol¨ªticas inclusivas en salud, educaci¨®n e incluso de facilitaci¨®n de empleo para los migrantes son mayoritarias o casi mayoritarias.

La reciente regularizaci¨®n masiva emprendida por el Gobierno colombiano, que ofrecer¨¢ un permiso de residencia por diez a?os al mill¨®n de personas que permanecen sin papeles dentro del territorio, es solo un primer paso para modular el doble impacto que implica una ola migratoria s¨²bita, intensa y marcada por la urgencia. Los datos (una vez considerados en su conjunto, y no pieza por pieza) aqu¨ª volcados indican que faltan muchos pasos m¨¢s para asegurar una inclusi¨®n plena, estable, que permita aflorar los beneficios para todas las partes que puede traer la migraci¨®n. La variedad de opiniones apunta, en cualquier caso, a que existe espacio m¨¢s que suficiente para flexibilizar perspectivas, subrayando tal o cual ¨¢ngulo en las percepciones y las pol¨ªticas aplicadas. En eso, las voces p¨²blicas tienen sin duda una responsabilidad determinante. Los colombianos no lo desconocen: seg¨²n una encuesta reciente del Proyecto Migraci¨®n Venezuela, un 75% de ellos considera que los medios de comunicaci¨®n no transmiten una imagen positiva de los migrantes.

Cuando estas voces p¨²blicas, particularmente los representantes electos, se refieren solamente a una parte de la historia, cuando descontextualizan los indicadores y ponen el foco exclusivamente en el v¨ªnculo entre condici¨®n de migrante y delincuencia, se arriesga a reforzar las din¨¢micas contrarias: las de la exclusi¨®n. Los votos, la sensaci¨®n de estar ¡°cerca¡± de lo que piensa ¡°la gente¡± en el corto plazo con este tipo de discursos implica, probablemente, hipotecar la integraci¨®n en el futuro. O, dicho de otro modo: implica negarse a lidiar con la realidad que deben gestionar, y para lo cual fueron votados.