Un fiscal peruano investiga al presidente Pedro Castillo por plagio en su tesis de maestr¨ªa

El presidente peruano Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, est¨¢n siendo investigados por plagio agravado y cobro indebido, seg¨²n ha informado este jueves el Ministerio P¨²blico. Antes de llegar a Palacio de Gobierno en julio pasado, ambos eran maestros de escuela rural y su salario era mayor al promedio porque cursaron una maestr¨ªa en una universidad propiedad del excandidato presidencial ...

El presidente peruano Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, est¨¢n siendo investigados por plagio agravado y cobro indebido, seg¨²n ha informado este jueves el Ministerio P¨²blico. Antes de llegar a Palacio de Gobierno en julio pasado, ambos eran maestros de escuela rural y su salario era mayor al promedio porque cursaron una maestr¨ªa en una universidad propiedad del excandidato presidencial C¨¦sar Acu?a. Pero, seg¨²n se ha sabido recientemente, la pareja lo consigui¨® con credenciales dudosas. El domingo, un programa de televisi¨®n revel¨® que el marco te¨®rico de la tesis que el mandatario y su esposa hicieron conjuntamente ten¨ªa un 54% de coincidencia con otros autores, lo que ha llevado a la Fiscal¨ªa de Cajamarca, en el norte del pa¨ªs, a abrir la investigaci¨®n.

Castillo y la primera dama Lilia Paredes obtuvieron la maestr¨ªa en Psicolog¨ªa Educativa con una investigaci¨®n de 121 p¨¢ginas que presentaron en 2011, luego de estudiar cursos los fines de semana en la sede de Tacabamba -distrito de la regi¨®n Cajamarca, donde trabajaban- de la Universidad C¨¦sar Vallejo. Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece inform¨® en marzo que dicha sede fue cerrada en 2017 por la Superintendencia Nacional de Educaci¨®n Superior Universitaria (Sunedu) porque no ten¨ªa autorizaci¨®n de la autoridad educativa para operar.

Por su parte, el programa de televisi¨®n Panorama document¨® otra deficiencia en la tesis de los entonces maestros rurales: de los dos expertos que validaron los instrumentos de la investigaci¨®n: uno no existe y, el otro, seg¨²n el DNI, corresponde a otra persona. Con esos elementos, la fiscal¨ªa ha decidido abrir una investigaci¨®n adicional a Castillo y Paredes por falsedad gen¨¦rica. El Ministerio P¨²blico comunic¨® que la pesquisa est¨¢ a cargo de un fiscal provincial del distrito de Tacabamba, en Cajamarca. Debido que los hechos no corresponden al ejercicio de la funci¨®n como presidente, el magistrado puede investigar y eventualmente acusar al mandatario.

El Congreso vota volver al Viejo Oeste educativo

El abogado de Castillo Eduardo Pachas ha alegado en una entrevista con el Canal N que lo que hicieron el presidente y su esposa no fue plagio y que no era ilegal de acuerdo a las normas de la ¨¦poca, antes de la reforma universitaria de 2014, que estableci¨® est¨¢ndares de calidad, debido a que miles de estudiantes eran estafados con una formaci¨®n deficiente que nadie supervisaba. Adem¨¢s, atribuy¨® los problemas de la tesis al asesor y a los siete miembros del jurado que la dieron por v¨¢lida. ¡°Puede ser deshonesto, pero ac¨¢ hay un marco jur¨ªdico¡±, afirm¨®.

En 2014, Per¨² aprob¨® una Ley Universitaria que, entre otros aspectos, cre¨® una superintendencia para evitar la estafa a miles de estudiantes que pagaban a las universidades con fines de lucro por una educaci¨®n de mala calidad, que adem¨¢s era impartida en garajes, en el segundo piso de restaurantes de comida china, o en coliseos, como revel¨® el semanario Hildebrandt en sus trece sobre la sede de Tacabamba de la universidad C¨¦sar Vallejo, donde estudi¨® la ahora pareja presidencial.

Con este esc¨¢ndalo como trasfondo, el Congreso aprob¨® el mi¨¦rcoles, con votos del oficialismo y de la oposici¨®n, anular esa superintendencia que regula las universidades, en una especie de vuelta al Viejo Oeste en la educaci¨®n superior.

Los problemas hallados por la prensa respecto del dudoso t¨ªtulo de maestr¨ªa que obtuvieron el presidente y la primera dama no han hecho m¨¢s que incrementar el rechazo al Parlamento que, desde que se instal¨® en julio del a?o pasado, pretend¨ªa cerrar la superintendencia de la educaci¨®n universitaria. Varios congresistas de diversos partidos representan o son propietarios de las universidades que Sunedu cerr¨® por no cumplir con los est¨¢ndares m¨ªnimos para obtener la licencia de educaci¨®n superior.

Seg¨²n la superintendencia, en 2014 exist¨ªan 145 universidades, y de ellas solo 94 lograron alcanzar los est¨¢ndares para continuar dando servicios. La tarde del mi¨¦rcoles, con votos de las bancadas del oficialista Per¨² Libre y de Fuerza Popular, Acci¨®n Popular y Renovaci¨®n Popular (los m¨¢s importantes de la oposici¨®n), el Congreso elimin¨® la atribuci¨®n reguladora de Sunedu y modific¨® la conformaci¨®n del consejo directivo. Antes -salvo el presidente de la entidad- los miembros del consejo directivo entraban por concurso de m¨¦ritos, pero de acuerdo a la norma que aprob¨® el Legislativo, ahora se sentar¨¢n all¨ª los representantes de las universidades.

Retroceso en pol¨ªtica educativa

¡°Parte del gran cambio de la reforma universitaria es la nueva ley de 2014 y los est¨¢ndares (de calidad) a los que obligan a las universidades. Por ejemplo, las tesis pasan a repositorios, es decir, hay una cierta regulaci¨®n¡±, explica la soci¨®loga y catedr¨¢tica Teresa Quiroz, exdirectora del Instituto de Investigaci¨®n de la Universidad de Lima. ¡±Con la creaci¨®n de Sunedu mejora la calidad, el control interno, las exigencias y se establecen diferencias importantes en las tesis de licenciatura, maestr¨ªa y doctorado¡±, precisa.

En noviembre de 2020, parte de las grandes manifestaciones ciudadanas en el pa¨ªs andino tuvieron como centro la defensa de la reforma universitaria y la calidad de la educaci¨®n superior, amenazadas por el Gobierno interino de Manuel Merino y el Congreso de entonces. Este jueves, el Consorcio de Universidades Privadas, las once principales universidades p¨²blicas, y organizaciones de especialistas en pol¨ªtica educativa han difundido comunicados en respaldo a la superintendencia (Sunedu) y de rechazo al Parlamento.

A ellos se han sumado m¨¢s pronunciamientos para defender la reforma universitaria: entre ellos los de las ocho principales federaciones de estudiantes universitarios de la capital y los rectores de 38 universidades p¨²blicas del pa¨ªs. Adem¨¢s, el canciller C¨¦sar Landa, exmiembro del Tribunal Constitucional, se expres¨® por la continuidad de la Sunedu, debido a que fue creada para garantizar el derecho constitucional a una educaci¨®n de calidad.

El presidente Castillo puede objetar las normas enviadas por el Parlamento, pero ¨¦ste podr¨ªa promulgarla mediante una figura que se denomina ¡°aprobaci¨®n por insistencia¡±, que usa continuamente como parte de la tensi¨®n con el Ejecutivo. Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os este ha sido uno de los casos en que los poderes continuamente en disputa han coincidido en un inter¨¦s com¨²n: mantener el lucrativo negocio de la educaci¨®n de baja calidad. Lo aprobado por el Congreso ¡°esconde un prop¨®sito oscuro: volver a un viejo orden sin supervisi¨®n de ning¨²n tipo¡±, dijo este jueves el superintendente Oswaldo Zegarra en una conferencia de prensa, acompa?ado por el consejo directivo de Sunedu.

Zegarra precis¨® que la nueva norma le quita a la entidad la funci¨®n de ¨®rgano t¨¦cnico especializado y ya no lo considera ¨®rgano regulador. ¡°La piedra angular en un regulador es que los supervisados no se supervisen a s¨ª mismos¡±, agreg¨®. Los abogados C¨¦sar Azabache y Luciano L¨®pez, en coordinaci¨®n con asociaciones civiles especializadas en pol¨ªticas educativas se han propuesto reunir 5.000 firmas de ciudadanos para presentar una acci¨®n de inconstitucionalidad contra la ley que aprob¨® el Congreso y defender la reforma universitaria, seg¨²n anunciaron en Twitter.

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