Los ataques contra la prensa ponen en alerta a los medios en Ecuador

El artefacto explosivo estaba colocado en una memoria USB que hab¨ªa llegado en un sobre manila, con un mensaje impreso. Era para el periodista y presentador Lenin Artieda, del canal ecuatoriano Ecuavisa. Artieda lo meti¨® en el computador cuando se dio la descarga que le ocasion¨® heridas leves, aunque pudo ser mayor porque ¡°se activ¨® solo la mitad del explosivo¡±, explic¨® Javier Chango, jefe de Criminal¨ªstica de la Polic¨ªa.

Ese fue uno de los cinco sobres que ten¨ªan el mismo contenido que se enviaron a t...

El artefacto explosivo estaba colocado en una memoria USB que hab¨ªa llegado en un sobre manila, con un mensaje impreso. Era para el periodista y presentador Lenin Artieda, del canal ecuatoriano Ecuavisa. Artieda lo meti¨® en el computador cuando se dio la descarga que le ocasion¨® heridas leves, aunque pudo ser mayor porque ¡°se activ¨® solo la mitad del explosivo¡±, explic¨® Javier Chango, jefe de Criminal¨ªstica de la Polic¨ªa.

Ese fue uno de los cinco sobres que ten¨ªan el mismo contenido que se enviaron a trav¨¦s de un servicio de mensajer¨ªa la semana pasada y estaban dirigidos a los periodistas Carlos Vera, Mario Rivadeneira de Radio Democracia, Mauricio Ayora del canal TC televisi¨®n y Milton P¨¦rez de Teleamazonas. Solo el de Artieda explot¨® y fue ah¨ª cuando los otros comunicadores se dieron cuenta de que se trataba de un ataque m¨²ltiple.

Las primeras investigaciones determinaron que el remitente era el mismo. H. Garc¨ªa habr¨ªa enviado los paquetes desde la ciudad de Quinsaloma, ubicada en la provincia costera de Los R¨ªos. La Polic¨ªa lo considera un sospechoso clave en la investigaci¨®n, pero siete d¨ªas despu¨¦s del hecho, todav¨ªa no ha sido capturado. C¨¦sar Ricaurte, director de Fundamedios, teme que este ataque sea uno m¨¢s que queda impune, en un ambiente cada vez m¨¢s violento contra la prensa. En el 2022, la organizaci¨®n monitore¨® 356 agresiones contra periodistas, eso significa 67 m¨¢s que el a?o anterior.

Milton P¨¦rez, uno de los periodistas que recibi¨® el USB la semana pasada, dice que el caso debe aclararse. ¡°Que nos digan d¨®nde estamos pisando¡±, a?ade. En el sobre tambi¨¦n hab¨ªa una hoja con un mensaje impreso en el que dec¨ªa: ¡°Informaci¨®n va a desenmascarar al corre¨ªsmo¡±. ¡°No dec¨ªan c¨¢llate, no daban instrucciones de no meternos en un caso espec¨ªfico, era una trampa¡±, dice P¨¦rez.

Este caso tiene un perfil diferente al que ha usado el crimen organizado en otros ataques m¨²ltiples contra periodistas y medios de comunicaci¨®n en el ¨²ltimo a?o. Han disparado contra las instalaciones del canal RTS, usan motociclistas para dejar panfletos con mensajes concretos, como alertar de agresiones a civiles, o prohibir la circulaci¨®n del diario Extra en algunas ciudades. ¡°Esta vez se trata de periodistas de mucha visibilidad y de larga trayectoria. Este patr¨®n nos habla de que quieren dar un mensaje de alta exposici¨®n a la ciudadan¨ªa¡±, dice Ricaurte.

La mayor¨ªa de las agresiones ocurre en ciudades peque?as, donde se ventilan graves conflictos por miner¨ªa ilegal, narcotr¨¢fico y trata de personas. En el ¨²ltimo a?o, cuatro periodistas de medios digitales cuyo trabajo se caracteriza por hacer transmisiones en vivo han sido asesinados en Ecuador. Y en lo que va de 2023, ya son 89 periodistas los que han sufrido alg¨²n tipo de agresi¨®n, como amenazas, discursos estigmatizantes, procesos judiciales, ataques en el espacio digital y f¨ªsicos.

¡°No se ha tenido m¨¢s informaci¨®n sobre estas agresiones y me temo que bajo la muletilla de que se le atribuye al crimen organizado, ah¨ª quede todo¡±, explica Ricaurte. El silencio y la impunidad atraviesan los cientos de casos de agresiones y asesinatos a periodistas, como el que conmocion¨® al pa¨ªs sudamericano hace cinco a?os.

El 26 de marzo de 2018, a bordo de una camioneta que conduc¨ªa Efra¨ªn Segarra, el fot¨®grafo Pa¨²l Rivas y el periodista Javier Ortega, del diario El Comercio, iban en la carretera que va hacia la comunidad de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, que es fronteriza con Colombia, cuando fueron secuestrados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Javier Ortega, Paul Rivas y Efra¨ªn Segarra murieron por contar qu¨¦ ocurre en uno de los territorios m¨¢s violentos del pa¨ªs y la impunidad de sus muertes ha convertido a Esmeraldas en una ¡°zona silenciada¡±, que inhibe a los comunicadores a informar sobre los graves hechos en la provincia del norte y que se extiende a otras zonas donde las bandas delincuenciales han tomado control.

Cinco a?os despu¨¦s del crimen, el Ministerio P¨²blico no ha determinado una hip¨®tesis de lo ocurrido, y el caso se mantiene bajo reserva. Las familias han pedido insistentemente la informaci¨®n, pero ni Lenin Moreno ni Guillermo Lasso, que ofreci¨® desclasificar los archivos de este crimen, lo han hecho.

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