Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 a?os y ya tiene la tasa m¨¢s alta de Sudam¨¦rica

La s¨®lida estructura social y pol¨ªtica que suele exhibir Uruguay se resquebraja en las ¨¢reas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro de cada 1.000 uruguayos en prisi¨®n, el pa¨ªs tiene la tasa de encarcelamiento m¨¢s alta de Am¨¦rica del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La poblaci¨®n carcelaria se ha triplicado en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, seg¨²n lo refleja ...

La s¨®lida estructura social y pol¨ªtica que suele exhibir Uruguay se resquebraja en las ¨¢reas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro de cada 1.000 uruguayos en prisi¨®n, el pa¨ªs tiene la tasa de encarcelamiento m¨¢s alta de Am¨¦rica del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La poblaci¨®n carcelaria se ha triplicado en las dos ¨²ltimas d¨¦cadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, seg¨²n lo refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay ten¨ªa aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el pa¨ªs hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupaci¨®n del 123% (123 personas cada 100 plazas), aunque ese porcentaje de hacinamiento cr¨ªtico se dispara sobre todo en el ¨¢rea metropolitana de Montevideo. El informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que re¨²nen las condiciones y oportunidades de rehabilitaci¨®n e integraci¨®n social, un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que un 34% pasa su reclusi¨®n en condiciones de ¡°trato cruel, inhumano y degradante¡±.

¡°Uruguay tuvo un modelo penitenciario muy notable hasta la ¨¦poca previa a la dictadura (1973-1985). Las c¨¢rceles depend¨ªan del ministerio de Educaci¨®n y ten¨ªan una guardia penitenciaria que actuaba con mecanismos preventivos de di¨¢logo y reservaba la violencia para los casos extremos¡±, dice Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Se?ala que ese modelo fue desmoron¨¢ndose hasta que fue intervenido por el Ministerio del Interior durante la dictadura y se mantuvo bajo su ¨®rbita en democracia. Seg¨²n Petit, la explosi¨®n demogr¨¢fica carcelaria se explica, en parte, por la aparici¨®n y circulaci¨®n masiva de drogas como la pasta base de coca¨ªna en los a?os 2000 y las consecuentes formas de exclusi¨®n social y criminalidad que esta trajo aparejada.

Dos d¨¦cadas despu¨¦s, las c¨¢rceles uruguayas est¨¢n superpobladas de j¨®venes varones menores de 35 a?os (el 75% del total), condenados en su mayor¨ªa por delitos de hurto, tr¨¢fico o venta de estupefacientes y rapi?a, con una trayectoria vital marcada por la deserci¨®n del sistema educativo y el consumo problem¨¢tico de drogas. En ese sentido, un informe de ASSE ¨Cprincipal prestador p¨²blico de salud- indica que las adicciones afectan al 80% de los reclusos, mientras que otro diagn¨®stico del ministerio de Educaci¨®n muestra que el 53,5% de los ingresados en 2022 era analfabeto. ¡°Se requiere una especie de unidad de cuidados intensivos para recuperar el tiempo perdido, sanar y transformar¡±, dice Petit.

Sin embargo, el informe muestra que las respuestas del sistema carcelario uruguayo son deficientes y la reclusi¨®n se convierte en un eslab¨®n m¨¢s de la violencia social que conlleva el delito. En 2021, hubo 224 reclusos heridos graves y otros 45 murieron de forma violenta. La reincidencia es del 60%. ¡°Hay pocos programas, con bajos niveles de cobertura y poca capacidad para dise?ar e implementar tratamientos individualizados que atiendan las causas del delito y busque modificarlas¡±, dice Ana Vigna, soci¨®loga e investigadora especializada en sistema penitenciario. La consecuencia m¨¢s obvia de esto, a?ade, es que Uruguay est¨¢ hipotecando el potencial de generaciones de j¨®venes, que no logran salir de un circuito dominado por la violencia, el delito y la c¨¢rcel.

Dentro y fuera del sistema

¡°Para sobrevivir, ten¨¦s que estar todo el d¨ªa a prepo (con prepotencia). Prepo para comer, prepo para salir al patio, prepo para conseguir un colch¨®n. Cuando sal¨ªs a la calle, segu¨ªs en la misma: prepo, prepo y m¨¢s prepo¡±, le coment¨® un joven recluso a Petit mientras el comisionado recorr¨ªa un centro penitenciario. ¡°Cuando miramos lo que pasa en el tejido social carcelario, tambi¨¦n estamos viendo el mismo tejido relacional de aquellos barrios donde la violencia transform¨® los mecanismos para alcanzar objetivos¡±, dice Petit. Ese vivir deprisa, a prepo, busca tapar la angustia de un encierro sin oportunidades y est¨¢ estrechamente ligado al consumo de drogas que afecta a la mayor¨ªa de los reclusos.

¡°Es fundamental empezar a desarrollar un programa de tratamiento de las adicciones en todo el sistema penitenciario¡±, remarca Petit. En 2022, solo 344 reclusos participaron en un programa para tratar el uso problem¨¢tico de drogas, seg¨²n datos del Instituto Nacional de Rehabilitaci¨®n.

Los ¡°efectos perversos¡± de estas condiciones de reclusi¨®n no solo se manifiestan en la din¨¢mica cotidiana de los establecimientos carcelarios, acota Vigna, sino que los traspasa y golpea de lleno a la sociedad, sobre todo a las personas vinculadas afectivamente con los reclusos. ¡°Sentimos que estamos pagando por un delito que no cometimos¡±, sostiene Gabriela Rodr¨ªguez, de Familias Presentes, asociaci¨®n creada en 2022 por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay.

Rodr¨ªguez sostiene que en varios centros los familiares hacen colas de tres o cuatro horas, con sol o lluvia, fr¨ªo o calor, para acceder a las visitas, y en muchos casos deben desnudarse ¨ªntegramente durante el control por la falta de esc¨¢neres. ¡°Es un nivel tremendo de invasi¨®n a la intimidad¡±, afirma. Adem¨¢s, explica que reciben muy poca informaci¨®n de sus familiares recluidos: si est¨¢n sanos o heridos, si fueron trasladados de celda o de prisi¨®n. ¡°Es incomprensible y nos genera sentimientos de mayor angustia e incertidumbre¡±, a?ade. Rodr¨ªguez se hace eco de la demanda extendida de programas estrat¨¦gicos de rehabilitaci¨®n, al tiempo que pide el fin de los encierros permanentes en las celdas, de 24 horas, que afecta a un n¨²mero significativo de reclusos, incumpliendo las Reglas Mandela que estipulan un m¨ªnimo de una hora diaria al aire libre.

La situaci¨®n de las mujeres

En medio del ¡°agotamiento estructural¡± que padece el sistema penitenciario, la poblaci¨®n privada de libertad ha crecido a un ritmo sostenido de un 10% anual, aunque en el caso particular de las mujeres ese incremento fue de casi un 30%, debido al aumento de las penas por microtr¨¢fico de estupefacientes, establecido por ley en 2020. A pesar de eso, explica Vigna, las mujeres privadas de libertad ¨Calrededor de 1.000- siguen siendo minor¨ªa en un universo marcadamente masculino. ¡°Por eso muchas veces sus necesidades espec¨ªficas pasan inadvertidas o son invisibilizadas ante las demandas de la mayor¨ªa¡±, agrega. Adem¨¢s, considera que el uso de medidas alternativas a la privaci¨®n de libertad ser¨ªa una respuesta adecuada para determinados perfiles de mujeres en conflicto con la ley, como las involucradas en el llamado narcomenudeo.

Seg¨²n un informe del comisionado parlamentario, en Uruguay hay unas 15.000 personas con medidas alternativas a la prisi¨®n, sobre las cuales, asegura, hay pocos datos disponibles. ¡°Es muy dif¨ªcil saber cu¨¢ntas medidas de este tipo hay en funcionamiento, cu¨¢nto duran, de qu¨¦ tipo son, a qu¨¦ poblaci¨®n atienden¡±, dice Vigna. Escasa informaci¨®n y mucha debilidad institucional: el sistema contaba en 2021 con 86 funcionarios y un solo veh¨ªculo en funcionamiento para supervisar a 15.000 personas con penas alternativas en todo el pa¨ªs, de acuerdo con el texto citado.

En 2023, la coalici¨®n conservadora que gobierna en Uruguay se ha propuesto revertir esta situaci¨®n, tal como lo explicita el documento Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, presentado en marzo con la intenci¨®n de alcanzar un consenso multipartidario para concretar una reforma del sistema penitenciario. En esa direcci¨®n, buscar¨¢ fortalecer el alica¨ªdo programa de medidas alternativas y desarrollar un ambicioso plan de atenci¨®n a los reclusos con adicciones. Petit espera que el sistema pol¨ªtico avance en ese sentido. ¡°La urgencia nos devora¡±, subraya.

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