Uruguay debate una indemnizaci¨®n para v¨ªctimas de la guerrilla previa a la dictadura de 1973

Los legisladores uruguayos vuelven a echar la vista atr¨¢s para abordar, con diferencias hist¨®ricas, los complejos a?os previos a la dictadura c¨ªvico militar que gobern¨® de facto el pa¨ªs entre 1973 y 1985. En esta oportunidad, el centro del debate lo ocupa un proyecto de ley que prev¨¦ indemnizar a las v¨ªctimas de los grupos armados con fines ideol¨®gicos y pol¨ªticos, entre 1962 y 1976, que ser¨¢ votado en Diputados despu¨¦s de la Semana Santa.

La iniciativa, que ya tiene media sanci¨®n en el Senado, lleva casi dos d¨¦cadas en agenda. Tanto el expresidente conservador Jorge Batlle (2000-2005), as¨ª como su sucesor, el izquierdista Tabar¨¦ V¨¢zquez (2005-2010), presentaron proyectos similares durante sus mandatos, pero no contaron con respaldo parlamentario. Ahora, con mayor ¨¦xito, lo desempolva un socio clave de la actual coalici¨®n gobernante liderada por el conservador Luis Lacalle Pou: Cabildo Abierto, partido derechista fundado en 2019 que cuenta con militares retirados entre sus principales figuras.

El proyecto original considera que es ¡°de justicia¡± la indemnizaci¨®n ¡°moral, social y econ¨®mica¡± a civiles, polic¨ªas, militares o sus familiares que hayan perdido la vida, sufrido incapacitaci¨®n o privaci¨®n de libertad por m¨¢s de 72 horas, debido al accionar de grupos armados entre 1962 y 1976. Una segunda versi¨®n, que votar¨¢ Diputados, detalla los montos econ¨®micos que pagar¨¢ el Estado uruguayo: los familiares de v¨ªctimas fallecidas recibir¨¢n, por ¨²nica vez, 150.000 d¨®lares; 100.000 d¨®lares aquellos que hayan resultado incapacitados; 50.000 d¨®lares quienes sufrieron privaci¨®n de libertad.

¡°Estamos convencidos de que es justo y pertinente otorgar esta reparaci¨®n¡±, se?ala a EL PA?S el diputado oficialista Ope Pasquet, del Partido Colorado. A?ade que hace m¨¢s de 20 a?os se plantea la reparaci¨®n a quienes fueron ¡°v¨ªctimas de la guerrilla¡± (en referencia principal al grupo guerrillero Tupamaros surgido en la d¨¦cada del sesenta, pero eso nunca cristaliz¨®. ¡°Nos parece que es el momento de concretarlo, especialmente cuando en los 15 a?os de gobiernos anteriores (del Frente Amplio - izquierda) se votaron muchas indemnizaciones y nunca hubo tiempo ni oportunidad para considerar a estas v¨ªctimas¡±, agrega.

La oposici¨®n no acompa?ar¨¢ la iniciativa

Los legisladores del opositor Frente Amplio no acompa?aron en 2007 la iniciativa del expresidente de izquierda Tabar¨¦ V¨¢zquez y tampoco lo har¨¢n ahora. ¡°Nuestra fuerza pol¨ªtica no est¨¢ en contra de las reparaciones y lo ha demostrado con acciones concretas. Nos oponemos a este proyecto de ley porque est¨¢ mal dise?ado y mal fundamentado¡±, dice el diputado Mariano Tucci.

En ese sentido, considera que la iniciativa materializa una ¡°visi¨®n hemipl¨¦jica¡± de la historia reciente, ya que sus promotores direccionan las responsabilidades hacia las acciones de la guerrilla de izquierda y dejan fuera a otros grupos armados afines a la derecha. ¡°Ac¨¢ existieron los Escuadrones de la Muerte, la Juventud Uruguaya de Pie, entre otras organizaciones armadas de ultraderecha, que infundieron terror, mataron y secuestraron¡±, dice.

Adem¨¢s, el legislador frenteamplista discrepa con Pasquet con respecto a que este proyecto atiende a v¨ªctimas no contempladas en las leyes vigentes. ¡°Se vuelve a reparar a gente que ya fue reparada en el propio proceso civil militar¡±, dice Tucci en referencia a los funcionarios, polic¨ªas y militares afectados en el ejercicio de su funci¨®n en el periodo estipulado por el proyecto.

Desde el oficialismo estiman que alrededor de 70 personas ser¨ªan las beneficiarias de esta ley, bas¨¢ndose en dos listas elaboradas durante los gobiernos de Batlle y V¨¢zquez, que este proyecto da por buenas. Esas personas o sus familiares recibir¨¢n la indemnizaci¨®n, y tambi¨¦n lo har¨¢n eventualmente quienes presenten pruebas ante la comisi¨®n especial que se crear¨¢ a instancias de este proyecto y determinar¨¢ si corresponde o no la reparaci¨®n. En caso de haber sido resarcidas en el pasado, las v¨ªctimas o sus familiares recibir¨¢n la diferencia entre lo recibido y el monto fijado por la norma.

La mirada de la academia

Las cr¨ªticas llegaron desde la oposici¨®n y tambi¨¦n de las organizaciones de derechos humanos, que ven en este proyecto una intenci¨®n revisionista, porque coloca en un mismo plano la violencia ejercida por los grupos armados con el terrorismo de Estado. Asimismo, los acad¨¦micos se preguntan, por ejemplo, cu¨¢l es el fundamento de la l¨ªnea de tiempo establecida, que va de 1962 a 1976.

¡°Esa cronolog¨ªa no se sostiene desde ning¨²n punto de vista¡±, dice a EL PA?S la historiadora Magdalena Broquetas. Seg¨²n indica, la idea de que la violencia pol¨ªtica empieza en el 62 ¡°es un t¨®pico recurrente de la derecha¡±, y a?ade que las acciones de las organizaciones armadas ¡°no tuvieron v¨ªctimas mortales hasta finales de 1966¡å. Adem¨¢s, sostiene, desde mediados de 1972 el Gobierno de la ¨¦poca reconoci¨® que la guerrilla de los Tupamaros hab¨ªa sido ¡°militarmente derrotada¡±.

Pasquet aclara que el corte temporal est¨¢ tomado de los proyectos que lo precedieron. ¡°No hay un intento de establecer un periodo hist¨®rico, ni se le pone una denominaci¨®n, simplemente es una delimitaci¨®n administrativa porque hay que trabajar con alg¨²n criterio¡±, se?ala. La intenci¨®n, insiste, es contribuir a ¡°cerrar un periodo muy doloroso de la historia uruguaya¡±, porque hay un problema de ¡°injusticia evidente¡± cuando unas v¨ªctimas fueron contempladas y otras no.

La historiadora Broquetas ve en este proyecto presentado por Cabildo Abierto ¡°un eslab¨®n m¨¢s¡± en la carrera por ¡°la revisi¨®n de la memoria social sobre el pasado¡±. En ese sentido, recuerda que esa formaci¨®n pol¨ªtica present¨® en 2021 una iniciativa legislativa para permitir la prisi¨®n domiciliaria a personas mayores de 65 a?os, incluyendo a los presos por delitos de lesa humanidad. En 2022, hizo lo propio con otro proyecto que busc¨® derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad de 1989, una norma que permiti¨® juzgar a responsables de terrorismo de Estado en Uruguay.

Tras dos intentos fallidos, Cabildo Abierto va por un tercer proyecto que incursiona en la historia no tan reciente del Uruguay, esta vez con los votos de sus socios de coalici¨®n alineados para convertirlo en ley en abril.

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