¡®Ley Zald¨ªvar¡¯: L¨®pez Obrador somete a la justicia

La separaci¨®n de poderes es el fundamento del sistema democr¨¢tico. Las interferencias de cualquier signo a este principio afectan a la estabilidad de un pa¨ªs y traen consecuencias negativas a largo plazo. El empe?o de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en extender dos a?os el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, Arturo Zald¨ªvar, para que se mantenga hasta el fin de su sexenio y pueda cumplir con su agenda pol¨ªtica supo...

La separaci¨®n de poderes es el fundamento del sistema democr¨¢tico. Las interferencias de cualquier signo a este principio afectan a la estabilidad de un pa¨ªs y traen consecuencias negativas a largo plazo. El empe?o de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en extender dos a?os el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, Arturo Zald¨ªvar, para que se mantenga hasta el fin de su sexenio y pueda cumplir con su agenda pol¨ªtica supone una quiebra en toda regla de este equilibrio b¨¢sico y una burla a la convivencia democr¨¢tica.

Respetar los per¨ªmetros asignados por la Constituci¨®n a cada poder deber¨ªa ser la primera obligaci¨®n de un jefe de Estado. Pero no ha sido el caso. La reforma aprobada este viernes pasado, cuyo art¨ªculo clave emergi¨® por sorpresa y de la mano de un partido sat¨¦lite, ha desfilado por el Congreso como una demostraci¨®n de fuerza de la infanter¨ªa presidencial. Poco le ha importado al mandatario y al mismo responsable de la m¨¢s alta instancia judicial la escandalosa imagen de contubernio que ofrece o, a¨²n m¨¢s grave, que la extensi¨®n de mandato entre en flagrante contradicci¨®n con el mismo texto constitucional, que establece taxativamente un periodo improrrogable de cuatro a?os, frente a los seis de los que ahora gozar¨¢ Zald¨ªvar.

Nada de ello ha impedido que se imponga un cambio legislativo cuyo principal objetivo es ejecutar en la vertiente judicial el proyecto pol¨ªtico de L¨®pez Obrador. ?l mismo lo ha reconocido sin pudor alguno al se?alar p¨²blicamente que necesita la reforma porque ¡°no se va a tener otra oportunidad as¨ª¡± y porque ¡°quien llegue luego va a ser m¨¢s de lo mismo¡±?. Unas palabras que revelan en toda su crudeza el concepto instrumental y ancilar del Poder Judicial que tiene el presidente y que le ha llevado en los ¨²ltimos a?os, bajo el argumento de la lucha contra la corrupci¨®n, a desarrollar una guerra soterrada para lograr su sumisi¨®n.

No es algo nuevo en el horizonte mexicano. La narrativa presidencial suele elevar su agenda pol¨ªtica al rango de proyecto hist¨®rico trascendental ante el que todos, incluidos medios independientes o jueces garantistas, han de someterse si no quieren ser vapuleados por el mismo jefe del Estado. Una pr¨¢ctica muy alejada de los usos de la normalidad democr¨¢tica, que parten de la asunci¨®n de que, por muy loables que sean sus objetivos, ninguna pol¨ªtica es perfecta y de que siempre hay otras voces que tienen algo que aportar. Esta aceptaci¨®n de la falibilidad propia (y de su superaci¨®n por la v¨ªa de di¨¢logo) es uno de los mejores conjuros contra las tendencias autoritarias que c¨ªclicamente azotan las democracias latinoamericanas.

Tampoco sale mejor librado Zald¨ªvar. Primer presidente de la Suprema Corte que desde 1994 no procede de la carrera judicial, ha logrado enlodar en pocos d¨ªas su trayectoria como ministro progresista. Su complaciente silencio durante la tramitaci¨®n de este punto de la reforma, cuya g¨¦nesis asegur¨® desconocer pese a ser el principal beneficiario, y su palaciega respuesta tras la aprobaci¨®n parlamentaria le han situado donde sus cr¨ªticos dec¨ªan que estaba desde el principio: a los pies del presidente.

Deber¨ªa Zald¨ªvar reflexionar si le merece la pena permanecer esos dos a?os m¨¢s en el poder bajo la sospecha permanente de que es un mero ap¨¦ndice presidencial. O si su tarea, m¨¢s bien, acaba donde empez¨®: siendo un servidor de la justicia y la separaci¨®n de poderes. Pisotear el texto constitucional y envenenar la confianza en la Suprema Corte y sus sentencias son precios demasiado altos a pagar. El Poder Judicial no se lo merece y, desde luego, tampoco M¨¦xico.

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