La Iglesia cat¨®lica, en primera l¨ªnea de la lucha contra la epidemia de violencia en M¨¦xico
La instituci¨®n religiosa redobla los mensajes contra las autoridades y se re¨²ne con el Gobierno para atajar la inseguridad. Los sacerdotes en zonas de conflicto ven con recelo las conversaciones
El padre Marcelo P¨¦rez se desangr¨® a la salida de una parroquia del barrio de Cuxtitali despu¨¦s de su ¨²ltima misa. Los disparos de los sicarios no quedaron olvidados, como tantas otras veces, en aquella iglesia de San Crist¨®bal de las Casas. El ruido de las balas ha traspasado las fronteras del conflicto y su eco se ha sentido a cientos de kil¨®metros, en los despachos de Ciudad de M¨¦xico, y a¨²n m¨¢s all¨¢, al otro lado del oc¨¦ano, en el Vaticano, donde el Papa Francisco se solidariz¨® con ¨¦l desde su balc¨®n frente a la plaza de San Pedro. La Iglesia ha subido el volumen contra la epidemia de violencia que consume a M¨¦xico, de Chiapas a Sinaloa pasando por Guerrero, Michoac¨¢n, Chihuahua y un largo etc¨¦tera de Estados que enfrentan la ola de inseguridad del nuevo sexenio. La instituci¨®n religiosa ha dado un paso al frente y estos d¨ªas mantiene conversaciones con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, de las que poco se sabe de momento, un di¨¢logo in¨¦dito en los ¨²ltimos seis a?os, frente al recelo de los p¨¢rrocos que trabajan en las zonas calientes desde hace d¨¦cadas.
Los seis a?os del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador fueron tierra inf¨¦rtil para la relaci¨®n entre el Ejecutivo y la Iglesia cat¨®lica. Durante los primeros cuatro a?os no hubo di¨¢logo, acercamientos, ni siquiera cr¨ªticas p¨²blicas. El asesinato a balazos de dos sacerdotes jesuitas en una parroquia de la sierra Tarahumara, en junio de 2022, lo cambi¨® todo y empuj¨® a la instituci¨®n religiosa a la trinchera por primera vez. La brutalidad del crimen les convirti¨® en una de las voces m¨¢s fuertes de aquel momento contra la pol¨ªtica de seguridad, que el presidente bautiz¨® como ¡°Abrazos, no balazos¡±. Eso les distanci¨® incluso m¨¢s y acabaron el sexenio sin haber cruzado casi palabra. El nuevo Gobierno, sin embargo, les ha recibido en el primer mes en el poder.
El obispo Ram¨®n Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirma a EL PA?S que mantuvieron una reuni¨®n esta semana con Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n. ¡°Se est¨¢n creado puentes, al menos hay di¨¢logo, algo que no tuvimos en seis a?os¡±, celebra por tel¨¦fono. La idea del encuentro fue discutir c¨®mo trabajar en conjunto por la reconstrucci¨®n social, y los religiosos expusieron ejemplos locales de trabajo comunitario que entienden como casos de ¨¦xito. El mensaje que expresaron a la funcionaria fue el de unidad, el de ¡°ustedes solos no van a poder¡±, relata Castro. ¡°Con todo respeto se?alamos que la estrategia ¡®abrazos, no balazos¡¯ no funcion¨®, no funciona a¨²n¡±, agrega, ¡°est¨¢n rebasadas las autoridades¡±.
A partir del asesinato de los jesuitas, la Iglesia impuls¨® el Di¨¢logo nacional por la paz, una serie de reuniones con actores de la sociedad civil para buscar una salida a la epidemia de violencia. La iniciativa llev¨® a que la instituci¨®n consiguiera en las pasadas elecciones presidenciales que los tres candidatos firmaran un compromiso con un centenar de propuestas contra la inseguridad. Sheinbaum lo refrend¨® a rega?adientes y con reservas sobre el diagn¨®stico ¡°pesimista¡± del Episcopado. El obispo Castro valora que la posici¨®n del nuevo Ejecutivo sea ahora la de escuchar a la Iglesia cat¨®lica, que con los m¨¢s de 15.000 sacerdotes desparramados en M¨¦xico est¨¢n ¡°en la primera l¨ªnea de la batalla¡± contra la violencia. ¡°Adem¨¢s de Chiapas, est¨¢n pasando tantas cosas que nos preocupan en Sinaloa, Michoac¨¢n, Guerrero, hay pueblos totalmente dominados por el crimen organizado¡±.
Chiapas m¨¢s all¨¢ del padre Marcelo
Chiapas es el frente de una batalla entre el C¨¢rtel de Sinaloa y el C¨¢rtel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG); los viejos grupos paramilitares nunca desarmados; grupos criminales regionales; y una militarizaci¨®n creciente. El Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) habla de una guerra civil en ese Estado. Fray Gonzalo Ituarte (74 a?os), director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pas¨® d¨¦cadas conociendo la desigualdad que habita en las comunidades ind¨ªgenas. ¡°Es una obligaci¨®n de la Iglesia preocuparse de lo que sucede con el pueblo. El problema es que se considere adversario al que hace una cr¨ªtica al Estado. Se ha visto, especialmente en Chiapas, una negativa a reconocer el crecimiento criminal que involucra tambi¨¦n y tiene respaldo en algunos miembros de los Gobiernos y el Ej¨¦rcito. Viene de mucho tiempo, pero se ha agudizado en la ¨²ltima etapa¡±, dice.
En los anteriores sexenios, con Felipe Calder¨®n (2006-2012) y Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), la Iglesia se separ¨® entre quienes se codeaban con el poder y eran indiferentes a los abusos perpetrados por militares y la violencia, y quienes se echaron a las calles a trabajar de la mano de la gente. ¡°La guerra contra el narco no funcion¨®, g¨¦nero m¨¢s violencia, m¨¢s dolor, y no hay una pol¨ªtica alternativa. Tienen que encontrarse otros caminos que les quiten fuerza y control territorial. El problema es que cuando se politiza el tema, se deforma y se pierde la sustancia por criticar al mensajero¡±, asegura Ituarte.
La Di¨®cesis de San Crist¨®bal, una de las m¨¢s contestatarias, rechaz¨® participar en este reportaje, pero en uno de sus ¨²ltimos comunicados coincid¨ªa con Ituarte en que las autoridades ¡°criminalizan¡± a los religiosos ¡°comprometidos con la paz¡±, y exig¨ªa a los ¡°tres niveles de Gobierno¡± ¡ªlocal, estatal y federal¡ª, un ¡°alto total a la violencia desbordada en el Estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupci¨®n, negaci¨®n y minimizaci¨®n de los fatales hechos violentos que d¨ªa con d¨ªa viven nuestros pueblos¡±.
Algunos sectores de la Iglesia toman con desconfianza el di¨¢logo abierto esta semana con el Gobierno federal, temen que las presiones de la instituci¨®n se queden en los comunicados lanzados tras la muerte del padre Marcelo y que no haya una exigencia a la altura de lo sucedido, relatan algunas voces internas. Un defensor de derechos humanos que prefiere no dar su nombre asegura que el maltrato a los activistas fue tan grande en el Gobierno pasado que la vara ha quedado muy baja. ¡°Con un poquito de di¨¢logo estar¨¢n felices¡±, dice.
Contrabandistas, pol¨ªticos corruptos y curas
El jesuita Javier ?vila subi¨® hace 40 a?os a la sierra Tarahumara y desde entonces no ha bajado. A su llegada ya exist¨ªan los sembrad¨ªos de marihuana y el contrabando, pero los traficantes entonces eran poco m¨¢s que rancheros. El negocio evolucion¨® y los rancheros se convirtieron en sicarios. El verano de 2022, dos de sus compa?eros, los dos jesuitas, fueron asesinados. ?l denunci¨® p¨²blicamente la responsabilidad del Gobierno, como llevaba haci¨¦ndolo cuatro d¨¦cadas. ¡°El proyecto seguridad p¨²blica del pa¨ªs no est¨¢ funcionando¡±, dice ahora. ¡°A m¨ª me lastima mucho la impunidad, la justicia no se hace con balazos, se hace con leyes y con actitud de paz. Parece que la muerte se est¨¢ convirtiendo en un deporte nacional. Nos est¨¢n dando razones para salir: matan a Marcelo, pues no nos vamos a quedar callados. [El Gobierno] tiene que servirnos. Mi concepto de autoridad no es que yo tenga que obedecerla por la fuerza: cuando no hay servicio y se deteriora tanto el Estado, se genera dolor¡±.
Carlos Illades, investigador de las din¨¢micas de la violencia de las ¨²ltimas d¨¦cadas, considera los homicidios de la sierra Tarahumara como un punto y aparte: ¡°La Iglesia cat¨®lica, que inicialmente fue cautelosa con la Administraci¨®n obradorista, resinti¨® el desd¨¦n presidencial ante el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara en junio de 2022 y conform¨® instancias para reducir la violencia. Y en regiones donde impera la soberan¨ªa criminal, como en Guerrero, las autoridades eclesiales han tratado de mediar entre los grupos delincuenciales a fin de dar cierto respiro a la sociedad¡±.
Como en el pa¨ªs, en la Iglesia no hay acuerdo sobre cu¨¢l es la respuesta a la violencia. Los obispos de Guerrero intentaron a inicios de este a?o mediar entre grupos del crimen organizado para apaciguar la violencia en la entidad. La pugna no encontr¨® fin y su ¨²ltimo cap¨ªtulo acab¨® con la decapitaci¨®n a inicios de octubre del alcalde de Chilpancingo. Para algunos dentro de la instituci¨®n, esa es la prueba de que negociar con el crimen organizado no es una opci¨®n.
En Michoac¨¢n la historia es similar a la de otros Estados, cuenta Gregorio L¨®pez Ger¨®nimo (57 a?os), conocido como el padre Goyo, que ejerce desde 1994. En los ochenta, los narcos eran peque?os contrabandistas de marihuana que no interven¨ªan en la vida p¨²blica. En los noventa comenz¨® lo que ¨¦l llama el ¡°maridaje¡± entre los traficantes y las autoridades. Entre 2000 y 2010, la ¡°prostituci¨®n¡± del Gobierno local, que estrech¨® lazos con los criminales, una relaci¨®n que han cultivado hasta la actualidad.
En 2020, el padre Goyo fue expulsado de la di¨®cesis de Apatzing¨¢n. Le achacaron formar parte de las autodefensas civiles que se formaron en Michoac¨¢n contra el narco. ¡°Nunca fui autodefensa, coincidimos en protesta y no estar de acuerdo con los sicarios, pero nosotros nunca utilizamos un arma, rezamos en las plazas p¨²blicas, tomamos los juzgados con acciones concretas de resistencia social, pac¨ªfica¡±. Para ¨¦l, que ha sido amenazado y ha visto morir a compa?eros, la denuncia de la violencia es ¡°papel del Estado, sin duda, pero nuestra misi¨®n no es cuidar las parroquias, es cuidar a la gente. La Iglesia tiene que salir al frente para hacer lo que el Estado no est¨¢ cumpliendo¡±.