M¨¢s de un a?o clamando justicia: Las alumnas del IPN buscan una sentencia hist¨®rica por el uso de sus fotos alteradas con IA para fines sexuales

La tensi¨®n se pod¨ªa sentir el pasado mi¨¦rcoles 20 de noviembre en la entrada del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la delegaci¨®n Iztapalapa en la capital mexicana. Por un lado, decenas de estudiantes del Instituto Polit¨¦cnico Nacional (IPN), vistiendo colores morado y verde, portando lonas en las que se le¨ªa mensajes como ¡°Fuera todos los agresores digitales del IPN¡± y ¡°La IA [inteligencia artificial] no debe usarse para agredir mujeres¡±, entonaban el c¨¢ntico ¡°No, no, no, Diego ¡°N¡± libre no¡±. Frente a ellas estaba el Colectivo Nacional No m¨¢s presos inocentes, con prendas color azul y en un grupo m¨¢s peque?o, en defensa de Diego ¡°N¡±. ¡°No m¨¢s carpetas fabricadas para ellos¡±, se escuchaban gritos de este colectivo que crispaban frente a las consignas del otro grupo.

El motivo que congreg¨® a estas personas fue el tercer juicio oral contra Diego ¡°N¡±, quien fue llevado a proceso a inicios de noviembre del pasado a?o por presuntamente tomar fotos de las redes sociales personales de sus compa?eras y otras alumnas y haberlas alterado con inteligencia artificial con fines sexuales para venderlas a trav¨¦s de Internet. El 27 de noviembre se realizar¨¢ el cuarto juicio oral contra el acusado y se espera que se pueda conocer su sentencia, la cual podr¨ªa marcar un hecho hist¨®rico al ser la primera en M¨¦xico y Am¨¦rica Latina que sanciona el uso de la inteligencia artificial para la creaci¨®n de contenidos sexuales falsos sin consentimiento, seg¨²n dio a conocer Valeria Mart¨ªnez, representante legal de las v¨ªctimas.

Solo dos de las ocho afectadas han podido llevar la investigaci¨®n de su caso hasta tribunales. Las otras seis carpetas a¨²n permanecen para su revisi¨®n en el Ministerio P¨²blico. Por parte de la defensa de las j¨®venes se ha solicitado que sea impuesta una pena de 12 a?os de c¨¢rcel por cada una de las dos v¨ªctimas que se encuentran en la fase de juicio oral.

¡°Sin importar el tiempo, esperamos que sea una sentencia condenatoria importante, ya que dar¨ªa un ejemplo en el continente que denunciar este tipo de delitos s¨ª deja una consecuencia legal. Tambi¨¦n ser¨ªa una forma de mostrar que la violencia digital s¨ª puede llegar a recibir sentencia. No solamente estamos esperando que Diego sea condenado a prisi¨®n, sino que sea una sentencia ejemplar¡±, explica Mart¨ªnez.

Dependiendo de lo que suceda el mi¨¦rcoles, la resoluci¨®n podr¨¢ ser apelada, sea condenatoria o absolutoria, lo que definir¨¢ si el proceso se extiende durante m¨¢s tiempo ¡ªentre seis meses y un a?o¡ª para conocer la decisi¨®n definitiva. Sin embargo, el caso es el m¨¢s ic¨®nico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con mercados de explotaci¨®n sexual y sobre difusi¨®n y producci¨®n de contenidos. El pasado mes de julio, un juez en Espa?a dict¨® libertad vigilada durante un a?o para 15 menores de edad al considerarlos responsables de 20 delitos de pornograf¨ªa infantil y otros tantos por manipular im¨¢genes de al menos 20 ni?as con inteligencia artificial, a las que mostraron desnudas.

¡°Jam¨¢s nos imaginamos que la tecnolog¨ªa se utilizar¨ªa para violentarnos de esta forma¡±

Han pasado 415 d¨ªas desde que las ocho alumnas afectadas de la Escuela Superior de Comercio y Administraci¨®n (ESCA), que forma parte del IPN, empezaron con el via crucis en pos de justicia contra quien, antes de todo lo ocurrido, fue su compa?ero de estudios. La denuncia contra Diego ¡°N¡± se remonta al 6 de octubre de 2023, cuando presuntamente se encontr¨® al joven en ese momento con un dispositivo que conten¨ªa aproximadamente 20.000 im¨¢genes alteradas. Sin embargo, la realidad se torn¨® m¨¢s oscura. A partir de la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa General de Justicia de Ciudad de M¨¦xico (FGJCDMX), se hall¨® en la tablet 166.000 fotograf¨ªas alteradas, as¨ª como 20.000 videos y compilaciones de fotograf¨ªas reales y alteradas de las que al menos 40% eran de alumnas del Polit¨¦cnico, de entre 17 a 25 a?os.

Adicionalmente a los cargo en su contra, a inicios de marzo de este a?o la FGJCDMX imput¨® el delito de trata de personas contra el ex estudiante del IPN, en su modalidad de almacenamiento de material fotogr¨¢fico de personas menores de edad realizando actos sexuales reales.

Seg¨²n el Informe Violencia Digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las v¨ªctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes. Desde enero de 2020, se reform¨® el C¨®digo Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Ciudad de M¨¦xico, en lo que se ha conocido como la Ley Olimpia, para admitir como delito la difusi¨®n de im¨¢genes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada.

Angie Cruz, quien funge como delegada estudiantil de la ESCA para apoyo en temas de g¨¦nero y acad¨¦micos para las estudiantes, ha dado seguimiento al caso de las ocho j¨®venes desde el inicio. Ha acompa?ado a distintas estudiantes que han denunciado acoso y otros tipos de delitos dentro del IPN, pero en esta situaci¨®n en particular ha visto c¨®mo la exposici¨®n medi¨¢tica del mismo ha tenido sus puntos a favor y en contra.

Por un lado, a pesar de que ha pasado m¨¢s de un a?o desde que se hizo la denuncia, el juez podr¨ªa emitir una sentencia en menos de una semana. Tanto las autoridades del IPN como la Fiscal¨ªa sintieron la presi¨®n p¨²blica para darle la importancia debida al caso. ¡°Hemos tenido casos en los que pasan seis a?os y apenas se va a empezar el juicio para dictar sentencia. Nunca hab¨ªa tenido yo un caso de acompa?amiento de este tipo, puesto que jam¨¢s nos imaginamos que la tecnolog¨ªa se utilizar¨ªa para violentarnos de esta forma¡±, dice la activista.

Por el otro, en el ¨²ltimo a?o se ha sobreexpuesto a las j¨®venes, lo que ha ocasionado que la familia de Diego ¡°N¡± las ¡°amedrente¡± sac¨¢ndoles fotos vulnerando su anonimato y agrediendo a los grupos que han estado acompa?¨¢ndolas durante este tiempo, seg¨²n denuncia Cruz. A trav¨¦s de la cuenta Asamblea Digital de Justicia del IPN, en la red social Instagram, donde las j¨®venes han ido actualizando sobre el proceso judicial, denunciaron que el mi¨¦rcoles pasado sufrieron ¡°hostigamiento y agresi¨®n¡± por parte de un grupo cercano al acusado, que result¨® en lesiones f¨ªsicas para dos activistas presentes en la entrada del Reclusorio Oriente.

Margen de mejora

Dentro lo negativo, Mart¨ªnez critica la falta de perspectiva de g¨¦nero y la revictimizaci¨®n a la cual han tenido que exponerse sus representadas frente a los comentarios de los t¨¦cnicos de la Fiscal¨ªa y de la defensa de Diego ¡°N¡±.

¡°No es un delito tan grave¡¯. ¡®No es para tanto¡®. Decirle a una v¨ªctima estas cosas es algo muy fuerte. Las ni?as tambi¨¦n han recibido muchos comentarios como ¡®si no ha sido una violaci¨®n o no hubo un tocamiento directamente en tu cuerpo, ?por qu¨¦ tienes tanta afectaci¨®n? Si solamente fue tu imagen¡¯. Evidentemente las personas no est¨¢n capacitadas ni preparadas para atender este tipo de delitos que adem¨¢s son novedosos. Incluso algunos nos han mencionado que no entienden por qu¨¦ Diego se encuentra privado de libertad¡±, elabora la representante legal.

Desde que la Unidad de Atenci¨®n e Investigaci¨®n de delitos sexuales cometidos en contra de estudiantes de educaci¨®n media superior y superior en Ciudad de M¨¦xico fue creada ¡ªdependiente de la FGJCDMX¡ª, el 4 de mayo de 2023, se abrieron m¨¢s de 170 carpetas de investigaci¨®n durante 11 meses de funcionamiento.

Marcela Hern¨¢ndez, activista feminista impulsora de la Ley Olimpia, ve que a¨²n se puede mantener un margen de mejora en cuanto al trabajo t¨¦cnico de unidades como la Polic¨ªa Cibern¨¦tica u otras de la Fiscal¨ªa que comienzan a tratar delitos sexuales en entornos digitales.

¡°Actualmente se atienden los delitos sexuales todos por igual. Por protocolo, a las chicas las mandan a hacerse revisiones m¨¦dicas, por ejemplo, que no necesitan por la naturaleza digital del delito y que al pedirlos pues entorpecen o alargan el proceso. Tambi¨¦n necesitamos infraestructura legal para las plataformas con las que se cometen estos delitos. El Estado mexicano debe ser quien pone las reglas de c¨®mo tendr¨ªan las plataformas que responder ante estas situaciones y a la justicia de nuestro pa¨ªs¡±, explica Hern¨¢ndez.

Las j¨®venes que fueron afectadas tambi¨¦n dieron a conocer en su momento la existencia de una organizaci¨®n de venta y reproducci¨®n de contenidos ¨ªntimos no consensuados, que operaba a trav¨¦s del servicio de mensajer¨ªa instant¨¢nea Telegram.

Esta operaci¨®n, seg¨²n dieron a conocer, exist¨ªa dentro del IPN desde hace al menos seis a?os. Cruz considera que a ra¨ªz del caso de Diego ¡°N¡± se logr¨® que esta red dejara de funcionar o, si es que a¨²n persiste, lo hiciera de forma m¨¢s discreta. ¡°Va a ser muy dif¨ªcil que deje de existir. Solamente han modificado la din¨¢mica para pasar desapercibidos dentro de la escuela. Hemos escuchado, a trav¨¦s de los comentarios de algunos compa?eros, que en otras escuelas estos grupos siguen con una presencia fuerte¡±, complementa la activista.

Una de las v¨ªctimas al salir del Reclusorio Oriente tras la finalizaci¨®n del juicio oral, con la voz temblorosa y emocionada, cuenta que el ¨²ltimo a?o la ha afectado en lo emocional, en lo f¨ªsico y en lo acad¨¦mico. Asimismo, espera que la ¨²ltima audiencia, el pr¨®ximo 27 de noviembre, se ponga fin a un proceso ¡°muy desgastante¡± y que pueda culminar con justicia y sentando un precedente para quienes minimizan este tipo de delitos: ¡°Las ocho hemos pasado por depresi¨®n, ansiedad, el estar inseguras por el quiebre de la confianza. Diego era nuestro compa?ero, entonces ya no conf¨ªas en todos. Empiezas a estar alerta en todos los escenarios. Lamentablemente esto sigue pasando y es importante que sepan que s¨ª hay castigo, s¨ª es un delito y que el hecho que sea digital no significa que no es real¡±.