Extradici¨®n, traslado, expulsi¨®n o env¨ªo: la controversia legal detr¨¢s de una operaci¨®n hist¨®rica contra el narco

Si este jueves, nada m¨¢s conocerse el ins¨®lito operativo en el que M¨¦xico envi¨® a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, se hablaba de extradici¨®n, horas despu¨¦s comenz¨® a surgir la duda y se multiplicaron las preguntas sobre cu¨¢l fue realmente el sustento legal que agiliz¨® la entrega y destrab¨® los procesos de extradici¨®n atascados por a?os en los tribunales. Las autoridades de EE UU usaron t¨¦rminos dis¨ªmiles: traslado, dijo la Fiscal¨ªa General; extradici¨®n, dijo la Casa Blanca; expulsi¨®n, dijo el Departamento de Estado. Este viernes, el fiscal de M¨¦xico, Alejandro Gertz, ha aclarado en una rueda de prensa que no se trat¨® de una extradici¨®n conforme al tratado bilateral sobre la materia entre los dos pa¨ªses, sino de un ¡°env¨ªo¡±, una vaga figura; el secretario de Seguridad, Omar Garc¨ªa Harfuch, habl¨® de un ¡°traslado¡±. El fiscal Gertz ha explicado que la operaci¨®n se efectu¨® a solicitud expresa de Estados Unidos y que M¨¦xico respondi¨® con base en la Ley de Seguridad Nacional y el art¨ªculo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, a preservarla.

El inesperado recurso tuvo el objeto de superar el punto muerto al que hab¨ªan llegado varias solicitudes de extradici¨®n hechas por Washington, que los capos y sus abogados lograron postergar en los tribunales mediante amparos, algunos por m¨¢s de una d¨¦cada. Garc¨ªa Harfuch ha se?alado la responsabilidad del Poder Judicial en el atascamiento de los procesos de extradici¨®n, y ha apuntado a ¡°acuerdos¡± entre narcos y ¡°algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se hab¨ªa hecho en otras ocasiones y durante muchos a?os¡±. La presidenta Sheinbaum ha apuntado a la corrupci¨®n en la Judicatura, horas despu¨¦s de darse a conocer que una jueza orden¨® la liberaci¨®n de Rosalinda Gonz¨¢lez Valencia, esposa del l¨ªder del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), El Mencho, y que hab¨ªa sido sentenciada por blanqueo de recursos. ¡°La corrupci¨®n el Poder Judicial en nuestro pa¨ªs es aberrante y ofensiva¡±, ha dicho la mandataria.

El Tratado de Extradici¨®n entre Estados Unidos y M¨¦xico, vigente desde 1974, establece que el pa¨ªs requiriente no puede imponer a un sujeto la pena de muerte si el pa¨ªs de origen no contempla ese castigo en sus leyes. No obstante, dado que el ¡°env¨ªo¡± de los l¨ªderes criminales no se dio conforme a esa norma, Washington valora pedir ante la justicia la pena capital para algunos de ellos, como en el caso de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El embrollo, sin embargo, no cesa. El fiscal Gertz ha afirmado que ninguno de los capos entregados puede ser ejecutado. ¡°Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislaci¨®n como la mexicana que no tiene esa sanci¨®n, debe ser respetada en los pa¨ªses donde nosotros tenemos un convenio¡±, ha indicado. ¡°Cuando se sujeta una operaci¨®n a una convenci¨®n internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convenci¨®n¡±, ha agregado.

El fiscal Gertz ha se?alado que Washington present¨® a M¨¦xico una solicitud ¡°formal¡±, ¡°por escrito¡± y ¡°concreta¡± para llevar a cabo el operativo espec¨ªficamente contra los 29 capos en el marco de la Convenci¨®n de Palermo, el acuerdo de la ONU para el combate a la delincuencia organizada transnacional y que establece lineamientos en materia de extradici¨®n (figura que, volvi¨® a insistir el funcionario, no fue utilizada). ¡°Hubo una solicitud fundada del Gobierno de Estados Unidos, ese fue el motivo por el cual se deton¨® todo ese procedimiento¡±, ha detallado. Gertz ha agregado que la movilizaci¨®n institucional fue inmediata. ¡°No habr¨¢n pasado horas entre que lleg¨®, se convoc¨® al Consejo Nacional de Seguridad, se hizo el an¨¢lisis en esa reuni¨®n, se vieron las bases jur¨ªdicas, si estaban cumplidas, y se procedi¨®. Fe un asunto inmediato¡±, ha indicado.

Gertz fue cuestionado insistentemente por la prensa sobre la figura legal espec¨ªfica que sustent¨® el operativo. ¡°No le dieron denominaci¨®n. Nada m¨¢s se cumpli¨® con la ley¡±, ha respondido el funcionario. La Fiscal¨ªa General estadounidense se?al¨® que la entrega de los l¨ªderes criminales por parte de M¨¦xico se dio conforme a la Orden Ejecutiva 14157 suscrita por el presidente de EE UU, Donald Trump, por la que cinco carteles mexicanos fueron declarados organizaciones terroristas.

El funcionario ha indicado que el sustento jur¨ªdico por el que M¨¦xico cumpli¨® su parte se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional, donde, ha dicho, ¡°se establecen los par¨¢metros de necesidad por razones de estabilidad pol¨ªtica tanto en M¨¦xico como en Estados Unidos¡±. Tambi¨¦n ha citado el art¨ªculo 89 de la Constituci¨®n, que detalla las obligaciones del Ejecutivo, una de las cuales es ¡°preservar la seguridad nacional¡±. ¡°Acu¨¦rdense de que no se est¨¢ aplicando una ley de extradici¨®n. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los EE UU en raz¨®n de las conductas criminales de esas personas en ese pa¨ªs, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas de su conducta¡±, ha afirmado.

El largo proceso de extradici¨®n ya hab¨ªa suscitado las quejas de Washington. El a?o pasado, el entonces embajador en M¨¦xico, Ken Salazar, critic¨® a los jueces que hab¨ªan dilatado por m¨¢s de una d¨¦cada el proceso de los hermanos Miguel y Omar Trevi?o Morales, alias Z-40 y Z-42, l¨ªderes del sanguinario cartel de Los Zetas. Gertz ha reconocido que el recurso legal utilizado para capotear la entrega de criminales ha creado un precedente. ¡°Se abri¨® una opci¨®n que estaba dentro del marco jur¨ªdico mexicano y que ellos [los estadounidenses] aprovecharon¡±, ha dicho. El funcionario ha defendido que ¡°las soluciones que se tomen¡± contra el crimen organizado benefician, en primer lugar, a los mexicanos.