Este 8M marchamos unidas para exigir nuestros derechos

Hoy, en el 8M, las mujeres tomaremos de nuevo las calles, las inundaremos de color morado, s¨ªmbolo de la lucha por nuestros derechos humanos. Saldremos a exigir igualdad, acceso al aborto, a la prevenci¨®n y erradicaci¨®n de las violencias contra las mujeres, y adem¨¢s seguiremos impulsando, con gran alegr¨ªa y decisi¨®n, la primavera feminista que iniciamos hace varios a?os.

A este movimiento ya nadie lo detiene. Las mujeres trabajadoras, estudiantes, de los pueblos originarios, de la comunidad LGBTI, marchamos hoy unidas, acuerpadas, entusiastas, para exigir que podamos vivir libres y segu...

Hoy, en el 8M, las mujeres tomaremos de nuevo las calles, las inundaremos de color morado, s¨ªmbolo de la lucha por nuestros derechos humanos. Saldremos a exigir igualdad, acceso al aborto, a la prevenci¨®n y erradicaci¨®n de las violencias contra las mujeres, y adem¨¢s seguiremos impulsando, con gran alegr¨ªa y decisi¨®n, la primavera feminista que iniciamos hace varios a?os.

A este movimiento ya nadie lo detiene. Las mujeres trabajadoras, estudiantes, de los pueblos originarios, de la comunidad LGBTI, marchamos hoy unidas, acuerpadas, entusiastas, para exigir que podamos vivir libres y seguras en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas, en las calles y tambi¨¦n cuando salimos a protestar.

Marchamos por las que ya no est¨¢n y para honrar la lucha de las familias de las v¨ªctimas de feminicidios. Desde Amnist¨ªa Internacional hemos acompa?ado a las madres, hijas, hermanas, amigas de las v¨ªctimas de feminicidios que llevan d¨¦cadas exigiendo una justicia que no llega. El ejemplo emblem¨¢tico de esta lucha son los asesinatos de mujeres registrados en Ciudad Ju¨¢rez. En nuestro informe Muertes intolerables. Diez a?os de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Ju¨¢rez y Chihuahua (2003) dimos cuenta de la falta de la debida diligencia por parte de las autoridades al investigar esos cr¨ªmenes.

En ¨¦l documentamos, entre otras deficiencias, demoras injustificables en las investigaciones iniciales, falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos, ex¨¢menes forenses practicados de manera inadecuada, falsificaci¨®n de pruebas, uso de tortura por agentes estatales para obtener informaci¨®n y confesiones.

Ante este terrible panorama, las familias de las v¨ªctimas, acompa?adas de organizaciones civiles, tuvieron que acudir incluso a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su b¨²squeda de justicia. S¨®lo as¨ª lograron poner el foco de atenci¨®n en las graves deficiencias registradas en las investigaciones de los feminicidios de Ciudad Ju¨¢rez y Chihuahua, y al Estado y la justicia mexicana en la mira del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como resultado de esta lucha, en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenci¨® al Estado mexicano en el emblem¨¢tico caso del ¡°Campo algodonero¡±.

Su incansable lucha permiti¨® construir en M¨¦xico un robusto andamiaje institucional y jur¨ªdico para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres, que incluye Fiscal¨ªas especializadas para atender los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, polic¨ªas de g¨¦nero y Centros de Justicia para las Mujeres que operan en casi todas las entidades federativas.

En lo jur¨ªdico, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -que incluye el mecanismo de las Alertas de Violencia de G¨¦nero- (2007); el Reglamento de la misma (2008); el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2007); la Ley General de V¨ªctimas (2013); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018) y la tipificaci¨®n del delito de feminicidio (a partir 2012).

Sin embargo, todo este andamiaje jur¨ªdico e institucional sigue sin tener resultados efectivos en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. Lamentablemente su aplicaci¨®n es m¨ªnima o nula, de tal forma que persisten grav¨ªsimas deficiencias en los procesos de prevenci¨®n y atenci¨®n de las violencias contra las mujeres y en las investigaciones de feminicidios, que derivan en alt¨ªsimas cifras de impunidad a lo largo y ancho de todo el pa¨ªs.

A ello se suma la violencia institucional hacia las familias de las v¨ªctimas de feminicidio, que en lugar de encontrar garant¨ªas para acceder a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n, deben hacer frente a pr¨¢cticas revictimizantes y hasta amenazas por parte de agentes del Estado.

La sentencia de la CIDH sobre campo algodonero, traza directrices muy claras al Estado mexicano para efectuar una investigaci¨®n de feminicidio. Precisa que ¨¦sta debe ser expedita; realizada con perspectiva de g¨¦nero y por funcionarios altamente capacitados; debe proveer de informaci¨®n a las familias de las v¨ªctimas sobre los avances obtenidos; darles acceso a los expedientes y garantizar que las dependencias cuenten con recursos humanos y materiales necesarios para desempe?ar sus tareas, entre otros aspectos.

Contrario sensu, en la investigaci¨®n del feminicidio de la joven Karla Pontigo, ocurrido en 2012 en San Luis Potos¨ª ¡ªque acompa?amos desde Amnist¨ªa Internacional¡ª, la autoridad investigadora no protegi¨® la escena del crimen, no tom¨® fotograf¨ªas de la misma, no protegi¨® la cadena de custodia de muestras y pruebas, neg¨® a la familia acceso al expediente y no aplic¨® la perspectiva de g¨¦nero en la investigaci¨®n.

El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) que, en sentencia hist¨®rica (2019) orden¨® ¡ªa la luz de la jurisprudencia de la CIDH¡ª que la ahora Fiscal¨ªa General de Justicia de San Luis Potos¨ª repusiera la investigaci¨®n, que ¨¦sta se efect¨²e con perspectiva de g¨¦nero y que adem¨¢s se investigue y sancione, administrativa o penalmente, a las autoridades que llevaron a cabo el anterior proceso ¡°por su actividad irregular¡±.

En nuestro informe Juicio a la Justicia (2021) documentamos cuatro casos de feminicidio en los que las autoridades perdieron evidencias, no aplicaron correctamente la perspectiva de g¨¦nero, no analizaron ni resguardaron elementos de prueba y en uno de los casos el cuerpo de la v¨ªctima no fue resguardado de manera adecuada por el Servicio M¨¦dico Forense.

Ante la indolencia del Estado mexicano frente a los feminicidios es imprescindible que las organizaciones civiles mantengamos el acompa?amiento a las familias de las v¨ªctimas. No puede ser de otra manera si queremos contribuir a que obtengan justicia para sus hijas, acceso a una reparaci¨®n integral del da?o y a cerrar el duelo interminable en que han vivido por d¨¦cadas.

Desafortunadamente, la evidencia muestra que muy probablemente tendremos que seguir recurriendo a instancias internacionales para que las familias puedan acceder a la verdad y la justicia pues debemos reconocer, con mucho dolor, que en M¨¦xico, a tres d¨¦cadas de los asesinatos de mujeres en Ciudad Ju¨¢rez, una sentencia como la emitida por la CIDH no fue suficiente para el Estado.

???Memoria, memoria, memoria que camina!!! ???A miles de mujeres se les debe justicia!!!

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