El Plan B y el futuro de la democracia

La aprobaci¨®n por las c¨¢maras de diputados y senadores del llamado ¡°Plan B¡± de reformas electorales propuestas por el Presidente L¨®pez Obrador abre una nueva fase de involuci¨®n democr¨¢tica en el desarrollo del r¨¦gimen pol¨ªtico h¨ªbrido resultado de la transici¨®n a la democracia. No sabemos a¨²n si es verdaderamente un punto de quiebre, pero lo cierto es que el paquete de reformas pone en cuesti¨®n la ¨²nica certidumbre del proceso transicional: la existenci...

La aprobaci¨®n por las c¨¢maras de diputados y senadores del llamado ¡°Plan B¡± de reformas electorales propuestas por el Presidente L¨®pez Obrador abre una nueva fase de involuci¨®n democr¨¢tica en el desarrollo del r¨¦gimen pol¨ªtico h¨ªbrido resultado de la transici¨®n a la democracia. No sabemos a¨²n si es verdaderamente un punto de quiebre, pero lo cierto es que el paquete de reformas pone en cuesti¨®n la ¨²nica certidumbre del proceso transicional: la existencia de una instituci¨®n aut¨®noma que garantizaba el conteo objetivo de los votos, un relativo control de los excesos de gasto en la pol¨ªtica y un cierto cumplimiento de las complejas leyes electorales pactadas por los partidos pol¨ªticos. El Plan B, ya se ha dicho, debilita gravemente la institucionalidad del IFE, cambia las reglas de competencia al permitir las precampa?as de funcionarios en funciones, da amplias facilidades al uso pol¨ªtico de los medios y debilita la aplicaci¨®n de las leyes electorales al hacer casi imposible la supervisi¨®n del proceso electoral por autoridades independientes.

Para ponderar el significado de estos cambios legales, impuestos de manera arbitraria por el presidente sobre un sumiso y obsequioso poder legislativo federal que renunci¨® por completo a la escasa autonom¨ªa que deber¨ªa tener, debemos poner un poco de contexto hist¨®rico a la actual coyuntura. La denuncia hist¨¦rica de la imposici¨®n no ayuda a entender lo que pasa y menos lo que puede pasar. Como he se?alado en otras ocasiones, el gran d¨¦ficit de los reg¨ªmenes de la transici¨®n fue el de haber perdido la batalla cultural frente al PRI en la medida en que nunca logr¨® crearse una nueva forma de relaci¨®n entre el gobierno y los ciudadanos. Los dos gobiernos del PAN y el gobierno del PRI entre el a?o 2000 y 2018 heredaron, sin cambiarlas, las leyes, instituciones y pr¨¢cticas del r¨¦gimen autoritario priista. Si bien desde 1990 a la fecha se llevaron a cabo m¨¢s de 700 modificaciones a la constituci¨®n, en realidad lo ¨²nico que se hizo fue purgar a la Constituci¨®n de 1917 de la mayor¨ªa de sus contenidos nacionalistas y estatistas, actualizar la estructura del gobierno creando instituciones ¡°aut¨®nomas¡± que garantizaran elecciones libres y competitivas y regularan, hipot¨¦ticamente, los mercados, garantizando la competencia, incluyendo aqu¨ª la industria energ¨¦tica, y darle sustento legal al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canad¨¢. Un constitucionalismo neoliberal cuyo ciclo termin¨® en 2013-14 con el ¡°Pacto por M¨¦xico¡±. Esta modernizaci¨®n relativa del aparato institucional del Estado mexicano ocult¨®, sin embargo, la preservaci¨®n del n¨²cleo duro de las pr¨¢cticas pol¨ªticas dominantes en el viejo r¨¦gimen, a saber: el clientelismo, el particularismo, la corrupci¨®n sist¨¦mica como m¨¦todo de lidiar con los empresarios y con los poderes f¨¢cticos en general (y como lenguaje interno de la clase pol¨ªtica), la absoluta falta de respeto por la ley y la negociaci¨®n de conflictos y de pactos ¡°en lo oscurito¡±, es decir, en el ¨¢mbito privado.

Peor a¨²n, a lo largo de la transici¨®n sobrevivieron en la ley fundamental y en las pr¨¢cticas pol¨ªticas el presidencialismo centralista, la debilidad del federalismo, y el car¨¢cter fallido del nivel municipal de gobierno, siempre carente de capacidades reales, de fuentes de financiamiento propias y de autonom¨ªa pol¨ªtica frente a los gobernadores y el gobierno federal. Asimismo, los poderes judicial y legislativo, tanto el federal como los estatales, nunca alcanzaron una verdadera autonom¨ªa frente al poder ejecutivo. La transici¨®n a la democracia fue, pues, el producto de un pacto precario y parcial para llevar a cabo elecciones competitivas, organizadas por una instituci¨®n aut¨®noma, bajo reglas pautadas en densas y complejas leyes electorales. La imposici¨®n del neoliberalismo como pol¨ªtica econ¨®mica, la apertura de mercados y la inserci¨®n de M¨¦xico en la econom¨ªa norteamericana fue decidida en el gobierno de Carlos Salinas y ampliada y perfeccionada en los reg¨ªmenes de la transici¨®n. Curiosamente, el obst¨¢culo principal para el desarrollo de un capitalismo integrado al mercado mundial, la ausencia de un Estado de Derecho, fue resuelto parcialmente con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canad¨¢, que cre¨® un espacio de garant¨ªas jur¨ªdicas exclusivas para el gran capital extranjero y nacional, pero que no implic¨® extender el Estado de Derecho al resto de la naci¨®n.

Los derechos de ciudadan¨ªa permanecieron fr¨¢giles y marginales para casi todos los mexicanos en toda la transici¨®n. Este pacto exclusivamente electoral, carente de derechos de ciudadan¨ªa en un sentido amplio, condujo a que en la pr¨¢ctica nuestra reci¨¦n adquirida democracia fuese iliberal. Una democracia en donde solo hay derechos pol¨ªticos que se ejercen epis¨®dicamente, sin acceso a los derechos sociales, civiles y culturales para la gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n, solo puede calificarse como una democracia iliberal. No puede negarse que hubo mayores espacios de libertad de expresi¨®n, una relativa tolerancia a la protesta p¨²blica y una cierta ampliaci¨®n del llamado espacio c¨ªvico. Pero, en todo caso, estas libertades se limitaron a un sector minoritario de la poblaci¨®n, fundamentalmente, las clases medias y altas urbanas. Para la poblaci¨®n trabajadora no hubo democracia sindical, no hubo acceso a la justicia, no hubo protecci¨®n frente al crimen, no hubo mejoras sustantivas en materia de ingresos, salud y educaci¨®n. Nuestras ¨¦lites intelectuales olvidan que la liberalizaci¨®n fue selectiva, no generalizada.

A lo largo de la transici¨®n estuvieron en tensi¨®n dos proyectos gestados en la fase autoritaria: el neoliberal, que compartieron las ¨¦lites modernizadoras pri¨ªstas y panista, y el nacionalista-desarrollista, portado por Cuaht¨¦moc C¨¢rdenas y luego por L¨®pez Obrador, que buscaba una vuelta a un pasado m¨ªtico anclado en el proyecto nacionalista revolucionario, o sea, el viejo programa pri¨ªsta. En este enfrentamiento la escasa izquierda existente qued¨® subsumida, como en el siglo XX, en el nacionalismo estatista tradicional, para el cual el estado de Derecho y la ciudadan¨ªa no ten¨ªan centralidad. Tanto neoliberales como nacionalistas eran iliberales, pero democr¨¢ticos en el sentido de acordar dirimir las diferencias por medios electorales.

El colapso de la legitimidad del gobierno de Pe?a Nieto, y la patente carencia de legitimidad como oposici¨®n de los j¨®venes panistas que se apoderaron de su partido, abri¨® las puertas a la victoria de L¨®pez Obrador en 2018. AMLO no gan¨® las elecciones, las perdieron el PRI y el PAN. Sin embargo, AMLO ley¨® su triunfo como una autorizaci¨®n absoluta para hacer lo que considerara pertinente, planteando la nueva coyuntura pol¨ªtica como una oposici¨®n entre un pueblo bueno y una ¨¦lite corrupta e inmoral, la cual inclu¨ªa a las elites intelectuales, art¨ªsticas y medi¨¢ticas que hab¨ªan prosperado en la transici¨®n. La concentraci¨®n del poder en la persona del presidente, el claro desprecio por la ley (que era compartido por toda la clase pol¨ªtica), la anulaci¨®n simb¨®lica y pol¨ªtica de toda mediaci¨®n entre el l¨ªder y el pueblo, crearon un r¨¦gimen populista con un programa nacionalista. El populismo en esta fase ha sido democr¨¢tico: ha llegado al poder por medio de elecciones y ha respetado la institucionalidad estatal y las libertades en lo fundamental. El problema es que su l¨ªder, el presidente L¨®pez Obrador, siente que su proyecto necesita m¨¢s tiempo para consolidarse, y las elecciones competitivas, bajo las reglas previas, le impiden balancear el poder econ¨®mico y medi¨¢tico de los poderes f¨¢cticos y de las clases medias con el poder del aparato de Estado. Esa fue la clave de las reformas electorales previas: impedir el uso del Estado con fines electorales, lo cual fue la base del autoritarismo pri¨ªsta. Ahora AMLO necesita de ese poder estatal para promover a sus candidatos y anular la resistencia social y pol¨ªtica a la continuidad del obradorismo.

La pregunta ahora es si este populismo vern¨¢culo pasar¨¢ de ser democr¨¢tico iliberal a autoritario, dada la trascendencia de las refomas electorales en marcha. Creo que a¨²n no es posible responder esta pregunta. El Plan B es un asalto al orden pol¨ªtico de la transici¨®n y pone en riesgo la democracia electoral tal como la hemos construido hasta ahora. Pero eso no significa a¨²n el cierre completo de los espacios de lucha pol¨ªtica. Mucho ayudar¨¢ a los dem¨®cratas verdaderos entender que en esta coyuntura la democracia debe entenderse como la ampliaci¨®n del espacio de la ciudadan¨ªa, como la construcci¨®n de v¨ªas de acceso a todos los derechos para todos, y no solamente como la defensa de las libertades de la clase pol¨ªtica profesional. S¨ª debe defenderse la autonom¨ªa del INE, pero tambi¨¦n debe lucharse con la misma intensidad por la justicia y la paz. Una batalla sin la otra nos dejar¨¢ en el mismo lugar que hemos ocupado en los ¨²ltimos veinte a?os: la democracia electoral sin ciudadan¨ªa.

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