M¨¢s de 500.000 hect¨¢reas de tierras comunales han sido privatizadas en la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n

Detr¨¢s del auge hotelero y el boom urban¨ªstico de las paradis¨ªacas playas de la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n se esconde la depredaci¨®n de tierras ejidales o comunales. En solo tres d¨¦cadas m¨¢s de 500.000 hect¨¢reas de terrenos de estos tipos pasaron a manos privadas, incluyendo enormes zonas ricas en flora y fauna y terrenos nacionales donde se asientan poblaciones mayas, seg¨²n un estudio realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silv...

Detr¨¢s del auge hotelero y el boom urban¨ªstico de las paradis¨ªacas playas de la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n se esconde la depredaci¨®n de tierras ejidales o comunales. En solo tres d¨¦cadas m¨¢s de 500.000 hect¨¢reas de terrenos de estos tipos pasaron a manos privadas, incluyendo enormes zonas ricas en flora y fauna y terrenos nacionales donde se asientan poblaciones mayas, seg¨²n un estudio realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Las llamadas ¡°mafias agrarias¡± est¨¢n detr¨¢s de algunas de estas operaciones. Estas se conforman por funcionarios y empresarios que buscan cooptar a habitantes locales o se aprovechan de vac¨ªos legales para hacerse con espacios de gran potencial tur¨ªstico y urban¨ªstico.

Este mar de ladrillo comenz¨® a extenderse a partir de las modificaciones a la Ley Agraria de 1992, revela el informe. La reforma permite la enajenaci¨®n de tierras en los ejidos, terrenos colectivos que en teor¨ªa no pueden dividirse, venderse o heredarse, pero que empresarios locales han logrado adquirir mediante artilugios legales. Desde entonces y hasta mayo de 2019 un total de 22.660 parcelas, con una superficie de 192.600 hect¨¢reas de tierra ejidal, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada en los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucat¨¢n, que conforman la pen¨ªnsula, con una extensi¨®n de 181.000 kil¨®metros cuadrados. Otras 355.304 hect¨¢reas de uso com¨²n fueron parceladas, ¡°apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial¡±, advierte el informe.

La investigaci¨®n ¡ªtitulada Tres d¨¦cadas de privatizaci¨®n y despojo de la propiedad social en la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n¡ª pone el foco en las llamadas ¡°mafias agrarias¡±, que cuentan con poder, influencia e impunidad en la zona para desarrollar proyectos urban¨ªsticos y tur¨ªsticos que afectan los recursos h¨ªdricos. ¡°Es una red compleja de personas e instituciones, muchos de ellos exfuncionarios del registro agrario que tienen informaci¨®n t¨¦cnica muy precisa sobre los cambios de r¨¦gimen de propiedad y los ejidos con potencial de desarrollo econ¨®mico¡±, explica la investigadora Gabriela Torres-Mazuera, autora del documento, en una llamada telef¨®nica. ¡°Los cambios de r¨¦gimen de propiedad social a privada, como los ejidos, solo es posible cuando hay esta articulaci¨®n entre personas e instituciones¡±, agrega.

Para convertir estas tierras colectivas a propiedad privada, la investigaci¨®n revela el uso de varias estrategias: cooptan a los integrantes de los ¨®rganos de representaci¨®n del ejido para lograr la anuencia para parcelar incluso cuando las tierras cuentan con bosque y, seg¨²n la ley, no se pueden fraccionar; promueven la creaci¨®n de asentamientos humanos nuevos a fin de evadir la restricci¨®n de cambio de uso de suelo. Empresas de generaci¨®n de energ¨ªa e¨®lica y fotovoltaica tambi¨¦n han hecho firmar a los habitantes de los ejidos, sin asesor¨ªa legal, contratos de usufructo por hasta 60 a?os. ¡°Son contratos que no cuentan con las formalidades especiales establecidas por ley. En estos contratos, las empresas e¨®licas y solares recurren a intermediarios, que son quienes redactan los textos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental¡±, alerta el informe.

La falta de voluntad pol¨ªtica, recursos y capacidad son vac¨ªos que aprovechan las empresas que ponen sus ojos en estos terrenos. ¡°Nos ha hecho falta un pronunciamiento m¨¢s claro de la Secretar¨ªa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Est¨¢n al tanto de todos estos problemas, pero no ha habido un enfoque claro de que esto no debe suceder. Obviamente es importante atacar el tema de la corrupci¨®n, pero ellos se justifican diciendo que con la austeridad republicana [promovida por el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador] es dif¨ªcil cambiar a los funcionarios y ampliar la capacidad institucional. Muchos funcionarios tienen buena voluntad, pero no tienen recursos econ¨®micos¡±, explica Torres-Mazuera.

La visi¨®n que ten¨ªan los habitantes de los ejidos hace unos a?os era que las tierras eran abundantes, por lo que ¡°los ejidatarios aceptaron las ventas, en la medida en que estas les dieron acceso a cantidades de dinero que recibieron de forma individualizada¡±, se explica en el informe. Sin embargo, la enorme expansi¨®n del ladrillo y los abusos del empresariado comenzaron ¡°a generar molestia entre grupos de ejidatarios, incluso entre aquellos que en a?os anteriores estuvieron de acuerdo con las ventas de ciertas ¨¢reas¡±. A partir de 2016 surgieron resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras afirma la investigaci¨®n.

Torres-Mazuera explica que, para hacer frente a esta privatizaci¨®n de tierras ejidales y ricas en recursos naturales, las autoridades deben garantizar una ¡°protecci¨®n decidida¡± a las tierras comunales con cubierta forestal que se encuentran en los ejidos, detener los procesos de cambio de uso de suelo y fortalecer los sistemas legales de protecci¨®n ambiental. Adem¨¢s, dice, se debe crear ¡°nueva visi¨®n¡± que vea a las tierras ejidales no solo en t¨¦rminos de propiedad sino como un territorio que no solo incluye a los ejidatarios, sino a todos los habitantes de estas tierras, incluidas mujeres y j¨®venes, que hasta ahora no tienen ning¨²n rol activo en las decisiones. ¡°Se requieren programas de empoderamiento de mujeres rurales y j¨®venes, pero no hemos visto eso en el nuevo Gobierno¡±, zanja la investigadora.