Una renta constitucional y ¨²til

La renta b¨¢sica universal es una renta igual para toda la ciudadan¨ªa. Desde el hombre m¨¢s rico del pa¨ªs hasta las personas m¨¢s empobrecidas reciben el mismo ingreso. Requiere paralelamente de un sistema fiscal potente. No est¨¢ vinculada a procesos de inclusi¨®n dise?ados por los servicios sociales. Es una medida sobre todo econ¨®mica, no social. Por su naturaleza, aprobar esta medida ser¨ªa competencia del Gobierno de Espa?a.

Por contra, las rentas m¨ªnimas, de inserci¨®n o de inclusi¨®n son prestaciones para que personas y familias empobrecidas puedan iniciar un proceso de inclusi¨®n social. ...

La renta b¨¢sica universal es una renta igual para toda la ciudadan¨ªa. Desde el hombre m¨¢s rico del pa¨ªs hasta las personas m¨¢s empobrecidas reciben el mismo ingreso. Requiere paralelamente de un sistema fiscal potente. No est¨¢ vinculada a procesos de inclusi¨®n dise?ados por los servicios sociales. Es una medida sobre todo econ¨®mica, no social. Por su naturaleza, aprobar esta medida ser¨ªa competencia del Gobierno de Espa?a.

Por contra, las rentas m¨ªnimas, de inserci¨®n o de inclusi¨®n son prestaciones para que personas y familias empobrecidas puedan iniciar un proceso de inclusi¨®n social. Necesitan la acci¨®n profesional de los servicios sociales para detectar, diagnosticar e intervenir en un itinerario de acompa?amiento cuya finalidad es construir un proyecto de vida independiente, que habitualmente pasa por la inserci¨®n laboral. La medida es sobre todo social. Como parte del sistema p¨²blico de Servicios Sociales estas rentas son una competencia exclusiva de las comunidades y ciudades aut¨®nomas y as¨ª se puede comprobar textualmente en la web del Ministerio de Pol¨ªticas Sociales.

Por tanto, renta b¨¢sica universal y rentas m¨ªnimas de inserci¨®n son dos modelos diferentes que no conviene confundir.

Si analizamos los diferentes anuncios que hemos podido conocer de la propuesta de renta m¨ªnima del Gobierno de Espa?a, parece claro que no se va a implantar una renta b¨¢sica universal. En consecuencia cualquier propuesta debe pasar por las comunidades aut¨®nomas so pena de socavar el orden constitucional de competencias. Hay quien dice que en un tema tan importante como este se deber¨ªa dejar al margen el tema de las competencias. Este argumento es inaceptable porque equivaldr¨ªa a decir que dejemos al margen la Constituci¨®n.

Tiene todo el sentido que la Constituci¨®n reserve para las comunidades tres de los cuatro pilares del bienestar: sanidad, educaci¨®n y servicios sociales: son sistemas que se garantizan y desarrollan de manera m¨¢s eficaz desde la proximidad, como hemos comprobado en esta crisis sanitaria.

En particular, los servicios sociales son servicios eminentemente de proximidad, raz¨®n por la cual los municipios tienen tambi¨¦n gran protagonismo en su desarrollo. Es un trabajo de persona a persona, imprescindible para garantizar desde los poderes p¨²blicos que nadie se quede atr¨¢s.

Descartado el encaje constitucional de una prestaci¨®n directa, lo razonable ser¨ªa acordar entre la Administraci¨®n General del Estado y las comunidades aut¨®nomas cu¨¢l es el modelo a implantar. Nuestra propuesta ser¨ªa que la Administraci¨®n General del Estado transfiriera a las comunidades la cuant¨ªa m¨ªnima por persona o unidad de convivencia que fije el Gobierno para evitar disparidades excesivas entre territorios. Lo que excediera de esa cuant¨ªa m¨ªnima en cada sistema auton¨®mico ser¨ªa asumido por la comunidad aut¨®noma como nivel de protecci¨®n adicional. Adem¨¢s, as¨ª se promover¨ªa que los territorios mejoraran las prestaciones y reforzaran sus sistemas.

Si el Gobierno de Espa?a se decanta por una prestaci¨®n econ¨®mica directa, adem¨¢s de contravenir el orden constitucional de competencias, generar¨¢ una cronificaci¨®n del empobrecimiento al desvincular la prestaci¨®n de los procesos de inclusi¨®n social. Ser¨ªa como proveer medicamentos sin prescripci¨®n m¨¦dica. Todo el mundo entiende que no se puede dar f¨¢rmacos sin prescripci¨®n. Sin embargo, en el ¨¢mbito social todav¨ªa hay mucha gente (tambi¨¦n pol¨ªticos) que menosprecia la labor de diagn¨®stico e intervenci¨®n de los servicios sociales.

Adem¨¢s, se obligar¨ªa a las comunidades a adaptar sus legislaciones, con el tiempo que conlleva y la inseguridad jur¨ªdica en los periodos de transici¨®n.

Se abren tambi¨¦n muchos interrogantes. ?Qu¨¦ pasar¨ªa con las solicitudes de personas en espera de resoluci¨®n? ?Se les habr¨ªa de denegar la auton¨®mica hasta que soliciten la estatal? ?Podr¨ªan solicitar la renta estatal las personas beneficiarias de la auton¨®mica? ?Podr¨ªa una persona tener dos rentas mientras otra quiz¨¢ no tuviera ninguna? ?Convivir¨ªan personas beneficiarias de rentas auton¨®micas m¨¢s altas al lado de beneficiarias de una renta estatal m¨¢s reducida? ?Personas de primera y de segunda? ?Habr¨ªa que revisar las rentas concedidas?

Muchas preguntas para las que el Gobierno deber¨ªa tener respuesta antes de apresurarse a aprobar una medida que en vez de resultar avanzada generar¨¢ m¨¢s problemas a familias que en este escenario de impacto econ¨®mico y social no tienen tiempo para errores. Ser¨ªa una l¨¢stima, adem¨¢s de una irresponsabilidad, prescindir de un sistema coordinado y eficaz por una est¨¦ril competici¨®n de ef¨ªmeros titulares partidistas. Pero, sobre todo, ser¨ªa un castigo cruel para los hombres, mujeres, ni?as y ni?os que est¨¢n sufriendo. Ser¨ªa imperdonable.

M¨®nica Oltra es vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Comprom¨ªs.